Texto de Carmen Hertz en acusación a jueces, donde se establecen precisiones y verdades sobre el caso.

Santiago. Pocas veces hemos visto un despliegue tan agresivo de ciertos poderes -formales y fácticos-, para impedir el ejercicio de un prerrogativa democrática como la acusación constitucional. Lo que tuvo lugar acá quedará para la historia: una verdadera colusión expresada, entre otros episodios, en la reunión celebrada en La Moneda entre el Presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema para intervenir y cercenar las atribuciones del Congreso Nacional. Una especie de ‘ejercicio de enlace’ de los tiempos modernos.

La orquestación de esta campaña tiene como punto de partida un argumento falaz: esta Cámara estaría revisando los fallos que concedieron libertades condicionales a seis criminales de lesa humanidad, invadiendo funciones judiciales.

La defensa de los ministros acusados y el coro que repitió cien veces esta consigna sabe que acá no se está revisando fallo alguno, no se pretende enmendarlos, corregirlos ni reabrirlos.

Tienen clara conciencia que si hoy esta Cámara aprueba esta acusación y, más allá, si el Senado declara la culpabilidad de los ministros por notable abandono de sus deberes, los agentes del Estado, responsables de la detención y desaparición de jóvenes de entre 21 y 31 años, seguirán libres en la calle gracias a sus fallos. Pedimos, por tanto, un mínimo de honestidad. Ya que la justicia parece haber quedado postergada por defensas corporativas, al menos es exigible que se hable con la verdad.

En medio de un sinnúmero de inventos y tergiversaciones – con escaso o nulo derecho a réplica- algunos han llegado a decir que esta es la primera vez que la Cámara de Diputados acusa a magistrados por una sentencia.

En 1992 la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional formulada contra los ministros de la Corte Suprema Cereceda, Beraud, Valenzuela y el Auditor General del Ejército Fernando Torres Silva. Uno de sus capítulos se refería a una resolución de la Corte que traspasó arbitrariamente a la Justicia militar el caso del secuestro y desaparición forzada de Alfonso Chanfreau. Precisamente ese fallo transgredió gravemente – como también lo hacen los fallos de los ministros acusados- el artículo 5º de la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Dos fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, en los casos de Lumi Videla y Uribe Tambley-Van Jurick razonaron que la “Corte se encuentra vinculada por la Constitución Política de la República y por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, teniendo el deber constitucional de respetarlos y promoverlos, no pudiendo sustraerse de tal obligación constitucional establecida en las Bases de la Institucionalidad, artículo 5º inciso 2º de la Constitución, sin incurrir en notable abandono de deberes…” Es decir, existe un reconocimiento del propio Poder Judicial sobre la procedencia de una acusación constitucional por no respetar el orden internacional de los Derechos Humanos.

Y aún más un fallo redactado por el ministro Sergio Muñoz el año 2013 señala explícitamente que existe una obligación de todos los jueces incluida la Suprema de ejercitar el control de convencionalidad, es decir mirar la legislación en su conjunto y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos a la hora de la interpretación de las normas en el ámbito interno. Deben ajustar sus fallos a ese orden independientemente de la normativa interna, la responsabilidad de un poder del estado no excluyen al de otro poder. Los tres poderes están obligados a garantizar el derecho.

INALIENABLE DE LAS VICTIMAS A LA JUSTICIA

Esta acusación obedece a un hecho grave, al desconocimiento abierto del derecho internacional de los derechos humanos. No estamos hablando de una resolución judicial sobre un plazo civil o una hipoteca. La conducta de los ministros acusados, expresada en estos fallos, constituye un serio retroceso que alarma a la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó, frente a esos casos, que “la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción.”

Estos fallos de la sala penal desconocen los estándares del estatuto de roma – ley de la república y norma vigente en nuestro derecho, jamás hemos dicho que sea el ‘procedimiento penal chileno como nos imputó uno de los abogados, obvio que tiene que ver con el funcionamiento de la CPI sino que como muy bien deberían saber forma parte de nuestra normativa, fija estándares básicos en términos de los requisitos que deben cumplir las libertades condicionales de esos criminales – en cambio, aplican a delitos de lesa humanidad un tratamiento propio de los delitos comunes. Por lo mismo ha sido invocado por la corte de apelaciones en varios fallos

QUE HAN DENEGADO LAS LIBERTADES

Entonces, lo que está en cuestión, el peligro que acecha es la ilusión de la justicia, la impunidad. Y esto ha quedado mucho más claro cuando diputados de la UDI, el sector político que promovió y aplaudió la política de exterminio, va en auxilio de los condenados de Punta Peuco e intenta una maniobra burda y miserable de intentar inhabilitarme- Son los defensores del terrorismo de Estado los mayores interesados en impedir que la acusación prospere.

Después de décadas de lucha de las víctimas, de los familiares, hemos alcanzado cuotas de justicia. Muchas de las condenas impuestas por graves crímenes contra la humanidad se dictaron a 40 años de perpetrados. Por eso no comprendemos cuando la defensa de los acusados sostiene que acá no se ha facilitado la impunidad.

¿Realmente no se facilitó la impunidad? En estas resoluciones nos encontramos con tres sujetos condenados como autores de la desaparición de Alonso Lazo, de 24 años, a la pena de 5 años y un día, la misma pena que podría recibir el asaltante de una farmacia.

Estos condenados, según los informes de la Comisión de Libertad Condicional, no tienen conciencia alguna del daño causado e, incluso, entienden que simplemente cumplían con sus deberes militares. No alcanzaron a estar tres años en Punta Peuco, porque los acusados resolvieron otorgarles la libertad condicional.

O el caso de Moisés Retamal Bustos, militar condenado a 6 años como autor por la desaparición de tres jóvenes uruguayos, secuestrados en el Cajón del Maipo. Sólo 3 años estuvo privado de libertad.

Es intolerable que el abogado defensor correa sutil pretenda que el brigadier de ejercito Roberto de la Mahotiere, respecto de quien sabemos muy bien se acogió el amparo para que la comisión de libertad condicional revisara su negativa de otorgarle la libertad. Miembro del comando de exterminio que fue la caravana de la muerte, fue solo un piloto encubridor como si hubiera piloteado un avión de línea aérea que transportaba a un par de criminales como pasajeros.

Asimismo, procesado como cómplice del desentierro de las víctimas de La Moneda y lanzamiento al mar desde un helicóptero piloteado por este mismo oficial.

O el abogado defensor Harasic que además de una defensa plagada de descalificaciones e insultos, pretende que la exigencia irrenunciable de justicia se equipara a la venganza, citando en forma manipuladora y mañosa al profesor Lautaro Ríos

Estamos en presencia de una realidad incontestable, de resoluciones que desprecian el más elemental derecho de acceso a la justicia para las víctimas. Nuestro deber es examinar esas conductas que configuran un notable abandono de deberes. Esa es la ponderación que debe hacer esta Cámara y no un juzgamiento sobre trayectorias personales.

Porque el notable abandono de deberes dice relación también con nuestra historia de impunidad. Que vamos a hacer honorables diputadas y diputados con la grieta de impunidad que se abre a través de estas decisiones de la corte suprema.

Tenemos la obligación de mirar si esa decisión contribuye a una situación de impunidad. que al contrario de lo que dicen los abogados defensores no es solo falta de sanción, sino la imposición de penas irrisorias y libertades condicionales sin la concurrencia de los requisitos obligados, y el riesgo es la denominada impunidad crónica.

La gravedad de la decisión tiene que ver con esa visión de los ministros de la corte suprema no solo genera impunidad en los casos concretos, sino que es talvez el último paso para cerrar el tema de los crímenes de exterminio sobre la base de la impunidad. La solución final de la justicia transicional: vamos a juzgar después de 40 años de impunidad de los perpetradores, pero vamos a aplicar la media prescripción y además les vamos a dar libertades condicionales a los dos o 3 años, pese a que son crímenes de lesa humanidad” ya ahí está la grieta de la impunidad.

Miles se han movilizado en estos días en defensa de la memoria, de la verdad y la justicia. Nosotros somos parte de esos miles, estamos con ellos y con las agrupaciones de familiares que han impulsado esta acusación. Tenemos un deber ético que no cederá a otras consideraciones.

Esperamos que las fuerzas democráticas estén también del lado de la justicia y acompañen esta lucha incansable, que arranca desde la más profunda concepción del ser humano. Este es el momento decisivo para frenar la impunidad. Estamos en la segunda década del siglo XXI.