Diputado PC Daniel Núñez, miembro del Movimiento Litio Para Chile, remarcó que “el Estado cedió frente a empresa que actúa como corruptor de la política”.

 Daniela Pizarro Amaya. Periodista En entrevista con El Siglo, el diputado del Partido Comunista y miembro del Movimiento Litio Para Chile, Daniel Núñez, se refirió al acuerdo que hace algunos días firmó la Corporación de Fomento (Corfo) y Soquimich (SQM) para explotar el litio chileno. La negociación, que fue liderada por el vicepresidente ejecutivo del órgano estatal, Eduardo Bitrán, aumentó la cuota de extracción del mineral a 349.553 toneladas -sumados a los 64.816 de un de un acuerdo anterior- para SQM, es decir, la privada aumentó seis veces su explotación hasta el 2030 con posibilidades de prolongarse por más tiempo. (Detalles del acuerdo en páginas 4 y 5)

¿Corfo tenía otro camino para no llegar a un acuerdo con SQM para la explotación del litio?

Lo que nosotros hemos planteado es que el camino que debía seguir Corfo era el mismo que ha seguido los últimos dos o tres años y que tiene relación con entrar al litigio con SQM y ganar esa contienda judicial para poner término al contrato de arrendamiento que tiene la empresa en el Salar de Atacama. Es decir, cualquier opción que llevara a hacer un acuerdo con SQM y que no implicara terminar el contrato, es dejar el litio y todos los recursos minerales que hay en el salar en manos de una empresa que ha sido el principal agente corruptor de la sociedad chilena. Por lo tanto, ningún acuerdo que le permita a SQM seguir en el salar de Atacama puede ser un buen acuerdo, aunque eso sea revestido con el pago de millones de dólares (al Estado) y un montón de argumentos que entrega Eduardo Bitrán que esconden lo de fondo, que es que el Estado chileno cedió frente a una empresa que actúa como corruptor de la política. Se legitima la corrupción y se otorga miles de millones de dólares como premio a una empresa que tiene vigentes varios juicios por financiamiento ilegal de la política y cohecho. Frente a eso, hay un solo camino que es defender los intereses de Chile y poner término al contrato que tiene Corfo con SQM.

¿Este acuerdo fue avalado por el Gobierno?

Es muy difícil que Bitrán haya actuado en esto sin ningún tipo de aval a nivel de Gobierno. Quiero pensar que la Presidenta Michelle Bachelet delegó esta materia en su equipo económico y que no conoce los detalles, pero francamente creo que la Presidenta tiene todavía la oportunidad de cuestionar esta situación, de ilustrar a su equipo económico las consecuencias políticas gravísimas que conllevará esto, de cómo el legado de Bachelet se verá manchado con este acto de corrupción, porque este nuevo contrato entre Corfo y Soquimich es un acto de corrupción. Creo que esto si bien está en conocimiento de Gobierno, no creo que esté en conocimiento de la Presidenta, por lo tanto, tengo la esperanza de que ella eche pie atrás en esto.

¿Se puede revertir?

Tengo esa expectativa y vamos a tomar todas las medidas políticas, legales y administrativas para intentar revertir esta situación.

¿Qué caminos quedan después de la firma del contrato?

Este acuerdo fue firmado en los términos del tribunal arbitral de la Cámara de Comercio, por lo tanto, tiene que ser ratificado por el Consejo Corfo y para eso hay 120 días de plazo. Mientras no sea ratificado por ellos, no es un acuerdo institucional y sería declarado inválido, por lo que la lucha que nos queda ahora es presionar a Corfo y a los actores públicos que participan de este Consejo para que no respalden este convenio. En eso es muy importante el pronunciamiento del Gobierno, en ese sentido, esa es la opción política-administrativa, pero en paralelo nosotros vamos a estudiar todos los caminos legales, que pueden ser recursos en la Contraloría o en los tribunales de justicia para invalidar un acuerdo con consecuencias políticas, jurídicas y administrativas nocivas para el país, por ello creemos que esta batalla no está resuelta.

¿Cuáles son las consecuencias que tendrá para Chile este acuerdo?

Las consecuencias son múltiples; una es la pérdida de la posibilidad de industrializar la economía, pero lo más grave es que con esto Chile legítima la corrupción y le entrega una señal a los delincuentes de cuello y corbata, les dice que aunque comentan los peores delitos no se deben preocupar porque después el Estado les hará pagar una suma de millones (de multas) y podrán seguir estafando y sobornando a quienes quieran. Lo que estamos viendo ahora es cómo una empresa corrupta obtiene beneficios incalculables y eso produce un daño moral y ético irreparable a la sociedad chilena. Entonces, después no podremos alegar por el fraude de Carabineros o por cualquier otro, porque la señal que como Estado estamos entregando es que aunque se corrompa, estafe o engañe, los poderosos seguirán enriqueciéndose y no tendrán condena alguna, excepto el pago de pequeñas multas en comparación con las ganancias que obtienen. Por tanto, las consecuencias políticas serán inmensas porque se ampliará mucho más la brecha entre la ciudadanía y el mundo político.

Considerando la explotación que ya hace una trasnacional (Albemarle) y ahora lo de SQM, ¿podemos hablar de que se fraguó la usurpación del lito?

Por supuesto. En el caso de Chile, el 90% del litio en condiciones de ser explotado y que representa las mejores condiciones de mercado está en el Salar de Atacama, por lo tanto, el hecho que ya se haya hecho un acuerdo con Albemarle -donde se le amplió la cuota de extracción- quiere decir que parte importante del litio se entregó a una empresa transnacional y ahora el acuerdo con SQM anula cualquier posibilidad de que el Estado, a través de una empresa pública, explote el litio en el Salar de Atacama. Con esto se le pone la lápida a la posibilidad de haber utilizado el litio para industrializar la economía chilena, porque no hay ninguna posibilidad de que estas empresas industrialicen el país si no hay políticas públicas, si no hay un rol activo del Estado, si no hay una empresa estatal que busque atraer inversiones con valor agregado en Chile. Es evidente que aunque el acuerdo Corfo nombre generalidades de valor agregado, eso no tiene ninguna viabilidad en el marco de las empresas transnacionales cuyo interés es sacar el recurso al menor costo posible y traspasarlo a sus empresas que tienen sus casas matrices en otros puntos del planeta. La posibilidad real de usar el litio para industrializar el país estaba dado por un control estatal vía empresa pública y eso hoy se mata. Lo peor de todo no es que se mata de aquí al 2030, porque el acuerdo agrega que en 2029 habrá una nueva licitación, por lo tanto el litio y todos los recursos quedan enajenados no solo por 12 años sino que quizás por 10 0 25 años y quizás más.

¿La opción de la empresa nacional del litio desaparece?

La viabilidad desaparece absolutamente, porque el proyecto de ley de la empresa nacional del litio era en las pertenencias de la Corfo en el Salar de Atacama que son las que hoy día arrienda Soquimich, las mismas que por el momento están licitadas hasta 2030 con posibilidad de ampliarse en el tiempo, es decir, con eso se extingue cualquier posibilidad de un uso soberano del litio en una perspectiva de superar un modelo rentista y extractivista. Las consecuencias son devastadoras para quienes tenemos una mirada anti neoliberal y queremos otra opción de desarrollo para Chile. Además, con esto las ganancias para SQM serán exorbitantes.

En el convenio se estableció como medida de garantía la salida de Julio Ponce Lerou del directorio de SQM ¿Aquello es realmente garantía de algo?

Se mostró como un gran logro que Ponce Lerou ni familiares puedan estar en el directorio de SQM, pero ese es un tema menor, porque mantiene el control económico de la empresa, él sigue siendo el principal propietario y aunque no esté en el directorio va a seguir recibiendo los millones de dólares de ganancias que produce la explotación del litio. Sigue estando en el centro que la única consecuencia que sufre Ponce Lerou por hacer todo tipo de delito de corrupción es seguir haciéndose más millonario. Además, tengo las sospechas que él -como lo ha hecho toda su vida- encontrará la manera de evadir esta cláusula para seguir manteniendo el control total de la empresa.

Junto con eso se incorporó una futura participación de Codelco en la explotación ¿Esa también es una trampita?

Si, también es una trampita porque se habla de que Codelco podría participar en las pertenencias mineras de Soquimich para explotar el litio en el Salar de Marincunga, pero Codelco ya tiene pertenencias mineras en ese salar, por tanto, no necesita a SQM para hacer la explotación. Entonces, cuando se dice que Codelco se asocia a Soquimich nuevamente es para que la privada utilice a Codelco para enriquecerse y en este caso se limita o se pone una traba para que la estatal actúe autónomamente en un salar que tiene un potencial menor y que está muy amenazado por la presencia de privados. Es absolutamente innecesaria la mención que se hace en este acuerdo a Codelco, porque si hubiese que haber una mención sería para que SQM entregue todo lo que tiene en Maricunga para que lo explote Codelco.

 “Una consecuencia política directa del triunfo de Piñera”

¿Cómo ve el rol que jugará el Gobierno de Sebastián Piñera en el marco de este conflicto?

Bueno, sabemos que un Gobierno de derecha no tenemos ninguna posibilidad de pensar en un camino distinto a través de una empresa pública. Además, Bitrán ha dicho en medios de prensa que él habría tomado contacto con el equipo económico de Piñera y ellos estarían de acuerdo con esta decisión. A mí me resulta curioso que este acuerdo se activa y se hace público después del resultado de la segunda vuelta, yo veo esto como una consecuencia política directa del triunfo de Piñera en que los sectores más neoliberales de la Nueva Mayoría optan por dar pasos decididos con las alianzas con los grupos económicos chilenos y eso nosotros no lo vamos a permitir, porque ese no será el sello ni el legado que nos deje el Gobierno de la Presidenta Bachelet.

¿Cuáles son los pasos que seguirá el Movimiento Litio para Chile?

Tenemos que cruzarnos en este escenario y para eso nos reuniremos con los técnicos, académicos y dirigentes que conforman la organización. Pero acá es fundamental la respuesta del mundo social porque en la medida que esta demanda, de usar los recursos naturales para Chile, no sea una lucha de la ciudadanía es muy difícil que solo con las reacciones del mundo político podamos parar un proceso de esta envergadura, entonces el llamado que haremos como movimiento será a organizarnos y a salir con más fuerzas a demostrar nuestro descontento.