Firmas para acusación constitucional, fracasos de diálogos e insuficiencia de medidas, violaciones a los derechos humanos y obligado a destruir su agenda.
Patricia Ryan. Periodista. 27/10/2019. Sebastián Piñera está operando para instalar la percepción de que el país entró en una fase de normalización, de paz, de soluciones, en la idea de frenar la continuidad de movilizaciones y pretender que está gobernando sin dificultades.
Los hechos marcan otra cosa. Lo primero es que al mandatario se le destruyó su agenda. “Chile en marcha” fue quitado en estos días como eslogan oficial y lejos de poder insistir en sus proyectos y planes establecidos, ahora tendrá que rearmar un plan para dedicarse a responder a la presión ciudadana, a las demandas ciudadanas (aunque sea de manera acotada), reforzar su equipo ministerial, encarar la protesta popular, atender una grave situación de derechos humanos, administrar la crisis e intentar mostrar un gobierno que tiene algo de positivo.
En medio de todo, y más allá que parlamentarios opositores se coordinen para que se materialice en el trámite y votación en Sala, se informó que ya están las 10 firmas para echar a andar la acusación constitucional en contra de Piñera, con contenidos ajustados a la Constitución y al orden jurídico. Karol Cariola, diputada del Partido Comunista (PC), tuiteó que “El PC tiene sus nueve firmas disponibles para la #AcusacionConstitucional a @sebastianpinera, estamos redactando nuestros argumentos y fundamentos. Para nosotros es un imperativo ético, no dejaremos pasar las violaciones a los DDHH, tal como lo grita la gente en las calles”.
Pamela Jiles y Tomás Hirsch, diputados del Partido Himanista (PH) también firmarían, junto a otras o otros legisladores del Frente Amplio y quizás del Partido Socialista. De tal manera que este lunes podrían existir 15 firmas para el trámite respectivo.
Esto generaría un cuadro de impacto político hacia el mandatario, lo obligaría a responder y colocar a la derecha a tener que justificar la defensa de un Presidente cuestionado con argumentos jurídicos e institucionales.
En ese cuadro, el tema de derechos humanos golpea inevitablemente a SP. Hay casi una veintena de muertos y no todos los casos están esclarecidos, hay cientos de heridos, multiplicidad de demandas, acusaciones con testimonios y grabaciones de abusos y agresiones de parte de carabineros y militares, de lo cual hay una responsabilidad política del jefe de La Moneda, sobre todo porque esta situación, que no se veía con tanta fuerza desde la dictadura, se dio en un cuadro de estado de excepción, toque de queda y salida del Ejército a las calles ordenado por Sebastián Piñera.
Otra arista que ya se le complicó, es que esta semana hizo reuniones solo con algunos presidentes de partidos políticos (no llegó ni la mitad de la oposición) e inventó unos “diálogos sociales” con personas de ámbitos comunales o de grupos contactados por ministerios, todo lo cual quedó en nada y fue una foto de formato elitista, parcial y formal que salió en medios de prensa tradicionales, nublada totalmente por la gigantesca marcha del 25 de octubre y la persistente movilización popular de una semana en el 80% del territorio del país. Ya nadie se acuerda de esas conversaciones.
Piñera está recibiendo una andana de exigencias de que debe sentarse a conversar con representantes de las organizaciones sindicales, sociales y de la sociedad civil realmente representativas y vinculadas a trabajadores, pensionados, estudiantes, profesionales, etc.
Algo parecido, en el sentido de que se esfumaron y nadie realmente pudo convencer de su efectividad sintonizando con la demanda ciudadana vista estos días, fueron las “medidas sociales” anunciadas por SP, como porcentaje de aumento al sueldo base, pensiones solidarias y otros. Sobre todo porque la gente comenzó a sacar cuentas y se percató que son unos 15 mil o 20 mil pesos más que sirve, pero harto poco.
Es probable que se produzca la percepción y la constatación de que las medidas de Piñera son paliativos, “migajas” como dijeron dirigentes sociales, y que se vea que el mandatario no está dispuesto a dar pasos para cambios y soluciones de fondo y de alcance contundente para las necesidades y exigencias de la población.
La convocatoria a Paro Nacional para el 30 de octubre, la continuidad de cabildos en muchísimas comunas, las protestas que se vienen de estudiantes y pobladores, las expresiones espontáneas de movilización que es previsible vaticinar, conforman también un cuadro negativo para Sebastián Piñera y su idea de “normalización” del país.
