En esta situación nacional, en síntesis, lo que se ha cuestionado es la raíz de la desigualdad en Chile, que se traduce en el sometimiento a las mayorías a una Constitución neoliberal.
Mauricio Gutiérrez
Trabajador Social
03/11/2019. En estos días convulsionados en nuestro país, se ha manifestado un estallido social más relevante dentro de estas las últimas 3 décadas, una rebelión de las mayorías de la población, que ha mostrado un descontento sobre las desigualdades que tiene la sociedad, expresadas durante estas últimas semanas de protestas y marchas multitudinarias en todo el país, siendo un foco a nivel internacional.
Esta rebelión popular ha rechazado los altos costos de la vida diaria, un cuestionamiento a los aumentos permanentes de pasajes en el transporte, alza de precios en remedios, ampliaciones de los cobros de suministros eléctricos, no solo ha sido las causas de esta explosión social, sino fueron “la punta del iceberg”, para las familias trabajadoras de años con atropellos, abusos y desigualdad social.
La crisis política actual evidencia que el pueblo trabajador está en una situación de riesgo permanente, sometido a privatizaciones en desmedro de los derechos de las mayorías, sobreviendo con bajos salarios, pensiones de pobreza, condiciones laborales precarias, con un sistema de salud de listas de esperas para atenciones de especialistas e intervenciones quirúrgicas, con falta de insumos médicos, con un sistema educacional que no logra una gratuidad universal, no sexista, con problemas en la deserción escolar y endeudamiento educativo, con un modelo eco destructivo del medioambiente, que ha saqueado los recursos naturales, como las tierras al pueblo mapuche, y una larga lista de inequidades para el conjunto de los habitantes del país.
En esta situación nacional, en síntesis, lo que se ha cuestionado es la raíz de la desigualdad en Chile, que se traduce en el sometimiento a las mayorías a una constitución neoliberal implementada por Pinochet, donde sus intentos políticos por reformar la constitución del 80, han sido un rotundo fracaso para satisfacer las demandas democráticas que reclaman las actuales protestas.
Por lo cual, la actual constitución y su herencia de la dictadura, jamás podrá garantizar derechos a la población que las movilizaciones reivindican, ya que, en la constitución, mantiene los privilegios y las garantías para un sector minoritario de la sociedad chilena, basados en las familias empresariales como Iris Fontbona propietarias del grupo Lucksic, Julio Ponce Lerou, Horsy Paulmann, Álvaro Saieh Bendeck, Sebastián Piñera, Roberto Angelini Rossi, Jean Salata, Patricia Angelini Rossi, Luis Enrique Yarur Rey e Bernardo Matte, para quienes se han beneficiado de una constitución neoliberal, que ha sido un blindaje para aumentar las ganancias de los capitalistas.
Para que las mayorías logren una constitución democrática que asegure garantías para las familias asalariadas, capas medias y sectores populares, donde toda la nación pueda discutir sin límites, es importante que exista un cambio drástico en el Congreso Nacional de Chile, basado en aumentar la democracia en un nivel superior, una asamblea constituyente para una nueva constitución, modificando el sistema parlamentario hacia un modo unicameral (con sueldos de funcionarios públicos), una cámara única que concentre el poder legislativo y el ejecutivo, eliminando el senado, el tribunal constitucional y destituyendo la figura del presidente de la república, (reclamo de cada rincón y tan anhelada por esta rebelión popular #RenunciaPiñera).
Es relevante terminar con el rol presidencial que ha sido utilizado para ejercer el autoritarismo, y se elimine al presidente toda potestad para sacar el Ejército de Chile a las calles, en estado de emergencia y con toques de queda, ya que estas prácticas, solo contribuyeron a más represión y criminalización de las movilizaciones, haciendo máxima responsabilidad al presidente de todos los casos de vulneraciones a los derechos humanos denunciados y visibilizados por el INDH.
La asamblea constituyente es indispensable para una constitución democrática, la cual debe ser mediante diputados electos por sufragio universal, donde puedan sufragar todos los mayores de 18 años, viendo posibilidades de incorporar a los mayores de 14 años de edad, sin discriminación de sexo y nacionalidad.
Los diputados que sean elegidos por distrito (según proporción del total de la población) para que ejerzan una soberanía popular, representen las demandas y reivindicaciones democráticas que reclaman la mayoría de la población, y donde cada cabildo territorial, asamblea, comité en los lugares de estudio y trabajo, se transforme en autoorganización, factor fundamental para avanzar en mayor democracia, levantando diputados que sean quienes tengan el protagonismo de situar las demandas democráticas de la población en una constitución en beneficio de toda la clase trabajadora, capas medias y sectores populares.
Es importante considerar que una nueva constitución mediante asamblea constituyente debe ser fruto de un proceso democrático avanzado y superior, en oposición a como se determinó en la constitución del 80 de manera antidemocratica y antiobrera por los militares al servicio del empresariado.
Las necesidades sociales exigidas por las mayorías del país , que se plasmaran en una nueva constitución democrática están asociada a tener un salario mínimo de $500.000, sobre la línea de la pobreza, según el valor de la canasta básica familiar de alimentos, pensiones mínimas de $500.000, en base un sistema público de seguridad social, con financiamiento tripartito y solidario, seguridad laboral sin flexibilidad, ni tercerización, ni trabajo precario, igual trabajo e igual salario para mujeres trabajadoras, reducción de la jornada laboral, negociación colectiva por rama productiva o área, derecho al habitad con acceso efectivo y mejoramiento de viviendas, no más allegados y hacinamiento habitacional, educación gratuita no sexista y universal, por un sistema único de salud gratuito, oportuno y de calidad, no más zonas de sacrificio, expropiación de tierras a latifundistas y empresarios forestales para el pueblo mapuche, nacionalización de los recursos naturales y estratégicos como el litio, cobre, los bosques, los puertos, y las salmoneras para financiar derechos sociales, con la desprivatización y estatización de los servicios de luz, agua, gas y el sistema de transporte, impuestos gradual y ascendente a las ganancias de los capitalistas, y por último verdad, juicio y castigo a todos los responsables de las vulneraciones a los derechos humanos de la población que fue víctima de violencia por parte de Carabineros, FFEE, y el Ejército de Chile
