Abusos sexuales y encubrimientos en la Iglesia. Seguidilla de fraudes y uso irregular de dineros fiscales en el Ejército.

Equipo ES. En una situación inédita, dos de las instituciones más poderosas del país, el Ejército y la Iglesia Católica, se han visto envueltas durante los últimos años en una serie de irregularidades y escándalos que mantienen a varios de sus miembros con investigaciones judiciales abiertas, otros procesados y varios ya sancionados.

Hechos que coparon las vitrinas noticiosas y que fueron y son materia de análisis para académicos, columnistas y especialistas en dichos temas. La opinión pública se fue informando de esos episodios escalonadamente, hasta establecerse que miembros tanto del Ejército como de la Iglesia andaban en malos pasos.

En el caso de los militares tienen a su haber carpetas investigativas abiertas por temas de fraude a la Ley Reservada del Cobre, norma que aunque ya no es secreta sigue entregando varios miles de millones de pesos a las Fuerzas Armadas, cuyos recursos fueron saqueados y mal utilizados por personal del Ejército, sobre todo altos oficiales.

El gran destape de este tipo de ilícitos fue el Milicogate, investigación que demostró cómo se defraudaban los recursos del Estado a través del pago de boletas y facturas a proveedores falsos. Con esa práctica el desfalco llegó a los 6 mil millones de pesos -entre los años 2009 y 2014-, los que fueron invertidos en viajes, casinos de juegos, cirugías plásticas y grandes fiestas a manos de uniformados de diferentes rangos.

Este caso está siendo investigado, por un lado, por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, y por otro, por la fiscal del Ministerio Público, Ximena Chong. También en el Parlamento se creó una Comisión Investigadora que se cerró en 2016 y que recomendó elevar la fiscalización del uso de dichos recursos y cambiar la manera de financiación, entre otras cosas.

En ese marco, la justicia sancionó al cabo Juan Carlos Cruz a una pena 12 años por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado. Además, el uniformado deberá pagar una multa de más de 138 millones de pesos. Asimismo, se condenó por el mismo delito a la sargento Liliana Villagrán a 10 años y un día de presidio y al pago en una multa similar a la de Cruz.

El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, también está siendo investigado por fraude al Fisco con diversas aristas. Las alarmas se encendieron al registrarse millonarios movimientos en varias cuentas bancarias, sumados a la fuerte alza que experimentó el patrimonio del ex general y su familia. Entre 2010 y 2015 en una sola cuenta en el Banco de Chile hizo depósitos en efectivo de 2 mil 118 millones de pesos. En 2008 poseía ocho cuentas en los bancos BCI, Security, de Chile, Scotiabank y BBVA, al mismo tiempo compró múltiples autos de lujo y propiedades, todo mientras percibía un sueldo de alto oficial que bordeaba los 2,5 millones de pesos.

A ello se sumó una querella criminal que presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra del ex comandante en jefe, en calidad de autor de fraude al Fisco, a raíz de la millonaria compra de un avión, por eventuales irregularidades en el proceso de licitación y posible sobreprecio (9,3 millones de dólares). Asimismo, está siendo investigado por la realización de 206 viajes nacionales en aviones institucionales. De ellos, 30 tuvieron como destino La Serena, con un costo de 33 mil 670 dólares, poco más de 20 millones de pesos. En cuatro de esos viajes a la Región de Coquimbo, fue acompañado por familiares directos, los cuales el Ejército no ha podido justificar.

“El Ejército de Chile carece de la documentación que permita confirmar que los viajes revelados a la ciudad de La Serena y a otras localidades cercanas, a través de transporte aéreo institucional y vehículos fiscales, hubieren sido efectuados en cumplimiento de los deberes propios del cargo de Comandante en Jefe”, señala un informe firmado por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.

Fraude en uso de pasajes al extranjero

En el marco de los viajes, en los últimos meses, se destapó otra línea del fraude a la Ley Reservada del Cobre, donde estarían involucrados varios coroneles y generales, quienes compraban pasajes con cargo al Ejército. Luego, y utilizando agencias de viaje, cambiaban los destinos originales para acudir a otros, con fines de vacaciones familiares. En ese contexto se levantaron cargos en la justicia militar en contra de Sergio Vásquez Undurraga y Rodolfo Hidalgo Fariña.

A mediados de 2012, el ex coronel Sergio Vásquez viajó a Washington para asumir como Agregado del Ejército en Estados Unidos. Sin embargo, antes de llegar a destino estuvo 10 días en Miami con su familia, con cargo al erario fiscal. Esto significó un gasto cercano a los 16 mil millones de dólares. Al año siguiente, en 2013, Vásquez hizo el mismo operativo, pero esta vez, para hacer un viaje a Punta Cana, donde también se incluyeron familiares.

En esa investigación ya declaró durante ocho horas el general del Ejército, John Griffiths, segundo al mando de la institución y Jefe del Estado Mayor General. Respecto a ese interrogatorio el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, indicó que “nos afecta que una ministra cite a la segunda antigüedad del Ejército, el general Griffiths, en calidad de imputado, obviamente que afecta”.

Estos hechos, igualmente, están siendo investigados en la Cámara de Diputados donde se abrió una a Comisión Investigadora sobre irregularidades en adquisiciones del Ejército, la cual ya contó con la presencia del contralor Jorge Bermúdez, quien informó que en 2016 y 2017 se ordenó instruir diez sumarios por parte del Ejército y uno que fue llevado por Contraloría. Y recalcó que hay tres juicios de cuenta por más de mil millones de pesos, cuyos antecedentes se han entregado al Ministerio Público.

“Hay pago de sobreprecios y fraccionamiento de compra pública (…) Eso obviamente es muy grave, eso es una práctica que nosotros también detectamos”, apuntó el Contralor.

Como si estos casos fueran pocos, hace algunos unos meses la Fiscalía Centro Norte y la Corte Marcial están investigando la existencia de presuntas facturas duplicadas por 200 millones de dólares en la contabilidad del Ejército, a través de la Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (Famae) como intermediaria de las compras bélicas del Ejército, ya que la estatal tiene menos controles administrativos.

Los sacerdotes

La Iglesia Católica zafó por varios años el tema de los abusos sexuales y las responsabilidades y encubrimientos de estos. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo durante este 2018, llegó la oscuridad para la institución religiosa que tuvo que celebrar el último Te Deum ecuménico sin la presencia del Cardenal y Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, por su mala actuación ante los casos de abusos, lo que ejemplificó el escenario complejo de esta institución. Ezzati es señalado como principal encubridor, incluso en el Congreso se debatió la revocación de la nacionalidad por gracia que posee el religioso.

Ni la visita del Papa Francisco a Chile pudo salvar a las decenas de religiosos involucrados directamente en casos de abusos a menores y por sobre todo a los encubridores que hasta hace poco desmentían el conocer los delitos e incluso hablaban de hostigamiento de parte de las policías, reporteros y víctimas, hacia los cristianos.

La situación que vive la Iglesia es crítica y se debe en gran medida a los coletazos que trajo consigo el bullado caso de abusos sexuales a menores cometidos en forma reiterada por el sacerdote Fernando Karadima, quien fue protegido en distintos momentos por las diferentes autoridades eclesiásticas. Cabe recordar que dicho religioso fue condenado en 2011 por el Vaticano por abuso de menores al cese del ejercicio religioso perpetuo y sometido a una vida de oración en un claustro de monjas.

La crisis católica se profundizó con la deslavada visita del Santo Padre en enero de este año en nuestro país. En dicho momento se criticó a Francisco I por la nula condena en contra del hasta entonces obispo de Osorno, Juan Barros, como principal encubridor de los abusos que cometía el sacerdote de El Bosque. Debido a las presiones la autoridad vaticana envió a un representante para que investigara dicho caso, la cual terminó con la remoción de Barros de su cargo.

Otro hecho histórico, post visita de Francisco, que remeció a los católicos fue la renuncia masiva de los obispos integrantes de la Conferencia Episcopal, ocasión en la que pidieron “perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones”.

Al mes siguiente la Conferencia Episcopal publicó la lista con los 40 sacerdotes condenados por la justicia civil y canónica por abusos a menores, de ellos 18 en procesos civiles y 22 en tribunales eclesiásticos.

Junto con ello la Fiscalía Nacional identificó 266 víctimas de sacerdotes y laicos que presentaron denuncias por delitos sexuales, en 18 jurisdicciones del país entre el año 2000 y 2018. De ellas 178 víctimas son niños, niñas o adolescentes, 31 adultos y 57 sin precisar.

Asimismo, la policía informó que allanó 16 edificios de la Iglesia Católica durante este 2018 a lo largo del país, en el marco de las investigaciones por encubrimiento.

En los últimos días como guinda de la torta fue expulsado por el Vaticano el sacerdote Cristián Precht, quien estaba siendo indagado por denuncias de abusos sexuales a menores en el marco del caso Maristas.

La situación de abusos contra menores y de encubrimientos dentro de la Iglesia se abrió definitivamente y no está cerrada. Queda mucho y muchos por investigar y se espera que existan sanciones contra los abusadores y encubridores, tanto al interior de la Iglesia como a nivel judicial.