SP instalándose en la arena internacional. Se posiciona tema medioambiental. Tensiones y votaciones en el Parlamento. AFP en las cuerdas.
Equipo ES. 27/09/2019. SP instalándose en la arena internacional
La última semana, Sebastián Piñera hizo explícitos esfuerzos por instalarse en la arena internacional, en una combinación de falacias, imposturas y consolidación de alianza con la ultraderecha regional.
Recibiendo el premio “Global CitizenAward 2019” otorgado por el centro de estudios Atlantic Council, acercándose forzadamente a la joven activista medioambiental Greta Thunberg, comprometiéndose a medidas mundiales en favor de los bosques, anunciando que sí podría su gobierno el Acuerdo de Escazú y logrando apoyos para la cumbre COP25 que se realizará en Santiago en diciembre próximo, el mandatario quiso instalarse como promotor del medioambiente y trasladado a Chile la percepción de que él está compromtido en esta materia.
Al mismo tiempo, en un encuentro de jefes de Estado, que tuvo en la cabecera de la mesa a Donald Trump, SP arremetió duramente contra Venezuela, desconociendo el carácter democrático y soberano del gobierno de ese país, volviendo a respaldar a grupos ultraderechistas de esa nación, asumiendo una actitud subversiva al desconocer al Presidente venezolano elegido en un proceso eleccionario no cuestionado, exigiendo la intervención para “terminar con esa dictadura” y queriendo soslayar el hecho indesmentible que el haber firmado el TIAR contribuyó a abrir la puerta para la opción de injerencia militar en Venezuela.
Se constata que en esta semana, el mandatario chileno quiso presentar cartas medioambientalistas y democráticas en el espacio externo, pero que aparecen falaces y oportunistas si se mira su comportamiento interno en el país.
Como se denunció desde varios sectores, Piñera expuso ese comportamiento en las Naciones Unidas, mientras su gobierno no toma medidas precisas y consistentes respecto a la descarbonización, firma del Acuerdo de Escazú, en cuanto a las llamadas “zonas de sacrificio”, cambios en el Código de Aguas para terminar con situaciones abusivas e insostenibles, refuerzo de acciones para garantizar el acceso y distribución del agua potable, y terminar con acciones represivas ordenadas para agredir a ciudadanos que se manifiestan por el derecho al agua y la protección del medioambiente. Así mismo, es claro que la administración piñerista está asociada y subordinada a una línea de política exterior intervencionista y ultraconservadora encabezada por Trump y seguida por mandatarios de cortes ultraderechistas como los de Brasil, Colombia y Argentina; SP quiere, además, “venezolanizar” la discusión política interna planteando definiciones respecto al derrocamiento o no del gobierno venezolano, mientras asume actitudes autoritarias y antidemocráticas como recurrir al Tribunal Constitucional para echar abajo leyes aprobadas democrática y mayoritariamente por el Congreso Nacional, continúa con tesis represivas como las que dieron curso al fallido Comando Jungla en la zona mapuche y de acoso al sector juvenil del país (revisión mochilas, bajar edad penal, control de identidad), oponiéndose a ampliación de derechos laborales y sociales, frenando la gratuidad para estudiar, insistiendo en la mantención de un sistema previsional monopólico financiero privado, y dejando fuera de la agenda el cambio de la Constitución, la medida más transformadora planteada para cambios estructurales que requiere el país si se aspira a un nuevo modelo de desarrollo, a la equidad económica y la justicia social.
Se posiciona tema medioambiental
Diversidad de sectores y organizaciones sindicales, de la sociedad civil, políticas, estudiantiles y juveniles, medioambientalistas, se están colocando a la vanguardia de la defensa del medio ambiente, exigencias de acciones frente al cambio climático y la escasez del agua, e impulso de medidas a nivel de Estado.
Son expresiones que están desplegándose de manera dispersa, pero que confluyen en críticas al gobierno de derecha (no firma del Acuerdo de Escazú, tema de defensa y uso del agua, etc.), en manifestaciones como las marchas del “Fridays for Future”, foros y algunas movilizaciones en regiones. También van tomando forma pasos de coordinación y convergencia para asumir posturas comunes en torno de la cumbre COP25, donde se reclaman posturas alternativas y de oposición a la agenda del gobierno. Esto incluye posicionamientos, argumentos y explicaciones desde el mundo académico, científico e intelectual.
Lo que se está percibiendo, y hubo alguna constatación esta semana, es que dentro de la sociedad civil chilena se está instalando con fuerza el tema de acciones frente al cambio climático y defensa del medioambiente.
Tensiones y votaciones en el Parlamento
Al finalizar la semana se fueron cerrando, al menos aparentemente, posiciones respecto a la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, donde se indicó a través de los medios de prensa que habría un convencimiento jurídico e institucional respecto de una mayoría opositora, que estaría incluyendo a parlamentarios del Partido Radical y la Democracia Cristiana, junto al voto seguro en esa línea de parte de legisladores del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Se establece un grado de incertidumbre en cuanto a la posición del Frente Regionalista Verde Social.
Diversos expertos, abogados y legisladores argumentaron en cuanto a las faltas de la Ministra sobre su desempeño que debe ser apegado a la normativa institucional y respeto a niveles de legalidad en sus funciones, lo que incluye el no abandono de deberes y no atentar contra a implementación de medidas en el sector educativo. En esa línea, habría una mayoría en el Parlamento para dar curso a la acusación constitucional, pese a denodados esfuerzos de juristas, La Moneda y parlamentarios por frenar ese proceso y lograr que sea rechazado.
Será un punto de tensión en los próximos días cuando se acentúe el intercambio de opiniones y finalmente se vote.
También punto de tensión se vivirá el 23 de octubre, fecha fijada para la discusión y votación del proyecto 40Horas, de reducción de la jornada laboral semanal, y que de acuerdo a todos los análisis cuenta con la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para ser aprobado, con lo cual pasaría al Senado, siguiendo su curso para su instalación como una ley a favor de los trabajadores.
En este cuadro, el gobierno y el empresariado continúan su campaña de desacreditación de la iniciativa, aunque con resultados negativos. A tal punto, que en estos días el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, planteó que se alejarán del tema de las 40 horas para reforzar la agenda laboral del gobierno, sustentada en la flexibilización, relativización de funciones de la Dirección del Trabajo, adaptabilidad, entre otros puntos. Temas que provocarán un fuerte debate en el Parlamento.
Durante la semana se produjo un hecho alarmante, cuando una mayoría relativa en la Cámara de Diputados, decidió no aprobar un Artículo que indicaba que el consorcio privado Soquimich (SQM) podía ser declarado de “interés nacional”, con lo cual se habría un espacio a un mayor control y capacidad de decisión del Estado sobre el litio, producto nacional estratégico. Sí se aprobó que el “mineral blanco” sea declarado de “interés nacional”, algo promovido desde hace mucho tiempo por sectores democráticos y de izquierda, pero el resguardo ratificado para SQM puso en tela de juicio el voto de muchos parlamentarios, teniendo en cuenta las actividades de corrupción e irregulares realizadas por ese consorcio, en manos del ex yerno de Augusto Pinochet, y por las cuales, precisamente, fueron investigados e incluso sancionados, dirigentes, militantes y parlamentarios de varias colectividades políticas.
AFP en las cuerdas
Sorpresivamente, la acción de la profesores María Ojeda y sus abogados, de insistir legalmente en su derecho de hacerse de sus ahorros previsionales para poder pagar su deuda hipotecaria, alcanzó ribetes de fondo y carácter nacional, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió concurrir al Tribunal Constitucional (TC) para que se determine si aquello procede y no violenta la ley. Decenas de recursos similares han sido presentados en otras regiones, siendo rechazados o quedando unos pocos en una especie de compás de espera o limbo, y por tanto esto en relación a la pensionada antofagastina y profesora, marcó una situación nueva y que tiene en jaque a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
La desesperada, insolente y desproporcionada reacción del presidente de la asociación de AFP, evidenció la preocupación y acorralamiento de esos consorcios financieros monopólicos, y no es menor que la actitud de ese personero le costara la renuncia al cargo en medio de críticas de amplios sectores de la sociedad. Es un episodio más donde el sector privado aparece insensible, poco empático y alejado de las demandas, sensibilidades y preocupaciones del grueso de la población.
Quizá pasó colado, pero también hay que anotar la agresiva y distante declaración del ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, quien repudió la acción de la pensionada, dijo que era ilegal, hizo alusión a que otros recursos anteriores fueron rechazados (pretendiendo validar así su postura) y, en el lenguaje discursivo de personeros del gobierno de SP, acusando que todo se trata de una acción política y de una maniobra concertada desde el Movimiento No+AFP.
El tema es que la demanda -sobre la que tendrá que resolver un complicado TC- generó una amplia simpatía y apoyo, porque sintetiza la necesidad de millones de pensionados que viven situaciones análogas. Esta profesora ganada algo más de un millón de pesos al mes y pasó a una jubilación de menos de 200 mil pesos mensuales, no pudiendo pagar su deuda hipotecaria. En el sentido común se instaló cómo es posible que el pensionado no pueda hacer uso de su ahorro previsional, pero sí se pueda quedar en manos de la AFP (Cuprum, en este caso) para que sigan especulando financieramente con ese dinero, que es parte de miles de jubilados que cotizan en el consorcio privado. De manera bastante cínica, desde el sector privado se dijo que los pensionados no pueden sacar su dinero para “cuidar” su vejez, cuando se sabe que con lo que entregan las AFP eso es absolutamente insuficiente y, por último, María Ojeda precisamente requiere de sus ahorros para garantizar una vida algo establece, en esta caso, pagando la deuda hipotecaria que la tiene estrangulada.
La discusión alcanzó hasta ribetes dentro del marco de mercado y concepciones neoliberales, porque se reivindica el derecho de propiedad, de acceder a algo que es de una persona, y se lo están impidiendo. También se puso sobre la mesa el efecto que tendría que esto fuese un derecho de quienes jubilan, recurriendo al ejemplo de Perú (donde un alto porcentaje de pensionados retiraron sus fondos), pero paradójicamente los representantes del sector privado y financiero salieron con un discurso de “protección social” y de preocupación por los jubilados, cuando llevan décadas defendiendo un “sistema de capitalización individual”, entregando bajas pensiones y cuestionando nociones de “seguridad social” y de derechos de los antiguos trabajadores.
Este caso instala una polémica de amplio y profundo alcance en la opinión pública nacional, de reivindicación de un sector social muy importante como son los pensionados y personas de la tercera edad, y de continuidad en las críticas fuertes al que ya parece fracasado sistema privado de pensiones.
