Un momento de dignidad para Chile y una lección para el futuro.

Marcos Barraza

Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista

16/10/018. Hoy se cumplen 20 años desde el histórico día de la detención de Augusto Pinochet en Londres, detención que ocurre gracias a la gestión del Juez Baltasar Garzón de España, quien aprovechó un viaje de salud del ex dictador a dicha ciudad en octubre de 1998. El carácter de histórico de aquel acontecimiento tiene que ver con que, a la fecha, habiendo transcurrido 8 años de recuperada la democracia en Chile, Pinochet no solo no había sido juzgado por los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes a su servicio durante los 17 años de la dictadura cívico-militar, sino que además ostentó durante esta etapa de transición el cargo de Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente el de Senador Vitalicio. Tales hechos, mirados tanto dentro del periodo como a la distancia, no solo han constituido una afrenta a la necesidad imperiosa de justicia en nuestro país, sino que también fueron una clara señal de instalación de la impunidad como parte de la agenda de aquellos años.

Es por eso que al destacar el hito que significó la detención de Pinochet en Londres, es preciso resaltar primeramente dos cosas, a saber, la falta o postergación de la justicia en nuestro país durante esos 8 años respecto de la figura del principal responsable de las violaciones a los Derechos Humanos y, por otro lado, el rol que jugó la jurisprudencia y solidaridad internacional, que vino a hacer lo que nuestro país y sus autoridades debieron realizar durante aquellos años, y que por razones ajenas al sentir popular no lo hicieron.

Los 500 días de detención en Londres permitieron a su vez que en Chile cayera el manto no solo de la impunidad sobre el ex dictador, sino también sobre su condición de intocable, así, se inició un nuevo periodo de acciones judiciales, sin olvidar que la primera querella contra Pinochet fue interpuesta ante tribunales por la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, que buscaron el procesamiento de Pinochet posterior a su oprobioso regreso gestionado por las autoridades democráticas de la época. Sobre este hecho, el de las circunstancias de su regreso, es preciso hacer un par de reflexiones.

La detención de Pinochet en Londres generó un intenso y acalorado debate en nuestro país, en donde se cruzaban los deseos de justicia por parte no sólo de los familiares y víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, sino también de amplios y mayoritarios sectores de la sociedad que vieron en aquella detención una oportunidad para juzgar al ex dictador, junto a los temores de un gobierno que se apegaba a un pacto transicional en acuerdo con los poderes fácticos, y una derecha que mantenía, y aún mantiene en gran medida, una lealtad y compromiso con la figura de Pinochet, derecha que reclamó de las formas más insólitas, según ellos, la intervención de la justicia internacional en los asuntos de nuestro país; desde caravanas de diputados, senadores y adherentes hacía Inglaterra a mostrar su solidaridad con Pinochet, así como absurdos  intentos de huelgas de hambre que duraron horas, fueron los aderezos de una reacción que evidenciaba el vínculo político y moral con quien era juzgado por haber asesinado, hecho desaparecer, torturado y exiliado a cientos de miles de compatriotas, algo que no debemos dejar de olvidar a la hora de conocer por estos días homenajes a criminales juzgados y condenados, por parte de instituciones del ejército.

Sin embargo, el tema principal de aquel periodo, y que generó un debate intenso en nuestra sociedad, fue el rol que le cupo a las autoridades gubernamentales de la época respecto de las gestiones para liberar a Pinochet de su prisión en territorio extranjero, y regresarlo al país sin garantías de juicio justo. Sabemos que el gobierno, en ese entonces encabezado por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y como Ministro de Relaciones Exteriores José Miguel Insulza, enfrentó una profunda tensión respecto del rol que debían asumir, mientras unos eran partidarios de que fuese juzgado en España, otros defendían la necesidad de regresarlo, no necesariamente para juzgarlo acá, sino para bajar los riesgos frente a una transición pactada sobre la base de enclaves como era la impunidad.

Estos últimos lograron imponer sus motivos, los cuales fueron revestidos y justificados como la necesidad de actuar de manera correcta, políticamente hablando, en cuanto a relevar la condición de Senador de Pinochet, por un lado, y por otro la soberanía que le cabe a la justicia chilena sobre sus propios asuntos. La apelación a lo políticamente correcto no es sinónimo de lo políticamente justo, la corrección es una acción que se mide siempre en relación a un contexto, es un acto que hace respecto de la valoración que realizan otros de tal acción, a diferencia de lo Justo, que constituye un valor consensuado universalmente, lo correcto es siempre en relación a algo, es por ello que es contingente. La transición, la política de los acuerdos, las postergaciones en materia de reparación para víctimas de DDHH, la no investigación del traspaso de las empresas públicas a manos privadas durante la dictadura, el dejar casi intacto el modelo económico, entre otras cosas que caracterizaron los años posteriores al triunfo del NO, se revistieron de corrección política como justificación de la ausencia de justicia, sea ésta última social, política o legal.

Se impuso forzosamente como un valor de la política “lo correcto” y no “lo justo”, germen de la desafección ciudadana conforme a lo apropiado. Propiciando una suerte de neo-cinismo, de doble estándar, esto de pensar que las declaraciones políticamente correctas bastan para mostrar integridad, mellando la confianza de las personas en la función política, al punto que asistimos sorprendidos a la emergencia de personajes refractarios de los valores que constituyen nuestra sociedad, presentándose como alternativas de credibilidad por usar un lenguaje políticamente incorrecto, relevando de contrabando antivalores, o derechamente posiciones de corte fascista, amparados en la pérdida de confianza de los actores políticos, dirigenciales y de la crisis de credibilidad de las instituciones.

Una lección que debemos sacar de lo que fue la detención de Pinochet en Londres es que la necesidad de aplicación de la Justicia en el sentido absoluto del término no puede estar sujeta a cálculos menores, contingentes ni bajo la amenaza de poderes extrainstitucionales y al margen de la democracia. Las generaciones futuras evaluarán estos tiempos en función no de lo que dijimos, ni publicamos, sino de lo que efectivamente hicimos como sociedad y pueblos para detener el avance de la impunidad, el neoliberalismo y en el presente la amenaza fascista.