Lista de medidas que golpean a los jóvenes: “Aula Segura”, Control de Identidad, baja en la edad de responsabilidad penal, revisión de mochilas y Toques de Queda.
Daniela Pizarro Amaya. Periodista. 01/07/2019. El gobierno junto a personeros de partidos de la derecha iniciaron una frenética caza juvenil. Los dardos políticos, comunicacionales y legislativos en la segunda mitad de la administración piñerista estuvieron enfocados cuidadosamente hacia los menores de edad -niños y adolescentes- y especialmente a aquellos que están cursando sus niveles educativos en establecimientos públicos y que habitan zonas urbanas populares y de alta vulnerabilidad.
Revisión de mochilas, “Aula Segura”, Control de Identidad para menores de edad, bajar la edad de responsabilidad penal a 14 años, el Estatuto Laboral Juvenil y los Toques de Queda para menores en varias comunas, son algunos de los proyectos e ideas que emanaron desde La Moneda, parlamentarios de colectividades de derecha y desde Municipios controlados por alcaldes conservadores.
Un aura de criminalización de la juventud en el marco de los intentos gubernamentales de control de la delincuencia, contención de los desórdenes en las manifestaciones, poner orden en colegios y calles, medidas autoritarias en espacios públicos y ante realidades juveniles, y en la línea de la flexibilización laboral.
Pareciera que se quisiera dar señales de dureza en cuanto a orden, seguridad y autoridad, atacando el flanco juvenil donde se presentan situaciones complejas y polémicas, siempre, de acuerdo a especialistas, por factores sociales, culturales y educativos.
La revisión de mochilas a cargo de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, a la entrada del Instituto Nacional fue idea del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, (Renovación Nacional) y surgió con el fin de mantener el control de los más de 4 mil estudiantes del recinto, que van desde séptimo básico a cuarto medio -12 a 18 años- y así evitar lo episodios de uso de artefactos incendiarios.
Los Toques de Queda para menores de edad surgieron en 2018, pero durante este año la idea de que los jóvenes puedan circular en las calles hasta cierta hora fue impulsada con fuerza por el ultraconservador José Antonio Kast y presentada como proyecto de ley en el Congreso por los parlamentarios de “Chile Vamos”, Camila Flores, Miguel Mellado, Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen, Ignacio Urrutia y Pablo Prieto. Esta idea, además, fue tomada por varios alcaldes oficialistas.
“Aula Segura”, Control de Identidad para menores de edad, baja en la edad de responsabilidad penal y el Estatuto Laboral Juvenil, fueron proyectos que nacieron en el seno del gobierno, que por un lado buscan la contención de la delincuencia juvenil, frenar las “capuchas” y los “overoles” en las protestas de los liceos emblemáticos y también dar continuidad a la línea de precarización laboral, en el caso del estatuto juvenil.
“Simplismo de mirar solo actuar violento”
La encargada del Programa de Infancia y Adolescencia del Instituto Igualdad, Fanny Pollarolo, criticó la manera en que las autoridades están abordando, por ejemplo, los casos de violencia en protestas estudiantiles. Apuntó que “con estos proyectos fue quedando en evidencia la superficialidad con que este gobierno mira el problema y la ineficiencia, por tanto, de las medidas que decide tomar. Es el simplismo de mirar al adolescente y al joven solo en su actuar violento sin hacerse cargo de que ello es el final de procesos que se vienen cursando desde la primera década de la vida”.
Este conjunto de situaciones hoy conforman un arco de debate respecto a políticas públicas planteadas hacia la población adolescente, donde parece que la prevención y diseño relacionado con mayor educación, acceso a la cultura, atención en áreas vulnerables, educación cívica, no encuentran prioridad, atención ni espacios.
“Políticas que permitan que las escuelas apoyen el proceso identitario adolescente, su desarrollo humano integral, la plena efectividad de sus derechos, son tareas indispensables que, con urgencia, se requieren”, sostuvo Pollarolo en una columna de opinión y añadió que “estas políticas, en gran medida, se encuentran plasmadas en la Nueva Ley de Educación Pública.”
Dicha norma que busca desmunicipalizar la enseñanza para que quede en manos del Estado, aprobada en la administración anterior, en la actualidad no es prioridad para el Ministerio de Educación y al contrario retrasaron su aplicación total hasta el 2027 cuando por ley el tope es 2025.
¿Los niños primero?
Estas medidas represivas son un fuerte contraste a lo que el Presidente Sebastián Piñera prometió en su campaña y al principio de su mandato, donde fue majadero en señalar que los niños irían primero en la lista de prioridades de su administración.
En ese marco, la trabajadora social y co-investigadora del Fondecyt de “Infancia Institucionalizada y vida cotidiana de la niñez en las residencias de protección de Santiago de Chile”, Alejandra González Celis, aseguró a El Siglo que es una contradicción respecto al cuidado de los derechos infantiles, pero no en la lógica que instaló la derecha con un especial cuidado por un tipo de niños y no por todos.
“Si bien Piñera comenzó su gobierno hablando de su compromiso con la infancia, ahora propone medidas represivas y criminalizadoras contra menores. Es una contradicción si lo miramos desde el punto de vista del resguardo a los derechos humanos de niños y niñas, pero no es una contradicción en un sentido del tipo de preocupación que ha tenido este gobierno por la infancia y en particular por la adolescencia. Queda claro que cuando el Presidente dice: ‘los niños primero’ está refiriéndose a un determinado tipo de niños, por sobre otro”, sostuvo.
Y resaltó que “este gobierno ha agudizado esta diferencia entre niños y niñas que aparecen con características de bondad e inocencia versus aquellos y aquellas que hasta hace poco se denominaban como ‘menores’, como ‘infractores de ley’, ‘sospechosos’ y ‘peligrosos’, quienes son los que merecen un control de identidad o la revisión de mochilas, según el Ejecutivo. Desde su propio discurso están protegiendo esa idea de que el que nada hace nada teme, que favorece que los derechos sean una especie de bien del cual se puede prescindir. Pero el derecho de cada niño y niña no es una propiedad, es algo inalienable a los sujetos y que no puede pasarse a llevar en un mecanismo tan cuestionado como esta vuelta a la detención por sospecha y los controles invasivos de jóvenes, niños y niñas”.
En la misma línea, Alejandro Tsukame, doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y autor del libro “Jóvenes desacreditados”, en declaraciones a El Siglo indicó que “existe una disonancia entre esta lógica del control y el castigo de los menores con otro tipo de proyectos institucionales como implementar un acuerdo nacional de la infancia y el promover los derechos de los niños con el proponer un control policial a menores de 14 años. Algo que contraviene todo lo anterior y plantea un alto riesgo de vulnerar los derechos de los niños”.
“Creo que es muy engañoso este discurso paralelo donde una mano no reconoce lo que hace la otra. Finalmente, todo se realiza en una lógica muy rendidora de control de la población a través de mecanismos técnicos como el de esta ampliación del control de menores. Creo que tanto el gobierno como la ciudadanía deberían hacerse eco de que el debate de la seguridad y el control de identidad para jóvenes, la revisión de mochilas o los toques de queda, entre otras medidas, es en definitiva, un asunto de oportunidades. Es llamativo cómo en Chile, ese es un tipo de desigualdad brutal de la que nadie habla”, subrayó.
Jóvenes, el eslabón más débil
El presidente de las Juventudes Comunistas (JJCC), Camilo Sánchez, en conversación con este periódico sostuvo que el Ejecutivo está adoptando leyes represivas contra los jóvenes, ya que fracasó en su lucha contra la delincuencia.
“Hay un intento sistemático por parte del gobierno por utilizar a la juventud como chivo expiatorio ante el fracaso de lo que ha sido la lucha contra la delincuencia, con la cual tanto han insistido como prioridad, sin embargo, han fracasado y eso lo ha visto todo el pueblo chileno. Y claro, mientras toman esas medidas contra la juventud los narcotraficantes y quiénes son los responsables de reclutar a los jóvenes para actos ilícitos andan sueltos sin que les caiga ningún tipo de medida”, dijo el dirigente.
Y añadió que “se está cortando el hilo por lo más delgado y se está optando por una política pirotécnica. Sabemos que cuando se ataca a la juventud se está optando por el eslabón más bajo, el más débil en la cadena de los actos ilícitos del país”.
Respecto a las consecuencias que pueden traer este tipo de disposiciones en la población joven, Sánchez expresó que “hace veinte años, a lo menos, la única forma que han tenido de abordar las situaciones de violencia en los colegios es con la violencia de Carabineros y el resultado de todo esto ha sido que se acumula más violencia, más rabia y haya menos diálogo y democracia. Estamos ante el fracaso sistemático de una política que solo permite que las autoridades salgan del paso y puedan decir que están tomando medidas, pero al final esas medidas no van a solucionar el problema y al contrario lo agravan”.
El líder de la Jota manifestó que con estos proyectos se está buscando desprestigiar a la juventud. “Hay un interés de la derecha de anular a uno de los sectores que más demuestra ser capaz de impedir el avance de la agenda antiderechos como la que encabezó Piñera en su primer gobierno y que busca profundizar en este nuevo periodo. Ese desprestigio también tiene el objetivo de que la ciudadanía no comulgue con los jóvenes que luchan y esa es una situación que también está haciendo aguas, porque la gente está viendo que hay un ensañamiento del gobierno contra los sectores mas débiles mientras hay impunidad para los poderosos, incluyendo el crimen organizado”, afirmó.
“Por qué no bajamos el derecho a voto a los 14 años”
Otro aspecto que surge como contradictorio en los proyectos que buscan entregar responsabilidades penales a los menores de edad es la no incorporación de otros tipos de deberes, como el poder votar o contraer matrimonio.
El sociólogo y doctor en Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Raúl Zarzuri, aseveró que “llama la atención cómo estos jóvenes secundarios tienen, según el gobierno, discernimiento para algunas cosas, pero para otras no. Es decir, pueden enfrentar a la ley, un control de identidad o a la justicia como alguien bastante mayor pero en otros asuntos no es tomado en cuenta. Entonces, en ese mismo sentido, ¿por qué no bajamos el derecho a voto a los 14 años entonces?, ¿La posibilidad de obtener licencia de conducir o de poder casarse antes de los 18?”.
Y agregó que “hay países de Europa donde los jóvenes están autorizados, por ejemplo, para consumir alcohol, pero donde esta práctica está ajustada a derechos y responsabilidades. Pienso que en Chile existe una forma opuesta de calificar estos temas. Debería trabajarse más la prevención que en un aspecto punitivo que enfocarse en acciones sobre delincuencia. Porque si se va a penalizar a la juventud tan fuertemente por diversas conductas en búsqueda de políticas efectivas, por otro lado también debería penalizarse claramente los delitos de cuello y corbata”.
En definitiva, se van instalando contraposiciones respecto a líneas para asumir comportamientos y realidades del sector juvenil del país, donde se ven peligros de conculcación de derecha, autoritarismo, represión y criminalización, versus la atención de situaciones sociales y culturales, ampliación de derechos, consideraciones de formación cívica y de asimilar, de parte del gobierno y otros sectores, vivencias y realidades de la niñez y la juventud.
Foto: Revista De Frente
