El diputado aseguró que ese tipo de medidas solo acarrean más violencia. Apuntó que lo ideal es dialogar con los estudiantes.

Santiago. 30/05/2019. La iniciativa legal del gobierno que da facultades a los directores de colegios para expulsar y cancelar la matrícula de los estudiantes en casos de violencia “Ley Aula Segura”,  ha sido la protagonista este último semestre. El activo estado de movilización del emblemático Instituto Nacional por el cumplimiento de su petitorio, y la férrea oposición del alcalde Felipe Alessandri a responder estas demandas, ha dejado jornadas de represión, carros lanza aguas, la evacuación del plantel y finalmente la suspensión de clases.

En ese marco el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier dijo que esa legislación es represiva ya que no utiliza otros mecanismos para tratar la convivencia y la resolución de demandas que se puedan dar dentro de una institución de educación escolar. Junto con esto destacó que si bien existen hechos de violencia de parte de grupos aislados, se atenta contra los derechos de la mayoría de los estudiantes.

Es una ley represiva porque en vez de hacer el esfuerzo por inculcar a los jóvenes formas de relación distintas usan las represión y eso trae respuestas que a veces son violentas. Cuando se pasa por encima de un derecho humano, como el protestar pacíficamente o el dialogar con las autoridades por algún problema, se responde con medidas coercitivas y represión, oponiéndose a hechos e ideas. Es un grupo pequeño de estudiantes que es más agresivo, pero en general concuerdo con los estudiantes que están en desacuerdo con esta ley”, indicó el parlamentario.

El petitorio de la comunidad escolar contempla tanto cambios internos, que piden transformaciones al currículo escolar, como externos, que exigen la derogación de Aula Segura, la desmunicipalización efectiva, rechazo a la ley de Control de Identidad a Menores, entre otras.

La ley Aula Segura fue presentada por el actual gobierno de Sebastián Piñera en septiembre de 2018  y fue aprobada en tres meses. El Ejecutivo puso urgencia suma en el Congreso Nacional a esta iniciativa.