Diputada Cariola presentó  indicación en Presupuesto 2018 para cortar  subsidio a empresas operadoras que tengan sociedades en paraísos fiscales.

Vale Hume. Periodista. A principios de noviembre, una investigación de Ciper Chile reveló que Alsacia mantenía un complejo sistema de sociedad en las Islas Bermudas, considerada como un paraíso fiscal, que eventualmente les permitiría evadir impuestos.

Esto, porque mientras reportaba una crisis financiera en nuestro país y solicitaba un rescate por parte del Estado para su funcionamiento, en forma paralela realizaba transacciones a empresas relacionadas por cerca a los 8 mil millones de pesos. Todo esto, operado desde las empresas en el extranjero.

“Entre 2013 y 2016, los montos que pagó Alsacia a empresas de su misma propiedad por servicios complementarios al giro de transporte de pasajeros, se dispararon de $7.979 millones (US$12,6 millones) a $35 mil millones (US$55,2 millones)”, sostiene el reportaje.

Ante esto y en el marco de la discusión presupuestaria para el 2018, la diputada comunista Karol Cariola ingresó una indicación a nombre de la colectividad que busca cortar todo subsidio a empresas operadoras del Transantiago que tengan sociedades en los llamados paraísos fiscales.

“Queremos que la riqueza producida en el país vaya en beneficio de  todos los chilenos y no de uno pocos. La Presidenta Bachelet ha buscado terminar con este sistema de desigualdad que  tenemos en nuestro país”, sostuvo la parlamentaria durante la discusión en Sala del Presupuesto 2018.

La diputada que fue reelecta por el nuevo Distrito 9 añadió que “no puede ser posible, por ejemplo, que existan informaciones sobre la existencia del uso de paraísos fiscales por una de las empresas que hoy tiene la licitación del Transantiago, que están evadiendo impuestos en nuestro país, recursos con los cuales perfectamente podríamos estar financiando, por ejemplo, la rebaja del transporte público para los adultos mayores”.

La indicación sostiene que “con cargo a este subsidio no podrán transferirse recursos a aquellos prestadores de servicios de transporte público remunerado de pasajeros que tengan, por sí o a través de sus personas relacionadas, sociedades registradas en uno de los países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, de conformidad al Decreto Supremo Nº 628 de 2003, del Ministerio de Hacienda”.