Vocera de La Moneda dijo que no hay “responsabilidad política” por violaciones a DDHH. ¿Ocurrirá lo mismo por caso de PacoLeaks? Inquietud en dirigentes sociales.
Gonzalo Magueda Periodista. 03/11/2019. Un hackeo a Carabineros permitió saber que esa institución hace labores de espionaje y seguimientos a dirigentes sindicales y sociales, y llegó hasta el interior de la Universidad de Chile en una “vigilancia” de infiltración en una actividad de esa institución.
Cuando a la vocera de La Moneda, Karla Rubilar, en entrevista con el diario La Tercera, se le preguntó si el Presidente Sebastián Piñera tenía “responsabilidad política” ante denuncias de violaciones a los derechos humanos, contestó tajante: “Ninguna”.
La pregunta que se instaló este fin de semana en círculos de la oposición política y social es si ahora tampoco habrá “responsabilidad política” del mandatario, del ministro del Interior, (Gonzalo Blumel) y del gobierno respecto al actuar conspirativo de Carabineros (claramente en contra de personalidades que no son de simpatía de este gobierno).
En su momento, cuando al general director de Carabineros, Mario Rozas, se le consultó en Radio Cooperativa si esa entidad había cometido errores durante las jornadas masivas de movilización social en todo el país, simplemente contestó: “Ninguno”.
Ahora con el kackeo y la información conocida por la opinión pública la interrogante que afloró es si el jefe de la policía uniformada volverá a afirmar que aquí no hay ningún error y que estuvo muy bien que se espiara a dirigentes sociales y sindicales y a académicas y abogadas.
También hay incertidumbre en cuanto a que las autoridades de La Moneda y de Carabineros, como lo han hecho hasta ahora, guarden silencio, no responsan sobre este tema, sean ambiguos y ni prioricen por el problema como lo han hecho sobre las violaciones a los derechos humanos.
“Una persecución ideológica de Carabineros”
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Emilia Schneider (una de las monitoreadas por Carabieros), entrevistada por Radio Universidad de Chile, indicó que este caso es “gravísimo” y “una clara violación a los derechos fundamentales garantizados en nuestro ordenamiento democrático”. Enfatizó que “lo más grave es que no hay un motivo efectivo para que Carabineros haga este nivel de seguimiento a organizaciones, dirigentes e integrantes de la Universidad de Chile”. Y sostuvo que “hay una cuestión que tiene que ver con una persecución ideológica de Carabineros y que vulnera una serie de derechos como la libertad de creencia y de asociación”.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores (también espiado por Carabineros) declaró que “no debemos normalizar esta situación, que es un intento de amedrentar a los dirigentes. Están estableciendo un sistema de vigilancia y de persecución”. Hablando para Interferencia.cl, uno de los medios que reveló documentos conocidos por el kackeo, afirmó que “es muy grave que Carabineros gaste recursos y que destine personal dedicado a perseguir y a vigilar” a personeros sindicales y sociales.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo que esta labor de seguimiento y espionaje de los carabineros “es una forma de persecución y de atentar contra la libertar de las personas. Me parece repudiable”. Añadió que “esta es una persecución propia de la dictadura. Yo sé lo que es la persecución. Este hackeo revela una realidad, donde la democracia es una farsa”.
Entrevistado en Radio Nuevo Mundo, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Norberto Díaz, declaró que “es un escándalo, es algo impresentable” lo conocido del espionaje y seguimiento de parte de entidades de la policía uniformada en contra de personalidades del mundo social, entre ellas, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Díaz apuntó que “en cualquier parte del mundo, en democracias desarrolladas, esto lo habría costado el puesto al Ministro del Interior o a los jefes policiales que corresponda”.
El listado de espiados
A fines de octubre se produjo el hackeo a la página Web de Carabineros y se tuvo acceso a sus archivos en formato digital. Información al respecto se conoció en medios como Interferencia.cl, CIPER (Centro de Investigación e Información Periodística) y El Desconcierto. Fue descrito como un “sabotaje informático” que incluyó, al menos, 312 memos expuestos y 10.515 archivos adjuntos. Se conocieron planillas Excel, y documentos de texto en formato PDF y Word. Varios de los antecedentes recogidos tenían que ver con la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar). Los hackers que actuaron fueron identificados como “MenteMalicia” y “RebelSide”.
Una de las informaciones que se conoció -consideradas graves en el mundo social-, es que en Carabineros hay “blancos de interés” con fines de “inteligencia policial”. En rigor, es cuando la institución realiza labores de “policía secreta” o “policía política”, que trae dramáticos y deplorables recuerdos en Chile y otros países.
Entre ellos se cuentan a: Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No+AFP; la presidenta interina de la FECH, Emilia Schneider; y el presidente de CONFUSAM (Confederación Nacional de la Salud Municipal), Esteban Maturana; Rodrigo Mundaca, líder de MODATIMA (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente); Margarita Urra, dirigente de la Asociación de Comités de Allegados “Los Sin Tierra” y concejala del Partido Comunista en El Bosque; Byron Andrade Chavarría catalogado como anarquista y “fotógrafo contra información”; Mario Villanueva Olmedo, dirigente de la Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud; Carolina Espinoza Tapia, vocera de No+AFP; Faride Zerán, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile; Julia Urquieta, abogada.
Sobre esas personas hay fichas policiales (similares a las usadas por la CNI y la DNI y por aparatos represivos y de Inteligencia en otros países), datos de seguimientos y de infiltraciones en actividades como la realizada en la Universidad de Chile por el Día del Detenido Desaparecido.
Por cierto, en la lista de seguimiento y espionaje de Carabineros no hay ningún personero de la derecha, ni nadie que simpatice con el actual gobierno, algo que podría explicar el general director, la vocera de La Moneda o el Ministro del Interior.
Chequeo de movilizaciones y actividades
De acuerdo a lo conocido, la labor de espionaje o Inteligencia de la policía uniformada consideró actividades de comunidades, organizaciones, colectivos ciudadanos y sociales. Se supone que aquello incluye a organismos como la CUT o MODATIMA. Se ordenaron operaciones de infiltración, seguimiento, recopilación de información en casos como las movilizaciones por defensa del medioambiente en Quintero y Puchuncaví, movilizaciones de trabajadores portuarios (Valparaíso, San Antonio y otras localidades), “vigilancia especial de sectores estratégicos de Tarapacá”, paralizaciones y actividades de CONFUSAM, acciones de protesta en torno del Metro, actividades de grupos por el aniversario de la muerte del ex secretario general del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) Miguel Enríquez, por el aniversario del asesinato de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Raúl Pelligrín y Cecilia Magni, las manifestaciones indígenas (La Araucanía, Santiago, el “Día de la Raza”), por “jornadas de propaganda anti COP25 y anti APEC y hasta un encuentro ciudadano organizado por la Universidad de Chile sobre la COP 25 en la Quinta Normal”.
Según reportó Interferencia.cl, “también hay actas de entrega de armamento para la guardia base de comisarías de regiones, donde se detalla el número de revólveres, subametralladoras, pistolas, municiones, esposas, chalecos antibalas, cascos, visores, bastones de servicio, máscaras antigases y detectores de metales”.
Se conoció asimismo reportes de movilidad entre Prefecturas y Comisarías, desplazamiento para protección de casas de autoridades y sus familias, disposición de “material desuasivo” y armamento.
