Controversial análisis de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que se suma a batalla política internacional en contra de proceso venezolano.
Agencias. 04/07/2019. El informe adelantado que entregó Michelle Bachelet, la chilena que es Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UN), sobre Venezuela, donde hizo ver presuntas graves violaciones en esas materias y otras como acceso a la salud y la alimentación, se sumó como otro elemento en la batalla internacional en torno del proceso bolivariano y soberano de esa nación latinoamericana.
De hecho, el gobierno de Venezuela no tardó en replicar el documento, haciendo ver que se trata de una mirada “distorsionada” y adelantó 70 observaciones en respuesta a las acusaciones de la ex mandataria chilena que ahora ocupa el cargo en NU.
Bachelet visitó hace poco tiempo ese país, habló con representantes del gobierno, de la oposición, de la sociedad civil, y ahora presentó un informe que claramente apunta a cuestionamientos al gobierno, en medio de un cerco y ataque de países como Estados Unidos y con gobiernos de derecha en contra de Venezuela. Es así, por ejemplo, que el informe de Bachelet fue aplaudido por la Cancillería chilena.
Un reclamo que ya hicieron las autoridades venezolanas, es que lo redactado por la Comisionada no habla de los logros sociales e institucionales alcanzados en esa nación.
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” de acuerdo a la Cancillería venezolana.
“En gran parte, esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”, prosiguió el Gobierno de Venezuela.
El documento emitido por la Comisionada de NU habla de “graves vulneraciones de derechos” en Venezuela, y pide poner freno a los abusos de las fuerzas de seguridad y de los llamados “colectivos”, grupos afines al chavismo, que en realidad es la forma organizada adoptada por sectores del pueblo venezolano.
En el documento se denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
El escrito se elaboró con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, en un período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
El gobierno venezolano hizo ver cuestiones como que el 82% de las entrevistas de Michelle Bachelet y su equipo se hicieron fuera de Venezuela, pese a que la ONU realizó dos visitas al país.
“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, sostuvo la versión gubernamental venezolana.
El gobierno de Venezuela apuntó a que gran parte del informe de Bachelet está basado en informaciones falsas o erróneas, y manifiesta su preocupación por la omisión de la “guerra económica” de factores externos como explicación a la crisis que atraviesa el país, que afectan a sectores como medicinas, alimento, infraestructura.
