Las conclusiones y propuestas de la instancia de investigación de la Cámara de Diputados.
Osciel Moya. Periodista. 23/07/2019. Crear una Comisión de Verdad y Reparación para encontrar y determinar la verdad de lo ocurrido sobre la sustracción y adopción de niños y niñas y crear un banco de huellas genéticas ADN que permita llevar un registro con el objeto de evitar que estos casos se repitan, son algunas de las propuestas surgidas de la Comisión Investigadora de Adopciones Irregulares de la Cámara de Diputados que este lunes entregó las conclusiones luego de cuatro meses de sesiones.
La instancia, presidida por el diputado Boris Barrera, comenzó a funcionar el 4 de marzo y en ella dieron sus testimonios numerosas personas, hijos, hijas y madres que buscaban a sus parientes, además de los ministros de justicia, Hernán Larraín, Emilio Satelices, ex ministro de Salud, directores de servicios, del Sename, Registro Civil, Servicio Médico Legal, INDH, Relaciones Exteriores, PDI, entre otros.
Hasta la sede del Congreso en la capital llegaron este lunes en marcha las integrantes de la Agrupación Hijos y Madres del Silencio para respaldar el trabajo de los integrantes de la comisión.
El diputado Barrera destacó el compromiso de los legisladores que participaron en el proceso, de las personas que entregaron sus testimonios y los organismos del Estado que se pusieron a disposición para entregar todos los antecedentes.
“Ojalá podamos darle continuidad, tenemos como tarea ver qué va a pasar con el banco de ADN que se va a crear, siento que hay compromiso de hacerle el seguimiento, como también a la coordinación con los distintos ministerios y servicios que se comprometieron”, indicó.
El legislador señaló que está “terminando una etapa, pero está comenzando otra de seguimiento de lo que hemos sacado como resoluciones”
En el documento aprobado por los legisladores, se explican el modo de operar de la sustracción de menores, especifica que los hechos ocurrieron en un espacio de tiempo mayor que la dictadura militar, además que las adopciones irregulares fueron un negocio muy lucrativo, en especial hacia el extranjero y que sacaron provecho de las escasas o insuficientes regulaciones.
En el proceso se constató que en “Chile centenares de niños fueron arrebatados a sus padres para ser dados en adopción, especialmente en el extranjero, verdad incontrastable que fue reforzado por los testimonios de todas las personas que fueron invitadas a participar en la instancia” destaca el texto.
Además, el informe señala que ninguno de los “intervinientes pudo poner en duda el hecho de la desaparición de niños al momento de nacer, como una práctica recurrente propia de todo el siglo XX debido a las carencias hospitalarias, la falta de un registro de nacimientos óptimo y la presencia de grupos que actuaron coordinadamente para arrebatar a menores, especialmente en el caso de mujeres vulnerables”
“Que no cabe duda que tal como plantea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable. Ésta no es la excepción, considerando que es una práctica que ha sido prolongada en el tiempo, superando a los Gobiernos de turno” destaca en otro de sus párrafos del documento.
Las conclusiones y proposiciones
Estas son las conclusiones que luego deberán ser discutidas y aprobadas en la sala.
- Modificar el proyecto de ley de adopciones actualmente en trámite.
- Crear una Comisión de Verdad y Reparación para, por una parte, encontrar y determinar la verdad de lo ocurrido, así como reparar de manera efectiva las pérdidas sufridas por las familias y los niños y niñas víctimas de la sustracción. Y, por otra, establecer las responsabilidades de todas aquellas personas que hubieren participado en la comisión de los hechos.
- Crear un banco de huellas genéticas ADN que permita llevar un registro, con el objeto de evitar que estos casos se repitan, además de poder contar con bases de datos actualizadas.
- Excluir la participación de entidades privadas en los procesos de adopción.
- Entregar más recursos humanos y monetarios jueces para mejorar y hacer más efectiva y eficiente la investigación judicial respecto de las adopciones irregulares.
- Establecer un enlace directo entre las organizaciones de la sociedad civil con el Ministerio de Salud y con el Registro Civil, para efectos de constituir un vínculo expedito y efectivo, para canalizar de manera rápida las dudas y consultas.
- Fortalecer el Programa Orígenes, en cuanto a facilitar a los titulares el ejercicio del derecho a búsqueda, ajustar los plazos y permitir la judicialización en ciertos casos de sospecha fundada de sustracción ilegal de menores.
- Evaluar el traspaso del Programa Orígenes al Ministerio de Desarrollo Social y Subsecretaría de la Niñez.
- Crear una campaña de difusión sobre los hechos que cuenta el informe.
