Casos del ex Comandante en Jefe indagado, del llamado Milicogate y de numerosos jerarcas y curas de la Iglesia investigados.

Editorial. El Siglo. La Parada Militar y el Te Deum ecuménico de este año se realizaron en medio del conocimiento de escándalos e irregularidades donde están vinculados el Ejército y la Iglesia.

La seguidilla de casos de abusos sexuales, nuevos antecedentes contra sacerdotes y encubrimientos, asola a la Iglesia. Nuevas situaciones de uso indebido, sino ilegal, de dineros fiscales, golpean e involucran a altos oficiales del Ejército y se suman al Milicogate e investigación a un ex Comandante en Jefe por posibles delitos financieros.

Todas son situaciones en que están en curso procedimientos policiales y procesos judiciales, lo que objetiva aún más la gravedad de los hechos dentro de la Iglesia y el Ejército.

La opinión pública está al tanto y no para de recibir noticias sobre estos temas, como la reciente expulsión de la Iglesia de un conocido sacerdote y la citación judicial al Jefe del Estado Mayor, el segundo en la cadena de mando del Ejército, por usos irregulares de dineros, probablemente por parte de generales y coroneles en viajes al exterior.

Donde hay dudas en la opinión pública, poca o confusa información, es en cuanto al real esclarecimiento de estas graves anomalías y delitos, y sobre sanciones legales e institucionales que se apliquen contra los responsables, procesados y finalmente condenados por casos de abuso sexual contra menores y robo o mal uso de dineros públicos.

Hay una percepción de que “al final no pasa nada”, y aquella frase de “las instituciones funcionan”, se vuelve una falacia.

Se observa mucha información sobre los sucesivos episodios y las denuncias, pero escasa claridad sobre el término o no de los procesos y si realmente hay sancionados.

Las comisiones investigadoras en el Parlamento parecen diluirse sin entregar a la población informes precisos y muchas cuestiones se eternizan. Muy pocos parlamentarios y dirigentes políticos parecen darle seguimiento a estas situaciones, salvo una que otra declaración cuando pregunta algún reportero. El Gobierno anda por los mismos canales.

En concreto, falta transparentar el resultado de las investigaciones y esclarecer las sanciones que se aplican o no se aplican.

Esto se ve en los casos del ex Comandante en Jefe indagado, del llamado Milicogate y de numerosos jerarcas y curas de la Iglesia investigados e inclusive hallados culpables de abusos y encubrimiento.

En situaciones como estas no son suficientes “los gestos” o “las señales”. Lo que se requiere son procesos judiciales claros y nítidos ante la opinión pública, y resultados concretos respecto a los responsables de cometer delitos e irregularidades. Esto tanto en el plano interno de la Iglesia y el Ejército, como en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial.

En este marco, por lo demás, se puede instalar la tesis de la impunidad, ya que al final de cuentas la ciudadanía no accede a la verdad y no ve aplicación de justicia.

Dilatar los procesos, la pasividad parlamentaria, procedimientos eternos, cierre de ojos del Gobierno, omisiones en los medios de prensa y dejar sin condena a procesados que se les consigna responsabilidad, puede ser un mal camino en los escándalos del Ejército y la Iglesia.

Es imprescindible que ante esos episodios de suma gravedad y que impactan en la población, existan respuestas y conclusiones bien definidas y en plazos prudentes. Es un camino que permitiría a esas dos instituciones labrar el recobro de su prestigio y credibilidad. O al menos una parte de ello.