Se encuentra asentada en la normativa constitucional y en nuestra cultura institucional y ciudadana.

Juan Pablo Ciudad Pérez

Abogado Constitucionalista.

24/10/2019. La acusación constitucional se desprende de los principios constitucionales de legalidad, previa investidura regular y tipicidad de las actuaciones que realiza la Administración del Estado, que se encuentran contenidos en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental vigente.

Así mismo, se encuentra asentada en la normativa constitucional y en nuestra cultura institucional y ciudadana la idea de que todo órgano público que actúe fuera del ámbito legalmente autorizado, es decir, que no respete el mandato legal que lo faculta, lo contravenga o que realice un abuso de poder respecto del mismo, debe ser responsable. Esto resulta claro a la luz del artículo 6° de nuestra Constitución, el cual establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y más adelante preceptúa que la infracción de esta norma generará responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Los juristas constitucionalistas han convenido en que toda democracia representativa debe sostenerse en el principio fundamental de que la persona que ejerce una función pública es responsable del mal uso que haga de las facultades y atribuciones que la ley pone en sus manos.

Esta idea se ha construido en la historia moderna al menos desde la Revolución Francesa. Así las cosas, los movimientos constitucionalistas bregaron contra el absolutismo del soberano, imponiendo como condición de la nueva política el hecho de que toda persona que ejerza funciones de gobierno deba responsabilizarse por los actos u omisiones que comete. Sin embargo, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que este principio cobra fuerza sustantiva respecto de las eventuales afectaciones a los derechos humanos que puedan haberse cometido por los actos impetrados por los gobernantes. Esta es la principal garantía del Estado constitucional y democrático de derecho: ninguna persona, ni siquiera el Presidente de la República, puede arrogarse atribuciones que impliquen un desapego de sus facultades constitucionales y legales, ni mucho menos puede incurrir en actos que amedrenten los derechos fundamentales de las personas.

El Congreso Nacional  puede ejercer dos tipos de controles sobre los actos de la Administración del Estado, el primero es la fiscalización que ejerce la Cámara de Diputados, y el segundo es precisamente el juicio político, que nuestra Constitución denomina “acusación constitucional”, que formula la Cámara y resuelve el Senado.

Así las cosas, la actual Constitución Política de la República de Chile contempla, en su Artículo 52 Numeral 2, la atribución exclusiva de este órgano de formular acusaciones constitucionales a distintas personas y autoridades, cuando concurran como firmantes de dicha acusación mínimo diez y no más de veinte de sus miembros. Entre las autoridades a las que se puede acusar constitucionalmente se encuentra el Presidente de la República.

En efecto, la letra “a)” de este artículo dispone la posibilidad de acusar constitucionalmente al Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución y las leyes.

Por otra parte, le corresponde al Senado conocer las acusaciones que la Cámara entable, con arreglo a las normas respectivas. Es decir, el Senado tiene la atribución de resolver como jurado, limitándose a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa (Artículo 53, Numeral 1°).

En el caso del Presidente de la República, la acusación constitucional puede presentarse por escrito, mientras el acusado se encuentra en funciones, o en un período de seis meses siguientes a la expiración de su cargo. Además, para que el Senado pueda declararlo culpable de alguna de las categorías señaladas más arriba, deberán concurrir a votar favorablemente los dos tercios de los senadores y senadoras en ejercicio, vale decir, 34 senadores, de un total de 50. Mientras que para que los Ministros sean declarados culpables en un juicio de acusación constitucional se requiere que concurran a votar favorablemente la mayoría de los senadores y senadoras en ejercicio.

A mi juicio, en el caso particular, motivado por las muy lamentables cifras de muerte, tortura, violaciones, lesiones graves y demás vejaciones que se han verificado como consecuencia de la declaración del estado de excepción constitucional de emergencia, es perfectamente admisible acusar constitucionalmente a los responsables de estos hechos constitutivos de graves violaciones a derechos constitucionales y derechos consagrados en tratados internacionales en materia de derechos humanos, y de abusos de poder respecto a las atribuciones que la Constitución y las leyes les facultan.

Tanto la bancada del Partido Comunista de Chile en la Cámara de Diputados, en voz de su Presidente Guillermo Teillier, como la honorable diputada Pamela Jiles, han sostenido esta posibilidad.

Pienso que no solo es perfectamente razonable acusar constitucionalmente a los responsablesino que debe erigirse como un deber de respeto, resguardo y promoción de los derechos humanos. No podemos permitir que, por vía de decreto supremo, el poder ejecutivo amplíe cada vez más en nuestro país un escenario autocrático y cuasi dictatorial que en los hechos está significando día tras día el amedrentamiento físico de muchos y muchas manifestantes, el amedrentamiento moral y psicológico de la diseminación de la doctrina del shock, que infunde riesgo, miedo e inseguridad en cada uno de las y los ciudadanos y habitantes de nuestro país.

Ahora bien, ¿quién o quiénes son responsables de estos hechos? Considero que debe responsabilizarse constitucionalmente a Sebastián Piñera, pero además debe hacerse responsable también a los Ministros de Estado que concurrieron a la declaración del estado de excepción que nos afecta.

El Presidente de la República, de acuerdo a la norma constitucional que le otorga sus atribuciones especiales, posee la atribución de declarar los estados de excepción constitucional en los casos y forma que se señalan en la Constitución.

Adicionalmente, el Artículo 8° de la Ley 18.415, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, dispone que: Los estados de excepción constitucional se declararán mediante decreto supremo firmado por el Presidente de la República y los Ministros del Interior y de Defensa Nacional.

Esta Ley fue confeccionada en Dictadura, y su última modificación se realizó tenuemente en 1990. Según esta Ley, la responsabilidad política y constitucional de haber declarado el estado de emergencia, que es el hecho constitutivo de la designación de los Jefes de Defensa Nacional de cada uno de los sectores donde se ha ido extensivamente designando, del toque de queda que se ha decretado por estos en las distintas regiones y ciudades y de las vulneraciones a los derechos fundamentales, debe asumirla Sebastián Piñera, en tanto Presidente, y los Ministros Andrés Chadwick y Alberto Espina, en tanto Ministros constitucionalmente concurrentes a la firma de este hecho constitutivo de deshonra nacional, ineficacia en el restablecimiento del orden público y la seguridad del país y evidente abuso de poder respecto de actuaciones que tanto militares como carabineros han realizado durante todos estos días y noches en que vivimos bajo estado de excepción.

A mayor abundamiento, es la propia Constitución Política la que responsabiliza a los Ministros, además de la Responsabilidad principal y objetiva que tiene Sebastián Piñera. En efecto, el Artículo 36 de la Constitución señala que: Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros. En este caso, tanto Chadwick como Espina constitucionalmente debieron concurrir a la firma de la declaración de cada uno de los estados de excepción que hoy tristemente capturan el escenario nacional y generan la parálisis institucional actual.

Esto implica que tanto Piñera como ambos Ministros debieron firmar este decreto supremo, y debe precisarse en la eventual acusación constitucional que se formule. Toda la oposición al actual Gobierno debiera razonablemente sostener la responsabilidad jurídico-política que tiene Piñera en cada una de las muertes, torturas, vejaciones y demás lesiones que las chilenas y los chilenos hoy sufren, y la responsabilidad de sus Ministros de Interior y Defensa.

Ahora pasemos a por qué son responsables Piñera, Chadwick y Espina.

El Artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción inaugura este cuerpo normativo que complementa la Constitución en esta materia, prescribiendo que: El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo puede ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes los estados de excepción que ella establece.

Desde el viernes a la fecha, cada vez más cantidad de chilenas y chilenos han debido someterse involuntariamente a una nueva forma de habitar Chile, una en la que la arbitrariedad policial y militar parece ser la regla general, y el libre desenvolvimiento de sus derechos una excepción restringida a ciertas horas y limitada incluso en ellas. Este parece ser el ánimo y la estrategia del Gobierno. Pues, en nuestro caso, la práctica del estado de excepción de emergencia, que se amplía extensiva e intensivamente sobre las ciudades y los cuerpos de las y los chilenos, bien puede definirse como el progresivo desarrollo de hacer que la arbitrariedad sea la regla general bajo la cual los habitantes de Chile viven, conviven y se relacionan.

Lo cierto es que, desde el viernes a la fecha -y soy responsable en sostener esta afirmación- lo que hemos padecido no es siquiera un estado de emergencia regulado constitucionalmente, sino un estado de sitio de facto o hecho. No existe un respaldo normativo para las actuaciones que están realizando las fuerzas armadas y las policías contra nuestros compatriotas.

En primer lugar, la delegación de funciones del Presidente y sus Ministros a los Jefes de Defensa Nacional nombrados debe constar estrictamente  en cada uno de los decretos supremos que declaran los estados de excepción de emergencia y nombran a dichos Jefes de Defensa Nacional. Sin embargo, en ningún caso estos decretos han delegado a las fuerzas armadas facultades de conculcar abiertamente cualquier derecho fundamental; lo que ni si quiera se ajustaría a la norma constitucional, pues la declaración del estado de emergencia solo faculta al Presidente de la República a limitar las libertades de locomoción y de reunión (artículo 43 inciso final de la Constitución).

Dicho decreto supremo, en conformidad con el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción, debe contener precisamente la designación de estas facultades a los Jefes de la Defensa Nacional que el Presidente designe.

En segundo término, esta norma debe complementarse con el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, que le atribuye al Jefe de Defensa Nacional la atribución de:

3) Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno;

4) Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella.

Se desprende del numeral 3° la facultad de autorizar la celebración de actividades fruto de la libertad de reunión; y se desprende del numera 4° la posibilidad de controlar¸ es decir, no limitar ni restringir completamente, la libertad de tránsito de las personas. El control implica que solo puede supervigilar y fiscalizar el ejercicio de este derecho.

En consecuencia, en los estados de excepción de emergencia que nos afectan,  los únicos derechos que el Presidente de la República puede restringir, por sí o mediante delegación a los Jefes de Defensa Nacional, y jamás suprimir, son el derecho de reunión y el derecho de tránsito y locomoción. Insisto, estas son las únicas atribuciones que el Presidente le podría haber delegado a los Jefes de la Defensa Nacional nombrados en cada una de las regiones y ciudades que viven bajo excepción constitucional. Ni la Constitución ni en la ley que complementa constitucionalmente esta materia, faculta a Sebastián Piñera ni a las fuerzas armadas ni a Carabineros de Chile restringir, ni mucho menos privar totalmente, a las y los habitantes del país el derecho a la vida, a la libertad personal y la seguridad individual, a la integridad física y psíquica, a la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, a la honra, a la libertad de prensa, al derecho a la libertad de emitir opinión y de informar, ni a ningún otro derecho. Así también lo ha argumentado contundentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto se ve reforzado por la propia ley dictatorial de 1985, que en su artículo de cierre deroga todas las normas que autoricen para suspender, restringir o limitar los derechos constitucionales en situaciones de excepción.

Es decir, Piñera no puede valerse de viejos resabios normativos para ampliar las atribuciones autocráticas y privativas de las que hacía uso la dictadura de Pinochet. Por tanto, debe entenderse que solo puede limitar las libertades señaladas, y todas las demás restricciones y privaciones que como pueblo hemos vivido son inconstitucionales, y deben conducirse a responsabilizar a quienes decretaron estos aparentes estados de emergencia, que en la práctica hemos experimentado como estados de sitio facinerosos.

A vida cuenta de los hechos que poco a poco la prensa alternativa al cerco comunicacional oligopólico ha ido difundiendo y los informes que el INDH ha ido confeccionando, constatamos que Sebastián Piñera, que si bien constitucionalmente se encuentra facultado para decretar los estados de excepción de emergencia que ha decretado, con ocasión de la declaración de dichos estados de excepción ha comprometido gravemente el honor de nuestra república, como el concierto internacional así lo verifica, no estando a la altura de los desafíos internacionales y geopolíticos que él mismo comprometió (APEC-11 y COP-25) y que hoy tienen a Chile en el ojo de la prensa internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que la prensa exterior ha podido pesquisar. Adicionalmente, ha comprometido y afectado gravemente la seguridad de muchos compatriotas, e incluso extranjeros, que han fallecido -ojo, esto es muy grave- o visto alteradas sus normales condiciones de vida producto de la violenta presencia y amenaza militar y la propagación dolosa de la sensación de miedo e inseguridad en nuestra población. Finamente, como lo he argumentado sucintamente en los párrafos precedentes, Piñera y sus Ministros han infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al haber permitido las privaciones, restricciones y amenazas ilegales a muchos derechos constitucionales, más allá de las atribuciones que la Constitución y la mismísima Ley Orgánica de Estados de Excepción pinochetista le otorga.

Por tanto, es absolutamente razonable y necesario acusar constitucionalmente al Presidente de la República, aunque sea difícil torcer el cerrojo constitucional de los dos tercios. Alternativamente, se ha pensado la posibilidad de declarar inhábil a Piñera, en conformidad con el artículo 53 numeral 7°, que es una atribución exclusiva del Senado. Para esta declaración de inhabilidad, se requeriría la mayoría absoluta de las y los senadores en ejercicio; debiendo argumentarse la inhabilidad política del Presidente de la República, respecto a su desidia por hacer que este conflicto tenga una salida política y democrática, no realizando eficazmente su obligación de gobierno, que además, como hemos constatado, no ha observado en forma y fondo el mandato constitucional respecto de las atribuciones que efectivamente la Ley Fundamenta le faculta en relación a los estados de excepción de emergencia.

Más allá del camino que se decida, debe acusarse constitucionalmente en forma complementaria a los Ministros de Estado responsables de la decisión de haber declarado los estados de excepción de emergencia que se han decretado.

Esperemos que prontamente esto pueda ser una realidad que ajusticie las innecesarias muertes que la persecución, represión, falsa contradicción y asfixia social que el Gobierno, las fuerzas armadas, de orden y policías, y el cerco comunicacional oligopólico han gestionado contra el irreductible estallido social, que hoy enciende nuestras esperanzas de cambio y fisura al modelo neoliberal, justicia social y apertura democrática y constituyente.

 

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