Presionado, SP dispuso Estado de Emergencia. Descalificación a manifestantes y apuesta por la tesis de “la mano dura”.

Equipo ES. 18/10/2019. El gobierno -con el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Andrés Chadwick a la cabeza- quedó acorralado ante el evidente estallido social de magnitud en la capital y ante eso optó por una acción y una línea discursiva autoritaria y agresiva.

La medida extrema de decretar el Estado de Emergencia fue decidida en una reunión del equipo de Piñera junto a varios de sus ministros, incluido el de Defensa, Alberto Espina, convocado la noche de este viernes a La Moneda. Eso incluye las provincias de Santiago y Chacabuco, y comunas de Puente Alto y San Bernardo, y genera limitaciones en transporte y reuniones. El mandatario nombró a Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

En la línea discursiva autoritaria seguida en estos días, Piñera justificó: “Es muy simple y profundo, esto es para asegurar el orden público y mantener la tranquilidad de los habitantes de Santiago”.

Después de días de que él mismo y sus ministros no hicieron alusión alguna al origen de las protestas, ni abrieron espacio para revisar un elemento como el alza en el Metro, el mandatario indicó a medianoche del viernes que “nuestro Gobierno va a convocar a un diálogo transversal, para atenuar y aliviar la situación de nuestros compatriotas que se han visto perjudicados con esta alza”.

Analizando errores de apreciación y de previsión de lo que sería una masiva protesta ciudadana en Santiago, que podría teóricamente tener costos en cabeza de ministros o subsecretarios, Piñera apostó por el uso de la fuerza, la amenaza autoritaria, despliegue represivo de Carabineros  y aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

En las últimas horas del viernes, como ocurrió durante el día, en vez de abrir una puerta a empatizar con un reclamo ciudadano por el alza del precio del pasaje del Metro y un evidente descontento por otras alzas y una situación de continuo abuso hacia la población, y señalar caminos de respuesta y solución, Piñera y Chadwick salieran a invocar la Ley de Seguridad del Estado, ordenaron un amplio repliegue represivo protagonizado por Carabineros, trataron de “delincuentes” a los manifestantes, criminalizaron la protesta, y apuntaron a “preservar el orden”.

Las líneas discursivas recordaron los tiempos de la dictadura, sobre todo cuando el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al hablar de estudiantes y trabajadores que realizaron protestas con evasión en el Metro, dijo que se trataba de “verdaderas bandas, hordas (que) llegan a lugares y generan escenarios de violencia” y enfatizó que quienes se manifiestan “son delincuentes, es una delincuencia pura y clara”. La vocera de La Moneda, Cecilia Pérez estuvo en la misma línea: “Son delincuentes. Eso es lo que son cuando agreden a guardias indefensos, cuando destruyen el Metro y cuando golpean a pasajeros…”

Este viernes, Chadwick informó que el gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables “de causar daños en los bienes del Metro de Santiago y al mismo tiempo impedir que este pueda desarrollar normalmente su funcionamiento”, que sean detenidos, lo que conlleva “penas muy duras”. Las protestas de miles de personas en decenas de estaciones del Metro, en calles de la ciudad y otros puntos, fueron calificados por el titular de Interior como “hechos de violencia y vandalismo”. El ministro apoyó la labor represiva de Carabineros y se sabe que él, junto a Piñera, exhortaron al general director de esa institución, Mario Rozas, a desplegar con fuerza sus elementos en donde fuese necesario.

En el mismo tono, el presidente de Metro, Louis de Grange y la ministra de Transportes, Gloria Hutt, insistieron en hablar de “delincuentes” y condenar “la violencia”, y justificaron el accionar de carabineros en estaciones del tren subterráneo, plegándose a la línea autoritaria y represiva de La Moneda.

Ninguno de esos funcionarios hizo alusión alguna al descontento por el aumento del pasaje, ninguno hizo referencia a que hay un claro problema de descontento social, ninguno pudo explicar cómo es posible que salieran cientos de personas a protestar en las estaciones del Metro y miles a participar de cacerolazos y manifestaciones espontáneas en la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana. ¿Todos esos ciudadanos son delincuentes, violentistas y desadaptados?

Durante el viernes hubo incendios en varias estaciones del subterráneo, uno de proporciones en el edificio de la empresa ENEL (por cierto, responsable del aumento de la tarifa del precio de la luz), se habían quedamos algunos buses, y en algunas acciones de evasión se destruyeron portones y torniquetes. Pero se trató de casos bien definidos que se pueden señalar, pero lo claro es que durante la semana hubo manifestaciones sociales masivas y este viernes se vivió un estallido social extendido y masivo protagonizado por estudiantes, trabajadores, dueñas de casa, pobladores, mujeres, profesionales.

En horas de la noche de este día, se reportó la orden de acuartelamiento del Ejército en la Región Metropolitana, en base a un documento que se conoció informalmente. De hecho, el ministro de Defensa, Alberto Espina, fue convocado a La Moneda. Cuerpos de Bomberos de la región fueron acuartelados y se reforzó el contingente de Carabineros.

En una medida que rayó entre avivar el caos y proteger el servicio, la empresa Metro decidió suspender todo el fin de semana el funcionamiento de este medio de transporte.

De acuerdo a diversas fuentes políticas y comentarios de periodistas de algunos medios, Sebastián Piñera ha transitado entre el desconcierto y la tesis de “la mano dura”. Claro que entre medio protagonizó una situación inusual, de irse a celebrar el cumpleaños de un nieto cuando se vivía una situación caótica en la capital y de crisis política a nivel nacional, donde el gobierno aparece sin más argumento que aplicar, precisamente, “medidas duras”.

El Presidente no ha hecho en los días recientes ninguna alusión al descontento social ni a las molestias por abusos que se detecta en la población. Pero si enfatizó la línea autoritaria. “Estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado. En algunos casos la vamos a aplicar. Para eso está la ley”, afirmó.

En el camino de criminalizar la manifestación social, el mandatario expresó que “las personas que agredieron a carabineros y destruyeron, van a tener que enfrentar la justicia (…) No podemos tolerar de que haya un grupo que cree que tiene el derecho de destruir la propiedad pública. Hoy puede ser el Metro, mañana pueden decidir el ministerio de Justicia, el Registro Civil”.

En este marco, se reportaba de jóvenes heridos por proyectiles de carabineros en Estación Central y Maipú, y de uso de armamento por parte de la policía uniformada en comuna de San Miguel. Carabineros apareció con cascos, ropa de combate y escopetas en estaciones del Metro y las inmediaciones. En redes sociales se observó como los carabineros arrojaron gas lacrimógeno dentro de vagones del tren subterráneo y golpearon salvajemente a secundarios.

En las acciones represivas de Carabineros participó personal de seguridad privada del Metro, alentados a agredir y maltratar no solo a los estudiantes, sino usuarios del servicio, en una actitud prepotente que es común.

En tanto, el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, dijo ante la prensa que una “unidad especializada” de la PDI, está operando sobre las protestas de evasión, lo que significaría ir contra jóvenes secundarios. “Hay mucha información que está manejando, en forma reservada, una unidad especializada de la institución. Yo no puedo hacer comentarios…”

Costos en el gobierno

Uno de los temas tratados en reservas al más alto nivel de gobierno, fue la falta de previsión del estallido social que comenzó a incubarse desde el lunes pasado y el nivel de intensidad y expansión que podría alcanzar la protesta ciudadana.

En esto se indicaría fallas en los niveles de información y análisis de varias carteras ministeriales, sobre todo Interior, pero también del equipo presidencial.

A lo que se suman episodios como el del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien dijo que “para quien madrugue (antes de las 07:00 horas) (se ha abierto un espacio) para que pueda ser ayudado a través de una tarifa más baja”.

Cerca de la medianoche ya se hablaba de costos políticos para el gobierno no solo por la crisis política y social vivida, sino en cuanto a ineficiencias de ministros y subsecretarios.

Lo cierto es que nadie en el gobierno previó, ni ponderó, el estado de descontento y molestia social, y menos la disposición de miles de personas de salir a protestar a las calles, cacerolear en sus barrios y casas y apoyar a los estudiantes.

Deja una respuesta