Quedó muy claro el rechazo de los pueblos originarios a esa consulta, en dos dimensiones: se rechazó el proceso de consulta y las medidas que pretenden modificar la ley.
Marcos Barraza
Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista
01/08/2019. En mayo el gobierno dio inicio a una de sus iniciativas en materia indígena: la Consulta para la modificación y actualización de la Ley N° 19.253. Un conjunto de 11 medidas que, con la apariencia de actualización de la ley, tienen como objetivos modificar el régimen de tierra indígena, alterar las formas de organización y limitar el derecho a la auto-identificación.
Quedó muy claro el rechazo de los pueblos originarios a esa consulta, en dos dimensiones: se rechazó el proceso de consulta y las medidas que pretenden modificar la ley.
El rechazo se explica en la forma en que se presentó a las comunidades: no hubo socialización de contenidos, objetivos y fundamentación. Las medidas se mantuvieron ocultas hasta último minuto. Literalmente, solo el día antes del inicio del proceso se publicaron en una Web.
Quedó en evidencia la desvinculación de las autoridades con las comunidades. No fueron capaces de prever el fracaso que significaría la iniciativa dada la subestimación y desconexión con el mundo indígena. No consideraron a las autoridades ancestrales, que no fueron convocadas.
Otra dimensión del rechazo fue hacia las medidas. Las comunidades, organizaciones y dirigentes/as fueron enfáticos en que la propuesta de modificación a la Ley Indígena va en perjuicio de los pueblos.
Objetivos del gobierno
El gobierno pretende modificar la Ley Indígena, persiguiendo tres objetivos. El primero, incorporar al mercado tierras indígenas por vía del arriendo, venta, individualización y subdivisión, argumentando entregar libertad a propietarios indígenas y posibilitando sacar provecho económico a las tierras. Tras ese propósito se oculta el interés de homogeneizar a la población indígena y darle el mismo tratamiento que al resto de la población, desconociendo los Tratados y compromisos que el Estado de Chile suscribió en materia de Derechos Humanos de los pueblos originarios.
Al incorporar la tierra indígena al mercado, se busca explotarlas y sacarles provecho económico desde una perspectiva neoliberal, y se ignora la especial relación que tienen los pueblos originarios con la tierra, los territorios y los recursos naturales, quienes los reconocen como una misma entidad, la base de las culturas y fuente de subsistencia.
El segundo se orienta a afectar las formas de organización de los pueblos, promoviendo la constitución de asociaciones indígenas, reduciendo de 25 a 2 personas sus integrantes; y colocando mayores requisitos para la constitución de las comunidades, que es la forma organizativa más cercana a la tradición colectiva de los pueblos. El propósito es fragmentar y atomizar.
El tercero de los objetivos es restringir el derecho a la auto-identificación, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, y que permite que la población indígena venga en aumento en Chile.
Proceso viciado y fracasado
Como consecuencia, esta consulta indígena derivó en un proceso viciado por múltiples irregularidades. A través de diferentes denuncias en redes sociales y medios de prensa se evidenció una cantidad alarmante de anomalías. Presencia policial dentro y fuera de los locales, helicópteros en localidades, cambios de sede y hora de reuniones sin aviso previo, impedimentos para que los dirigentes/as leyeran sus propias declaraciones, reuniones con escasos asistentes, otras con funcionarios municipales, talleres sin facilitadores interculturales, y en el caso de Valdivia se constató la presencia de conscriptos con apellidos mapuche.
La gravedad de los hechos y la magnitud del fracaso influyó en el cambio de ministro de Desarrollo Social. El nuevo ministro a pocos días de asumir declaró que la consulta entraba en una “pausa indefinida” para “evaluar su desarrollo y efectuar correcciones”, al tiempo que reconocía “errores en la fase de comunicación”.
Sin embargo, mientras el ministro habla de una pausa, la consulta sigue. Se han realizado al menos 10 reuniones después de sus declaraciones, se re-agendan encuentros en localidades donde ya manifestó rechazo a la consulta.
Los resultados concretos de esta consulta es movilización activa de las comunidades y organizaciones, un Acuerdo Parlamentario de rechazo y solicitud de suspensión, numerosos recursos de protección en Regiones, presentaciones a Contraloría denunciando irregularidades, además de solicitudes de parlamentarios, dirigentes y organizaciones indígenas de poner fin a la consulta.
Este fracaso tiene como contexto la agenda legislativa indígena del gobierno, postergada y evadida. En su programa comprometía iniciativas que fueron re-anunciadas en 2018 con el Plan Impulsa Araucanía. Apenas hace unos días se presentaron indicaciones a los Proyectos de Ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. No se les dio urgencia.
Estos proyectos de ley, iniciativas del gobierno de la Nueva Mayoría, forman parte de las legítimas demandas de los pueblos originarios, así como el reconocimiento constitucional de carácter político, temas que fueron sometidos a procesos de consulta indígena y desarrollados con acuerdo político, incluyendo la Consulta Indígena para la Nueva Constitución.
Se suma al silencio del gobierno en cuanto al reconocimiento constitucional de los pueblos, la criminalización de las comunidades, la represión instalada en La Araucanía y el crimen de Camilo Catrillanca.
Reacción ante errática gestión
Los pueblos originarios salieron al paso a la errática gestión, el desconocimiento y política dañina del gobierno en materia indígena, y lograron como pocas veces, una importante articulación. El rechazo a la consulta, de forma colectiva, organizada y articulada a nivel nacional da cuenta de ello.
La expresión activa de rechazo a un proceso de consulta que terminó constituyéndose en una provocación en los territorios, la capacidad de incorporar demandas estructurales y transversales y la emergencia de liderazgos jóvenes, evidencian que las organizaciones y comunidades indígenas cuentan con capacidades para enfrentar desafíos complejos con importantes resultados en la lucha.
El gobierno de derecha intentará salvar la consulta, ocultando la realidad, manipulando comunicacionalmente y persistiendo en su intento de cooptación de comunidades. Sin embargo, el camino de unidad y lucha muestra que el desafío de los pueblos es enterrar la idea del gobierno de reducir derechos, no ceder en cuanto a los derechos alcanzados y lograr derechos plenos en el ámbito político.
El desafío de la oposición es poner al centro una solución que aborde con trasformaciones constitucionales la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios.
