Siguen sin conocerse el paradero de más de mil detenidos desaparecidos producto de acciones represivas de elementos de las FFAA y Carabineros, y hay pocas resoluciones respecto a los responsables de más de 400 víctimas de daños oculares por actuación de Carabineros. Persisten temores por actuación de Carabineros en movilizaciones sociales. “En nuestro país la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Estado continúa”, afirmó la abogada de derechos humanos y diputada, Carmen Hertz. De los partidos institucionales, al menos cuatro de ellos no reconocen la política de terrorismo de Estado de la dictadura, constantemente torpedean el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, están por quitar presupuesto públicos a Sitios de Memoria y no tienen posturas definidas respecto al esclarecimiento del destino de víctimas de la represión estatal. El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, destacó que “el trabajo realizado por los Tribunales actuales ha sido encomiable y fructífero” y se constata en que siguen saliendo condenas a violadores de DDHH, pero indicó que “seguimos en deuda con las violaciones a los derechos humanos del estallido social”. Están latentes las 40 recomendaciones que entregó este año el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Chile, que incluyó preocupación por “uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales, derecho de reunión pacifica, derecho a un juicio justo e independencia judicial, derecho a la no discriminación, lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, a la igualdad de género, violencia contra la mujer”. El presidente de la CChDH, Alonso Salinas, expresó que “o avanzamos a la realización de los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales o, por el contrario, continuamos el camino al abismo donde nos consuma la pobreza, el endeudamiento, la violencia y los vicios, la destrucción de la familia”.
“El Siglo”. Santiago. 10/12/2024. En Chile hay más de mil detenidos/das desaparecidos/das de los cuales no se conoce su paradero, y que fueron víctimas de acciones represivas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Hay pocas resoluciones respecto a los responsables de más de 400 víctimas de daños oculares por actuación de Carabineros. Continúan prófugos 16 agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y decenas de ellos cumplen condena en una cárcel especial dotados de privilegios. De los partidos institucionales, al menos cuatro de ellos no reconocen la política de terrorismo de Estado de la dictadura, constantemente torpedean el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, están por quitar presupuesto públicos a Sitios de Memoria y no tienen posturas definidas respecto al esclarecimiento del destino de víctimas de la represión estatal.
Pese a una constante de autoridades políticas de estar preocupadas de la situación de derechos humanos en otros países, no se ve la misma intensidad respecto a la situación en Chile, muchas veces guardando silencio o postergando políticas públicas más asertivas.
La diputada y abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, señaló a ElSiglo.cl que “lamentablemente en nuestro país la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Estado continúa” y añadió: “A mi juicio, las política públicas de memoria de todos los gobiernos pos dictadura han sido deficientes, no hay una verdad social compartida, la justicia ha sido demasiado tardía y, por tanto, hay una memoria estéril”.
Valoró el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y dijo que “espero que el método de exterminio que se implementó sea un objetivo de ese plan”.
Durante 2024, entidades académicas, de DDHH y sociales hicieron ver la necesidad de atender situaciones que van prevaleciendo en el país como la impunidad respecto a casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en tiempos recientes, poco avance en procesos judiciales hacia agentes del Estado acusado de esos delitos, violencia contra mujeres, adolescentes y niñas y niños, trata de personas, y garantías de no repetición que se otorguen a nivel país.
Para el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, “Chile en materia de violación a los derechos humanos de la dictadura llega bien aspectado este año 2024. El trabajo realizado por los Tribunales actuales ha sido encomiable y fructífero, Cada día la Corte Suprema emite fallos condenatorios contra los agentes del Estado”.
Señaló que “es bueno ver lo que pasa en Argentina, en que se intenta liberar a los pocos presos que existen en esta materia. Chile, en cambio, tiene Tribunales que siguen condenando”.
Caucoto precisó: “Eso en materia de crímenes de la dictadura. Seguimos en deuda con las violaciones a los derechos humanos del estallido social”.
Precisamente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NU), en sus conclusiones sobre Chile dadas a conocer este año, indicó que se “observó con preocupación que un gran número de violaciones de derechos humanos se cometieron en el contexto de un ‘estallido social’ debido al uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza y la brutalidad por parte de la policía y las fuerzas armadas. Lamentó que sólo unos pocos casos hayan sido tramitados formalmente y hayan dado lugar a condenas. El Comité instó a Chile a establecer un mecanismo de control para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las operaciones de aplicación de la ley, asegurar la rendición de cuentas en todos los niveles, garantizar que las víctimas reciban reparaciones integrales y considerar adoptar una ley sobre reparaciones integrales”.
El Comité emitió 40 recomendaciones al Estado de Chile, “en las numerosas materias tratadas, entre ellas, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales, derecho de reunión pacifica, derecho a un juicio justo e independencia judicial, derecho a la no discriminación, lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, a la igualdad de género, violencia contra la mujer, interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos, niños con variaciones de las características sexuales (intersexuales), la trata de personas, prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y terrorismo”.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Alonso Salinas García, consultado por ElSiglo.cl, expresó sobre la instalación de la Declaración Universal de DDHH de la ONU que “algo que especialmente nos compete al recordar que uno de sus redactores más relevantes fue un connacional, el abogado Hernán Santa Cruz, quien abogó y logró junto a otros juristas de la consideración de los requisitos materiales para el ejercicio de todo derecho consustancial a la condición humana: la libertad, la asociación o la vida misma, me refiero, a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, condición definitiva de la paz social y la vida civilizada en un Estado de Derecho”.
Agregó que “esto no es anecdótico, pues el sistema internacional de Derechos Humanos tiene como fundamento la dignidad intrínseca de la persona y busca ser una herramienta para la paz social, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su Preámbulo señala que, ‘considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión’. El derecho a la rebelión se funda justamente ante el régimen injusto, si no hay justicia, no hay campos fértiles para cultivar la paz, solo un desierto”.
“En Chile, esto justamente tiene una pertinencia ineludible, hoy en día sigue plenamente vigente los fundamentos del denominado ‘estallido social’ o ‘revuelta popular’”, expresó el presidente de la CChDH, “pues nuestro ordenamiento jurídico y sistema económico se funda en el oxímoron de que a través del egoísmo irracional, la competencia desenfrenada y las reglas del laissez faire llegaríamos al bien común, de que abundaría la riqueza para todas las personas, pero por el contrario, la realidad expone sin derecho a réplica que el ejercicio ciego de la libertad no da lugar a bienestar, que la propiedad privada no garantiza el desarrollo de las personas y que el mercado con sus criterios utilitarios de lucro infinito no protegen a los consumidores, a los trabajadores y en general, a toda la sociedad”.
Alonso Salinas manifestó: “Nos encontramos en la encrucijada de una sociedad apática y convulsa que es el cultivo virulento de una enfermedad terrible, una que amenaza a la cohesión y paz social. Este 10 de diciembre haría bien recordar a los políticos de la derecha y la izquierda liberal que su tecnocracia, su aval a los valores del individualismo y sus políticas privatizadoras se contraponen al carácter social de la persona, como también, entorpecen su realización al privarla del goce efectivo de sus derechos innatos. O avanzamos a la realización de los Derechos Humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales o, por el contrario, continuamos el camino al abismo donde nos consuma la pobreza, el endeudamiento, la violencia y los vicios, la destrucción de la familia y, en general, la pérdida definitiva de nuestra Nación en los albores de la barbarie fracasada del proyecto neoliberal”.