El ministro Hernán Larraín, y a la subsecretaria Lorena Recabarren, anunciaron que no repondrán el bono reparatorio a prisioneros políticos, ni tampoco conformarán una Comisión Permanente de Calificación.
Valparaíso. 10/10/2019. En junio del 2018, la diputada Carmen Hertz realizó una recordada interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, luego de haber confirmado el retiro del bono de reparación a víctimas de la dictadura, según el Ejecutivo, por razones presupuestarias.
Tras la instancia, el ministro Larraín realizó una serie de compromisos, donde destacaron el replanteamiento del bono reparatorio y una “nueva agenda de Derechos Humanos”. A más de un año de la Interpelación, el secretario de Estado confirmó que el Gobierno de Sebastián Piñera no cumplirá ninguno de los compromisos adquiridos en materia de DD.HH.
Haydee Oberreuter, Coordinadora de la Mesa Unitaria de Sobrevivientes de Prisión Política y Tortura, recordó que el año 2018 el ministro de Larraín “fue interpelado por haber retirado un bono reparatorio que había comprometido el mandato anterior. Más allá de que el ministro se desdiga hoy, fue retirado con el compromiso de ser mejorado. Lo que hoy encontramos es que el ministro concluye por terminar de desdecirse de todo lo que ofertó con motivo de esa interpelación, entre otras, una Comisión Calificadora Permanente”.
La diputada Carmen Hertz criticó el nulo compromiso de la actual administración con los Derechos Humanos, con la reparación, ni con la verdad y justicia demanda por los familiares de las víctimas de la dictadura.
“Explicaciones no dieron ninguna. Simplemente señalaron que no había disposición ni posibilidad de establecer una Comisión Permanente, como tampoco había disposición para reponer el aporte reparatorio a los sobrevivientes de prisión política y torturas. En la próxima sesión fue citada la subsecretaria para con ella poder ver en detalle el Plan Nacional de Derechos Humanos, ya que el Plan Nacional lanzado por la Presidenta Bachelet, ha sido podado de una manera francamente inaceptable por el actual Gobierno”, señaló la diputada Hertz.
Finalmente, la parlamentaria recordó que “en septiembre de 1973, la Cruz Roja Internacional calculó -sólo en los campos de concentración de Santiago- al menos 60 mil presos políticos. Por lo tanto, los 20 mil presos políticos que han sido calificados por la Valech I y II, son una ínfima proporción de lo que realmente sufrieron en este país la prisión política y la tortura. Por eso la necesidad de la Comisión Permanente de Calificación, pues hay muchos factores que los presos no han concurrido a las comisiones anteriores a entregar sus testimonios”.
