Entre dos jefe de la institución habrían malversado 8 mil millones de pesos. Un entramado complejo y sucio que lleva existiendo varias décadas.
Equipo ES. 27/07/2019. La cantidad es estratosférica. Dos ex comandantes en jefe del Ejército, habrían malversado 8 mil millones de pesos del erario nacional. Un escándalo que se suma a investigaciones, procesamientos y condenas en que están involucrados seis de los últimos siete máximos responsables del Ejército.
Hasta ahora se salva el general Ricardo Martínez, actual Comandante en Jefe, que no aparece procesado por corrupción pero que en un momento estuvo en la mira por posible irregularidad en tema de pasajes. Hace varias semanas tuvo que precisar que “puedo decir ( ) que los viajes como comandante en jefe del Ejército que he realizado, seis desde marzo del año pasado a junio de este año, están perfectamente regulares y sin problemas”. Claro que su hermana, la teniente coronel (retirada), Letizia Martínez, tuvo que reintegrar dineros por objeción de pagos en relación a pasajes y fue indagada por desembolsos irregulares en Haití.
Augusto Pinochet, Ricardo Izurieta, Juan Emilio Cheyre, Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, ocuparon el cargo de Comandante en Jefe del Ejército entre 1973 y 2018, en distintos periodos, y fueron vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos, corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y cuestionamiento por ocultamiento de información sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Claro que algunas de las situaciones más recientes de corrupción incluyó a generales, coroneles, oficiales y suboficiales al punto que en noviembre de 2018 se tuvieron que ir a retiro 21 generales, en un momento inédito y crítico para la institución. Sin contar los cientos de miembros del Ejército procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, corrupción, venta ilegal de armas, irregularidades financieras y otros delitos.
Episodios que llegaron a límites inimaginables y vergonzosos, como el que narró el general (r) Fuente-Alba a la jueza Romy Rutherford, quien encabeza la mayor indagación por corrupción en la entidad militar: “Es lo que llamo ‘apoyo a los excomandantes en jefe’. Se entregaba en forma mensual, según recuerdo, al principio, en 2010, eran $400.000 mensuales, luego esa cantidad aumentó a $600.000, hasta llegar en 2013 a $800.000 mensuales. Esto pasó con el general Ricardo Izurieta Caffarena, el general Juan Emilio Cheyre y el general Óscar Izurieta Ferrer. Esos recursos provenían de gastos reservados”.
Una especie de mesada ilegal que era dada a los antiguos jerarcas militares para aumentar sus arcas de dinero personal. Esto le habría costado al país unos 230 millones de pesos.
La situación se conoció en el proceso en contra de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, por malversación de caudales fiscales y uso indebido de gastos reservados del Ejército. El primero procesado por defraudar 3 mil 500 millones de pesos y el segundo 4 mil 500 millones.
Izurieta, Cheyre y derechos humanos
El mecanismo de las mesadas lo habría instaurado en general Ricardo Izurieta, fallecido en agosto de 2014, quien se pensaba que no estaría metido en ningún caso de anomalía financiera.
Pero en agrupaciones de derechos humanos, entre abogados, legisladores y personeros políticos, no se olvida que este alto oficial fue protagonista en la Mesa de Diálogo en materia de derechos humanos, donde al final de cuentas se constató que el Ejército ocultó y omitió información para conocer el paradero de más de mil detenidos desaparecidos y las circunstancias de la ejecución de presos políticos durante la dictadura.
Más allá de beneficios monetarios que pudo recibir, otro ex comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, terminó procesado y condenado por estar vinculado a casos de torturas y violaciones a los derechos humanos en La Serena.
El juez Mario Carroza lo culpó de encubrimiento en el caso de la “Caravana de la Muerte”, la comitiva militar dirigida por el general Sergio Arellano Stark, que solo en La Serena dejó quince víctimas fatales. En un inicio, el delito atribuido a Cheyre era de cómplice en los asesinatos y varios testigos indicaron que había participado en sesiones de tortura por lo que fue investigado “por tormentos”.
El alto oficial fue instalado como el general del “nunca más”, por su supuesto compromiso en cuestionar la violación a los derechos humanos, pero terminó desacreditado por la investigación judicial y el testimonio de víctimas.
Las ayudas por el FAM
A estas alturas las situaciones son tan diversas como escandalosas. Algunas con baja cobertura en la prensa pero que dan cuenta del nivel y expansión de las irregularidades en el ámbito de la Comandancia en Jefe de la institución armada.
Es la situación que investiga la Fiscalía de Coyhaique, sobre el caso FAM, Fondo de Ayuda Mutua. Cuatro ex jefes del Ejército (Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo) fueron requeridos por la justicia ante este episodio, que tiene que ver con mal uso o desvío de recursos presupuestarios para compensar a miembros de la institución que perdieron dineros en el FAM. Era una fórmula creada en la Zona Militar de la Región de Aysén, para que militares depositaran dinero mensualmente y luego retirarlo cuando salían de la institución.
En la investigación se detectó que un grupo de ex uniformados perdió el dinero depositado y como ayuda solidaria, que estaría avalada por los antiguos comandantes en jefe, se recurrió a mecanismos anómalos para entregarles dinero, en parte a través de viáticos o pagos a honorarios, sin que existiera de por medio alguna función o servicio.
De acuerdo al Fiscal Carlos Palma “en los últimos años habrían existido fondos del Estado que habrían sido indebidamente desviados para pagar a particulares, ex funcionarios del Ejército, a propósito de una deuda histórica que habría por un fondo de ayuda mutua”. El monto de lo defraudado podría llegar a los dos mil 900 millones de pesos.
Plata por viajar
A ello, se suma la trama -no olvidada por muchos- de “Empresas de Turismo”, así denominada en el ámbito judicial, pero que se podría llamar “Reembolsos Fraudulentos”, sin tanto eufemismo. Hasta donde se sabe, esto le costó al Fisco varias centenas de millones de pesos a partir de la actuación ilegal de un numeroso grupo de generales, coroneles y oficiales de menor rango.
En concreto, el Ejército compraba pasajes de avión a agencias de viajes para oficiales en comisión de servicio en el extranjero (se solía adquirir los más caros), luego algunos de esos sujetos contactaban con la empresa turística para modificar el pasaje y el valor -en ocasiones el itinerario- lo que les permitía viajar con familiares e ir a pasear a lugares turísticos en ciudades como Orlando y Miami (Estados Unidos), Punta Cana en República Dominicana y ciudades en Europa. La operación incluía “reembolsos” que incluso llegaron a hacerse en efectivo, por varios millones de pesos, y a través de la figura de pagar un supuesto “sobre peso” de equipaje. En todo esto se incluía a esposas de generales, algunas de las cuales trabajaban en agencias de viajes donde se realizaban los trasvasijes ilegales.
Esta arista le costó el puesto y ser procesado al general John Griffiths, cuando era jefe del Estado Mayor del Ejército, que gozaba de prestigio institucional y en ámbitos de gobierno y Defensa y cayó por defraudar 44 millones de pesos al erario nacional.
Junto a eso, en su momento se abrió una investigación específica por pagos fraudulentos o irregulares de “sobre peso” de equipaje a oficiales que viajaron en misión a Haití. No se fiscalizaba si la plata se usaba o no para aquello.
Fuente-Alba y Oviedo
Los últimos casos -para algunos los más escandalosos- son los de los generales ya retirados (ambos a estas alturas presos) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. Son los rostros de lo conocido como el Milicogate. Quizá -aparte de los multimillonarios fraudes y delitos de Augusto Pinochet- el hasta ahora caso más devastador y de mayor suma de dinero comprometida en operaciones fraudulentas en el Ejército.
Fuente-Alba, llamado por algunos dentro de la institución castrense como “El Conde” por su afición a los trajes caros, autos de lujos y residencias hermosas y bien alhajadas, resultó ser un experto en apropiarse de dineros fiscales, recurriendo a los gastos reservados, terminando acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, llegando a la suma de 3 mil 500 millones de pesos.
Una investigación del periodista Mauricio Weibel, reportó que Fuente-Alba tuvo depósitos o abonos por 7 mil 900 millones de pesos en cuentas bancarias nacionales y extranjeras. Hay hechos increíbles, como la comprobación de que por “caja chica” de la Comandancia en Jefe salían entre 5 y 6 millones de pesos mensuales para la Fundación Señoras del Ejército que encabezaba Anita Pinochet, esposa de Fuente-Alba.
La Policía de Investigaciones (PDI) también lo investigó por lavado de activos y simulación de origen ilícito en su patrimonio, sin que él pudiera acreditar que los ingresos correspondían a su sueldo o montos legales provenientes del ejercicio de su cargo.
Luego vino la situación de Oviedo, también por hacer indebido uso de gastos reservados, procesado a la fecha por malversación de 4 mil 500 millones de pesos. Hay que recordar que este ex jefe del Ejército también estuvo envuelto en una controversia por la asignación de pasaportes diplomáticos a sus hijos, mientras cumplía servicios en Washington, Estados Unidos.
Ambos fueron investigados, procesados y puestos en jaque por la jueza Romy Rutherford, quien lleva una indagación a fondo y que, por cierto, topó en los últimos meses con resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que, en base a tecnicismos, determinó suspender aristas determinantes del procesamiento al ex general Oviedo, aunque éste sigue detenido.
En estos hechos hay situaciones bochornosas y que indican que los jefes militares afectaban hasta su propia institución. Por ejemplo, lo informado por el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sucre Elgueta, en cuanto a que Fuente-Alba y Oviedo no entregaron el dinero que estaba destinado a las labores de Inteligencia, contraespionaje y seguridad. Ante los antecedentes que le fueron entregados por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Elgueta dijo en el procesamiento que lleva la jueza Rutherford, que “esos montos no coinciden con los que fueron recibidos por la Dirección de Inteligencia durante esos años, por la Dirección de Finanzas…Recibió únicamente entre el 40 y 50% en pesos, y 20 y 30% en dólares” del total que debía ingresar. Eso sería parte del desvío de fondos que ejecutaban ex jefes de la institución castrense.
En alguno de los expedientes judiciales está el testimonio del coronel (hoy retirado), Sergio Vásquez, ex jefe del Departamento de Finanzas del Ejército, quien indicó que por instrucciones de Oviedo “debía mensualmente (entregar) recursos correspondientes a 800 mil pesos a los ex comandantes en jefe (Cheyre, Izurieta, Fuente-Alba)”. También reveló que “a fines de cada año, por instrucción del comandante en jefe, entregué al oficial de órdenes alrededor de 25 millones de pesos en efectivo en mi oficina, sin respaldo alguno, para que se encargaran de adquirir y financiar regalos de fin de año para el Alto Mando, agregados militares extranjeros, ministros, entre otras autoridades de gobierno”.
“Aristas” de un paisaje de corrupción en el Ejército de Chile, protagonizado por quienes llegaron a ostentar las cuatro estrellas de un jefe máximo.
El entramado de irregularidades en manos de Romy Rutherford
La ministra Romy Rutherford tendría procesados a casi 40 miembros del Ejército y habría citado a declarar a muchos otros oficiales y funcionarios, algunos en retiro. Tiene varios “cuadernos” de procesos y se habla de que lleva adelante indagaciones por 26 “aristas” respecto a irregularidades en la institución militar más grande del país.
Están los casos de malversación de caudales fiscales contra Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, irregularidades en la compra y reembolsos de pasajes y viajes, investigación en torno de la compra de helicópteros Puma, pesquisa por compra de insumos computacionales que realmente no se adquirieron, pagos de servicios no realizados, pagos irregulares de viáticos y desembolsos para oficiales en comisiones de servicio en el extranjero (incluidas situaciones anómalas en misiones en Haití).
Un entramado oscuro y sucio, de una complejidad alta y que involucra a distintos niveles de mando y diferentes entidades dentro del Ejército. Parece imposible usar, ante toda esa evidencia, el argumento de que “son casos aislados” y más bien se trate de prácticas extendidas en la institución desde hace muchos años, sobre todo en tiempos de dictadura donde no había fiscalización ni investigación externa, del Poder Judicial o el Parlamento.
