Resulta inaceptable el silencio de un Partido -que se apellida “Cristiano”- ante tal inhumanismo criminal, más allá del acuerdo o desacuerdo sobre asuntos internos.
Jorge Vera Castillo
Analista
21/02/2019. Abordo aquí, en el contexto de las conductas de casi todos los Partidos Políticos, con valiosa excepción, las incoherencias y las inconsecuencias que estos desarrollan y exhiben, en asuntos internacionales, a través del silencio, viéndolo en un caso concreto, y ante un tema específico.
Es el caso de la lamentable actual ausencia de política internacional, del Partido Demócrata Cristiano -salvo esporádicos pronunciamientos, con caricaturas y simplificaciones, y sin mayor análisis y conocimientos especializados, sobre acuciantes hechos y cruciales realidades de la arena internacional-, y, por lo tanto, así sus selectivos silencios políticos son confusos y contradictorios. Más aun, se trata de uno de los pocos Partidos sin una Comisión Política, y ya sin Comisión Especializada Político-Técnica Internacional, la que por largos decenios existió.
Es el tema de la nueva arremetida del imperialismo norteamericano en contra de la República Bolivariana de Venezuela y su bravo pueblo, a través de un bloqueo comercial, económico y financiero, junto con nuevas y reiteradas sanciones a autoridades, empresas, instituciones y personas concretas, con el objetivo no oculto de derrocar el Gobierno de un país soberano.
La Orden Ejecutiva del Presidente Trump, del 5 de Agosto de 2019, en sus 10 Secciones, avanza en un cerco estructural a la economía y sociedad venezolanas, para asfixiarlas en las provisiones de alimentación y salud de sus adultos mayores, adolescentes, madres, niños y niñas, y de todos los residentes en territorio venezolano, sean nacionales y/o extranjeros.
Recordemos que esta se suma a la “Obama” Executive Order 13692 del 8 de Marzo de 2015 (“Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela”), lo que demuestra que es una sistemática ofensiva de distintas administraciones políticas norteamericanas, que se agudiza, diversifica, expande y multiplica, cada vez más.
Las sanciones dicen pretender propósitos genéricos de defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades, en otros países, inmiscuyéndose en sus asuntos internos, mediante conocidas políticas de desestabilización, creando escenarios de agudización y confrontación.
En la especie, se constituye en violación masiva de los derechos humanos del conjunto de la población de la República Bolivariana de Venezuela, incluidos para quienes, afectados por escaseces y restricciones en unas distintas esferas de sus necesidades básicas, optan por salir, voluntariamente, del país, hacia destinos inciertos y, a veces, de mayores precariedades, con exclusiones y discriminaciones. Así, ya varios miles deciden e implementan vuelta a la Patria.
La aplicación expandida de sanciones, de la administración norteamericana y sus agencias y entidades, y de medidas unilaterales coercitivas, de alcance extraterritorial, es un flagrante irrespeto al Derecho Internacional, y constituye – por expansión, intensidad y recurrencia -, un verdadero crimen de lesa humanidad, que debiera siempre condenarse y denunciarse, sin ambigüedades, en defensa de las soberanías nacionales, la paz mundial y regional, y la Vida.
La historia de Chile ya conoció y padeció estos métodos norteamericanos, crueles y extorsivos.
Hasta la Unión Europea ve que los alcances extraterritoriales, también afectarán sus intereses comerciales. El portavoz de la Comisión Europea, Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, expresó, el miércoles 7 de agosto de 2019: “Nuestra posición es bien conocida y consiste en que nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales”. Pero, a la vez, mantiene sus propias sanciones a Venezuela, y amenaza, condicionadamente, con ampliarlas.
Incluso, más allá de su controvertible Informe, sobre la situación de Venezuela, dado a conocer el 5 de julio de 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet Jeria, emitió, al respecto, una Declaración, el 8 de agosto de 2019:
“Estoy profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos de América”. “Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación…”.
Por cierto, por si solos, preocupación y temor son insuficientes, para enfrentar dramáticos impactos que la política norteamericana, de bloqueo y sanciones, ha tenido y tiene para la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo, siendo totalmente contraria a los Propósitos y los Principios de la Carta de Naciones Unidas, e inconsulta ante su Consejo de Seguridad.
Sin duda, la Alta Comisionada tuvo en cuenta la Resolución 36/10 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 28 de septiembre de 2017, que en sus aspectos resolutivos, después de extensos considerandos, señala que, “Acoge con satisfacción la labor del Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, incluidos sus informes temáticos y sus visitas a los países”, y, que, “Decide prorrogar por un período de tres años el mandato del Relator Especial, establecido en la resolución 27/21 del Consejo de Derechos Humanos, de 26 de septiembre de 2014”.
En consecuencia, resulta más inaceptable e inexplicable el silencio de un Partido Político -que se apellida “Cristiano”, y que, para iniciar sus juntas y/o reuniones, se atribuye, e invoca con palabras, que lo hace “En nombre de Dios”-, ante tal inhumanismo criminal y prepotente, más allá del acuerdo o del desacuerdo que se tenga sobre los asuntos internos -políticos, militares y socio-económicos-, propios y soberanos, de los venezolanos y las venezolanas.
En suma, ojalá, al menos, los Parlamentarios Militantes del Partido Demócrata Cristiano de Chile, Senadores y Senadoras, Diputados y Diputadas, tanto en Comisiones permanentes ad hoc del Congreso Nacional, como públicamente, podrían pronunciarse, pero en forma clara, decidida, fuerte, y no con conocida costumbre de ambigüedad, condenando y denunciando el bloqueo y sanciones de los Estados Unidos de Norteamérica a la República Bolivariana de Venezuela, ya que el silencio de la Directiva del PDC es, en sí, inexcusable, una vez más.
El naciente Observatorio Internacional “Radomiro Tomic” debe contribuir a cuestionar estos silencios, debatir e incorporar los temas excluidos, integrando a interesados en forma abierta, en aras de uno de los legados de su inspirador: “la Unidad Social y Política del Pueblo”, en perspectiva sí del Siglo XXI, y considerando su vasta experiencia internacional, como Senior Officer en UNCTAD y como Embajador.
