Centros de estudios propusieron algunas bases que debiera contener una futura Carta Magna. Suelo mínimo de 500 mil pesos y pensión básica solidaria de 165 mil.
Santiago. 01/11/2019. Este martes en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la Comisión de Políticas Públicas (CPP), cuya instancia presta asesoría a la multisindical y que es coordinada por la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), en donde hay expertos de centros de estudios e investigación de pensamiento progresista: Fundación Por la Democracia, Fundación Chile 21, Instituto Igualdad, Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz, Fundación Nodo XXI, Fundación Creando Salud y Fundación Progresa. Entregó su propuesta respecto a la situación social y política que atraviesa Chile.
La instancia rechazó el pliego de propuestas de la Agenda Social del gobierno, ya que la tildó de insuficiente y en su reemplazo propuso seguir el camino hacia un nuevo pacto social. El economista y coordinador de la CPP, Fernando Carmona, explicó que “la Agenda Social presentada es insuficiente. No genera las condiciones para poder salir de una crisis tanto social como económica que es profunda, pero además tenemos la convicción de que en estos días estamos viviendo lo que podríamos llamar: Un momento Constituyente, es decir donde la ciudadanía ha salido a las calles con una clara motivación por cambiar la Constitución que hoy día nos rige”.
En ese marco, la propuesta de cambio constitucional que presentó la Comisión contiene los elementos estructurales y coyunturales que le dan forma y fondo con ejes fundamentales: Política de Ingresos, Política de Libertad Sindical, Política de Provisión de Bienes Públicos, Política de Servicios de Utilidad Pública y Política Tributaria.
Como primer punto los expertos expusieron en el documento que es esencial contar con un nuevo modelo de desarrollo para el país que debe transformar la forma en que el valor se produce y distribuye, y para hacerlo, es necesario cambiar el sistema institucional sobre el que ocurre la dinámica de creación de valor.
Para ello es también señalaron como fundamental democratizar el Estado, favoreciendo una real incidencia de la ciudadanía en sus decisiones. Es el Estado el que tiene el deber insustituible de regular para impedir la corrupción y el abuso de poder en cualquiera de sus formas. Es necesario que el Estado desarrolle capacidades para asumir los servicios públicos en caso que las empresas privadas no estén a la altura. La empresa pública es un instrumento para impulsar el desarrollo en una serie de ámbitos.
Asimismo, la iniciativa busca impulsar políticas universales de bienestar social con sistemas mixtos, donde el rol del sector público no es sólo subsidiar y regular, sino proveer servicios sociales de alta calidad o asegurarse de que quienes los provean, lo hagan con estándares elevados. Debe, por último, ser garante de la promoción y expansión de las identidades socioculturales, realzando el valor de la diversidad y generando políticas culturales que mantengan a raya cualquier tendencia a la xenofobia, el racismo o la discriminación.
Respecto a las materias más sensibles para la ciudadanía como el sistema previsional y de salud. Los especialistas de la CPP indicaron que hay que terminar con el sistema de seguros privados, encarnado en las AFP y avanzar hacia un verdadero sistema que sea tripartito, multipilar, público, solidario y de reparto. Donde el cálculo de las pensiones asegure pensiones dignas, tanto a los que cotizaron como a los que no, con una Pensión Básica Universal de 165 mil pesos y una Pensión Mínima contributiva igual al salario mínimo vigente.
En el tema salud instaron a Fortalecer y Universalizar la Atención Primaria de Salud como bien público, para que efectivamente sea la base de salud en el territorio. La evidencia en todo el mundo muestra que un Seguro Universal Único es la mejor forma de promover salud, generar equidad, y dar certezas a la población.
En el ítem laboral los profesionales de la CPP sostuvieron como necesario un nuevo marco que defina las relaciones laborales en Chile, el cual considere el respeto absoluto de las contrapartes a realizar un verdadero diálogo social, mediante el reconocimiento pleno de la Libertad Sindical, la negociación colectiva a todo nivel y el ejercicio efectivo del derecho a huelga con diversos propósitos, tal como lo reconocen diversos tratados internacionales ratificados por Chile y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
En esa línea, además, señalaron que una nueva Carta Magna debe garantizar ampliamente la libertad sindical, es decir reconocer el derecho a negociación ramal, garantizar el derecho a huelga de manera amplia y sin reemplazo de ningún tipo, además, fortalecer los procesos de sindicalización.
Sobre salarios mínimos apostaron a un ingreso líquido de 500 mil pesos que de acuerdo a las encuestas permanentes que se realizan en Chile son provistas por un ocupado por hogar, razón suficiente para plantear que las rentas del trabajo activo y pasivo deben fijarse en los siguientes niveles:
1) Salario Mínimo bruto mensual de $620.000 con incrementos anuales de $90.000 al primero de enero de 2020, 2021 y 2022.
2) Pensión básica Universal que supere el per cápita del umbral de la línea de pobreza para quedar en $165.000 mensuales, libres de impuestos y de cotizaciones sociales.
3) Estructuralmente el modelo de pensiones debe definir una tasa de reemplazo objetivo, que en su nivel mínimo debe estar vinculada al salario mínimo de la economía.
En el área de la educación, subrayaron que es urgente hoy avanzar hacia la condonación total de las deudas educacionales, uno de los más emblemáticos símbolos del abuso de una educación mercantilizada hasta el extremo y carga de deuda insostenible para los hogares de Chile. Es necesario implementar reformas legales que, en lo inmediato, pongan fin a los abusos que tienen a los estudiantes y sus familias en condiciones crediticias más gravosas que a los deudores de créditos de consumo, reconociendo de tal modo la necesidad de reparar el daño que ha producido el Estado con el CAE.
En relación al transporte propusieron que el costo del servicio no debiese representar más allá del 7 a 8% del ingreso líquido del trabajador, es decir que un sistema de tarifa integrada no podría superar los 650 pesos de hoy, considerando el nuevo umbral del ingreso mínimo.
