¿Por qué no extraditan a Adriana Rivas, co-autora de los asesinatos de la dirección del PC? ¿Por qué no extraditan a Pedro Barrientos, asesino de Víctor Jara?
Eduardo Contreras
Abogado
06/09/2019. Por sus hechos del pasado, el Poder Judicial chileno carga con un peso enorme de responsabilidad respecto de lo sucedido en nuestro país desde el 11 de septiembre del 73 hasta nuestros días.
Bien vale la pena hablar de estos temas cuando se conmemora otro aniversario de la histórica victoria democrática de la izquierda chilena con Salvador Allende en septiembre de 1970 y cuyo gobierno -en que el pueblo estuvo en el centro- es recordado con aprecio y admiración en diversos países del mundo
Son estos días del mes de septiembre en los que a la vez se cumple otro aniversario del sangriento golpe desatado en nuestro país por orden y pago de la CIA, la Casa Blanca y el Pentágono de los EEUU de Norteamérica y ejecutado a través de sus peones criollos: las Fuerzas Armadas, el gran empresariado, los grupos financieros y los medios de comunicación al servicio de los intereses del gobierno norteamericano y de los sectores antipatrióticos de nuestro país.
¿Y por qué hablar ahora del Poder Judicial ?
No es sólo a efectos de recordar que la Corte Suprema del año 1973 fue parte de la sedición al declarar -sin que tuviera atribuciones para hacerlo- que el gobierno de Allende violaba el orden jurídico. Un acto determinante encomendado a esos golpistas supremos.
Ni es sólo para recordar que durante todos esos años nada hizo el Poder Judicial chileno frente a las atroces violaciones a los derechos humanos y que fue sólo a partir de la querella del 12 de enero de 1998, presentada por Gladys Marín y un grupo de abogados comunistas, que recién se inició el juzgamiento de los asesinos de uniforme.
Ni es sólo para dar cuenta de los lamentables retrocesos de los últimos años, tanto por la excesiva comodidad de los lugares en que cumplen sus condenas los criminales, como sobre todo porque han venido disminuyendo las penas que aplican los Tribunales. Cada vez son menores. Y agreguemos la insólita intromisión del llamado “tribunal constitucional” que, más allá de sus funciones propias, se ha transformado en una cuarta instancia, absolutamente antijurídica. Los procesos se alargan hasta el infinito.
A la víctimas que sobrevivieron, sea que vivan en Chile o en los países de su exilio, se les exige cumplir el llamado Protocolo de Estambul, es decir, acreditar con servicios médicos especiales si sufrieron daño físico o moral al ser violados, o mutilados, o colgados días enteros de los pies, o ser torturados en presencia de sus hijos o de sus padres, o sufrir que a las mujeres se les introdujera arañas o ratones en la vagina, aquellos tratos pudieran haber causado daño físico o moral a quien los sufría.
¿Habrase visto tamaña tontera? ¿Cómo a alguien normal se le puede pasar por la mente que tales torturas no causarían daño alguno? Estas exigencias siguen demorando los procesos, pasan los años y muchos de los asesinos van falleciendo en sus casas. Es decir, se vuelve a la impunidad de los primeros años.
No es casual que esto suceda en el marco del gobierno de un personaje como Piñera, entusiasta y agradecido admirador de Pinochet.
Por lo mismo es que vale la pena referirse al caso del llamado “Comandante Ramiro”, es decir, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, condenado por su participación en la muerte de uno de los principales impulsores y protagonistas de la dictadura, Jaime Guzmán. No olvidemos sus mensajes a Pinochet de que se da cuenta en la reciente biografía del dictador escrita por el destacado historiador español Mario Amorós.
Por cierto, no se trata de discutir aquí acerca de la naturaleza, razón o error de ese delito. Independientemente que Guzmán no fue sólo el diseñador principal del modelo de sociedad que debía proponerse construir la dictadura y plasmarlo en la Constitución que él mismo y otro par de sujetos confeccionaron. La misma que, con pequeños cambios, en lo esencial se mantiene hasta nuestros días por culpa de esa agrupación política que llamaron Concertación de partidos por la democracia ¡¡!! Porque en verdad Guzmán fue mucho más que eso.
Lo que cabe preguntarse respecto de esta extradición lograda bajo este gobierno de entusiastas pinochetistas es ¿por qué tanta rapidez?, ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿qué compromisos contrajeron Bolsonaro y Piñera?
Resulta indispensable plantearse ante la opinión pública y plantearle al gobierno y al Poder Judicial y entonces ¿por qué no extraditan a Adriana Rivas, amante de Manuel Contreras y co-autora entre muchos otros de los asesinatos de la dirección central del Partido Comunista de Chile, una delincuente que todos sabemos se encuentra hoy bajo arresto en Australia?
Y ¿por qué no extraditan al militar Pedro Barrientos que vive tranquilamente en los EEUU y que fue uno de los asesinos del inolvidable Víctor Jara? Las preguntas son muchas más.
En verdad, resulta extraña la conducta del sistema legal y judicial que nos rige y de los funcionarios encargados de su aplicación. Llega pues la hora de alzar la voz. ¿Hasta cuándo impunidad por los miles y miles de crímenes de Pinochet y de la derecha chilena? ¿Hasta cuándo la ciudadanía chilena hará posible gobiernos pinochetistas como el actual?
