Hubo coincidencia entre analistas que se trató de un estallido espontáneo y sorpresivo en su carácter global y expresión de “una molestia social” que se convirtió en protesta emanada de barrios, escuelas, poblaciones, comunidades, colectividades de la sociedad civil en diferentes escalas. Chile enfrentó “la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura”. Algunos datos del descontento.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/2019.. “¡Nos cansamos!”. “¡Basta de abusos!”. “Nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo”. “Piñera renuncia”. Palabras escritas en pancartas que sinterizaron lo que la gente siente y piensa, y que se vieron en los álgidos y vertiginosos días que se iniciaron el lunes 14 de octubre y que se convirtieron en una revuelta a partir del 19 del mismo mes. Nadie desconoció que se trató de “un estallido social”. Fue de gran magnitud popular, de amplia extensión territorial y enorme amplificación de la demanda ciudadana.
En las manifestaciones de diverso tipo se vio a estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores y pobladores, mujeres y profesionales, personas de diversa condición socioeconómica. Cacerolazos, barricadas, bocinazos, marchas, protestas, evasiones, actividades culturales, se efectuaron prácticamente en la totalidad de las 52 comunas de la Región Metropolitana donde, de acuerdo a cifras extraoficiales, habría participado al menos el 30% de sus siete millones de habitantes. Se constató revuelta social en 12 de las 16 regiones del país; en decenas de ciudades de Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Región de O’Higgins, Maule, La Araucanía, entre otras.
Hubo coincidencia entre analistas diversos que se trató de un estallido espontáneo y sorpresivo en su carácter global y expresión de “una molestia social” generalizada que se convirtió en protesta emanada de barrios, escuelas, poblaciones, comunidades, colectividades de la sociedad civil en diferentes escalas.
Junto a eso, los llamados y posicionamientos de organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, Confederación de Estudiantes de Chile, Cumbre de los Pueblos, Coordinadora No+AFP, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Federación de Colegio Profesionales, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, entre decenas de otras más. La Huelga General y la Protesta Nacional surgieron como parte de la revuelta popular. Miles de chilenas y chilenos en plazas, calles, avenidas, lugares públicos, comunas de alrededor del 80% del territorio, protestaron en caceroleos, cortes de avenidas, manifestaciones pacíficas, marchas.
Por cierto, enfrentando a las fuerzas represivas representadas de manera violenta y agresiva por Carabineros y el Ejército. Como suele ocurrir en estas situaciones de expresiones masivas y espontáneas, aparecieron hechos violentos, saqueos, incendios, quema de buses y estaciones del Metro, en el “Santiagazo” que generó una situación de caos y descontrol.
Se evidenció “rabia contenida”
De acuerdo con un comunicado de “Unidad Social”, que agrupa a decenas de organizaciones sociales y sindicales, Chile enfrentó “la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura”. Se añadió que “el estallido social detonado por las alzas de la locomoción colectiva (puso) en evidencia la rabia contenida y el descontento por las políticas impulsadas en las últimas décadas”.
Según el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, es con la agenda de este gobierno de derecha que se agudizan “los patrones excluyentes del neoliberalismo en ámbitos como pensiones, educación y sistema tributario, que buscan favorecer a los súper ricos”.
Explosionó una olla a presión llena de frustraciones, enojos, molestias, rebeldías, que fue gatillada por una más de las continuas alzas de los pasajes del Metro y el Transantiago.
Datos del descontento
En medio de las jornadas de protesta se recordó que más del 50% de los asalariados del país gana 400 mil pesos al mes, que los ingresos de los jubilados es de 200 mil pesos mensuales como promedio; que en el último tiempo los sueldos no subieron ni en un 2%; la luz subió un 10% y andar en el tren subterráneo implica un 21% del salario mínimo al mes. El 30% de chilenas y chilenos está endeudado y las deudas subieron un 12%. La pobreza multidimensional en el país es de 20%. Chile es de los países más desiguales a nivel mundial y ocupa primeros lugares en lo caro de las medicinas, arriendos, transporte, educación y salud.
Se agrega como dato del malestar, que el 1% de la población se lleva el 30% de la riqueza nacional. El crecimiento de la riqueza privada fue del 3%. La gente tiene en su retina abusos y contrasentidos. La impunidad y bajísimas sanciones a los empresarios y directivos de consorcios que evadieron impuestos y contribuciones (entre ellos el Presidente Sebastián Piñera), que cometieron delitos financieros y pagaron ilegalmente a parlamentarios y campañas electorales, como los casos de Penta y Soquimich,; los que se coludieron en las farmacias, consorcios de pollos, supermercados, papel higiénico, para engañar y estafar a los ciudadanos. Las continuas burlas de ministros y subsecretarios de este gobierno, como aquello de que la gente hace vida social en los Consultorios, que los trabajadores deben madrugar para pagar menos en el Metro o que hay que ponerse románticos porque bajó el precio de las flores. El año pasado las utilidades de grandes empresas llegaron a 21 mil 673 millones de dólares, sin que significara algo para la gente. Las AFP, las Isapres, los bancos, que tienen denuncias de abuso de los ciudadanos, tienen multimillonarias ganancias.
Una agenda de soluciones
Así, el sociólogo Carlos Ruíz apuntó que “esta explosión de ira social se relaciona principalmente con la privatización extrema de la vida cotidiana: salud, educación, pensiones, agua…”
De allí que en el contexto de este estallido por los demandas sociales, desde distintos sectores se llamara a refundar la agenda social y a apuntar hacia cambios estructurales que posibiliten atender temas en ámbitos de salarios, empleo, pensiones, salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros.
El senador Felipe Harboe dijo que “es momento de definir una agenda de transformación social”. Desde “Unidad Social” se hizo “un llamado categórico a la oposición y el progresismo a que de una vez recojan y legislen considerando las demandas populares y actúen por el bien del país con criterios de unidad en torno de las exigencias y gravedad del momento”. En esa línea, se reposicionó la demanda de vanzar hacia una nueva Constitución que permita esos cambios de fondo y que garantice derechos a las y los ciudadanos.
Existirían especulaciones y análisis respecto a cómo seguirá esta situación, pero lo claro es que las demandas sociales están sobre la mesa y ahí continuarán.