Entrevista a Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD

“Cualquier modelo heredado de una dictadura va a violar los derechos de las personas”

-¿Qué ocurre con la demanda por Verdad y Justicia y con el “nunca más” proclamado como un objetivo para Chile?

Nosotros, lo que hemos evaluado como organización está directamente vinculado a lo que demanda o tiene que tener como mínimo un país para asegurar el “nunca más”. Ese es el tema de fondo: el “nunca más” significa la no repetición de la violación de los derechos humanos, y por lo tanto se tienen que dar una serie de condicionantes, de hechos concretos que permitan establecer un rechazo y dar una señal potente de que las violaciones de los derechos humanos y el terrorismo de Estado son los crímenes más graves. Y por lo tanto, éstos no pueden volver a vivirse en Chile.

En ese sentido, claro, cuando partimos en el año 90 hay que recordar que en este país se hablaba de la “justicia en la medida de lo posible”; que en este país el poder judicial no investigaba, simplemente aplicaba el decreto ley de amnistía, y que en este país las causas eran mínimas.

Con el paso de los años, y es lo que uno observa y en las estadísticas que entrega el ministerio del Interior, efectivamente hay un número de proceso no menor que están abiertos y que se están investigando en el poder judicial.

Nosotros haremos el análisis mínimo en relación al año 90 y vamos a evaluar qué pasa a casi 20 años del término de la dictadura en lo que se refiere a las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos en general. No sólo las causas de desaparición forzada. Tenemos que señalar que en nuestro país tenemos un informe de una comisión nacional de verdad y reconciliación que registra a las víctimas de desaparición forzada y a las víctimas de ejecución política; tenemos un informe sobre prisión política y tortura que registra efectivamente los sobrevivientes de la dictadura del fascismo. El número, el universo de víctimas son las 30.000 reconocidas por el Estado, pero esta cifra es mayor porque no todas las víctimas han presentado sus denuncias a estas comisiones o no todas fueron calificadas.

-¿Qué diferencias, si las hay, se pueden señalar con los primeros años de los gobiernos post dictadura?

Si uno mira ese universo, uno puede decir que el avance es absolutamente insuficiente. Si a nosotros nos dicen en relación al año 90 ¡vaya que han avanzado las cifras!, es cierto, pero si uno mira a 20 años de terminada la dictadura es absolutamente insuficiente cuando estamos hablando de un universo reconocido por el Estado de cerca de 30.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de ejecuciones políticas, de desapariciones forzadas, de tortura. Eso es mínimo. Por lo tanto, lo que fuimos a hacer a la OEA hace unas tres semanas fue a denunciar que en Chile estábamos viviendo una impunidad soterrada, una impunidad disfrazada.

En las causas particulares de los detenidos desaparecidos hay un número importante que se está investigando, que es lo que espera uno del poder judicial, que es lo que demanda además el derecho humanitario internacional: que se investigue, que se conozca la verdad. Conocer la verdad no es saber el destino final de los desaparecidos: conocer la verdad es saber el nombre e identificar a cada uno de los represores. Los familiares tienen el derecho de saber qué pasó con sus seres queridos. Chile tiene el derecho de saberlo, porque estamos hablando de los delitos más graves donde el Estado, que tiene una función finalmente distinta a exterminar, se convirtió en un genocida. Lo que podemos decir es que hoy no sabemos la verdad total. Nuestra demanda sigue siendo la verdad total y esa verdad total no la tenemos. Y cuando hablamos de justicia plena, hablamos de que aquí las sanciones tienen que ser acordes a lo que señala el derecho humanitario internacional, acordes a la gravedad del delito. Y por lo tanto, si uno observa la actitud que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema, es inaceptable. Se investiga, se condena y es el argumento que tienen: sí, nosotros investigamos; sí, nosotros los condenamos; sí, nosotros redactamos fallos que son espectaculares hablando del derecho internacional humanitario, hablando del respeto, de lo imprescriptible y de lo inamnistiable que son estos delitos. Pero, ¡ojo!, a la hora de condenar, la mayoría de los agentes se van para la casa. Estamos hablando de agentes que no cumplen con cárcel sus penas, estamos hablando que los agentes están libres transitando por las calles y que uno puede toparse con ellos. Yo mañana me puedo topar con el asesino y torturador de mi padre en la calle y el tipo no pagó un día de cárcel por lo que ocurrió. Por lo tanto, es impunidad lo que ha hecho la Corte Suprema. Su deber no es buscar una suerte de empate, una suerte de una visión reconciliadora… De tanto oír hablar de reconciliación, a nosotros la verdad es que se nos paran los pelos. Estamos hablando de cómo vía una palabra que simbólicamente es muy humana, se busca dejar libre a los violadores de DDHH. Estamos hablando de asesinos, de sujetos que fueron capaces de violar mujeres, de poner corriente, de cometer las torturas más inhumanas. A mí, incluso me da hasta pena decir lo que le hicieron a nuestros familiares… Las investigaciones hablan de maltratos ya inimaginables, al mismo nivel del nazismo, y estos tipos se están yendo todos para la casa, porque la Corte Suprema no está cumpliendo su labor, porque lo que está buscando es un empate, porque sigue siendo cómplice de los crímenes.

Impunidad disfrazada

Entonces, el resultado, al final de este camino que tanto nos ha costado, porque nos ha costado desde el año 73 cuando empezamos a presentar los recursos de amparo, lo que está haciendo el poder judicial es disfrazar la impunidad. Es decir: “oiga, yo investigo”. Entonces, cuando uno va afuera y habla del Estado de Chile se dice “se investiga”, entregan cifras enormes, pero veamos cuántos de ellos van a la cárcel. Hablemos de las cárceles, porque la impunidad son muchas cosas. ¿A qué tipo de cárceles van?: a cárceles dudosas, que la gente incluso irónicamente dice que parecen más un resort, cárceles donde es bien cuestionable si cumplen o no sus condenas. Eso, nadie tiene la certeza hoy día de que sea así, qué regímenes de visitas tienen…

Uno en oportunidades lee incluso en el semanario El Siglo y en otros medios de comunicación que estos sujetos, por ejemplo, piden que se les instalen redes de Internet. Yo quisiera saber si los presos comunes en este país, cuyos delitos por la magnitud, por lo que dañan y ofenden a la humanidad son muchos menos graves, tienen acceso a eso. Hoy día la situación carcelaria chilena en general de los presos comunes, más parece una escuela de delinquir que lugares de rehabilitación. Las condiciones en que viven son infrahumanas, sin embargo aquí se construyeron y además se acondicionaron dos recintos donde los presos, los pocos condenados por las violaciones a los derechos humanos, están en situaciones bastante cómodas. Por lo tanto, incluso los pocos que están cumpliendo condena, que es un número casi cercano a los 30, lo que es nada a veinte años del término de la dictadura, lo están haciendo en condiciones bastante particulares. Por lo tanto, eso también es impunidad, y eso también lo permite el poder judicial, el gobierno, el parlamento. El Estado de Chile avala la impunidad.

-¿Pero se puede negar ciertos avances en estas materias, en los procesos y condenas?

A nosotros nos provoca preocupación decir “avances”, porque ¿cuanto hemos avanzado? Claro, en relación año 90 se observa un mayor número de procesos de investigación, pero nosotros queremos que los violadores a los derechos humanos en este país, los asesinos, vayan a la cárcel y eso no está ocurriendo.

Hay que decir también que aquí parece que se buscan hitos, ¿no?, y se instalan conceptos. Nosotros, los familiares, nos acordamos muy bien que en un periodo se habló de “víctimas emblemáticas”, como que el resto no tenía derecho a la justicia, y se iba a poner empeño y esfuerzo en esas causas. Recuerdo incluso la nota que leí en los periódicos de aquel momento donde ponían una lista como el caso Letelier, el caso degollados. Me acuerdo que se hablaba y así lo decían: el esposo de Gladys Marín, el esposo de Sola Sierra, las direcciones del Partido Comunista, del Partido Socialista… Y el resto de las víctimas no tenía derecho a la justicia. Eso es una afrenta, es insulto: las víctimas son todas iguales. Y por qué señalo esto: porque en esa misma dirección pareciera como que había victimas que merecían la justicia y otras, no.

Aquí queremos simbolizar la justicia en un número de determinado de agentes. Porque el argumento es “Manuel Contreras, jefe de la represión de Pinochet, está preso”, y dicen “en qué país ha ocurrido eso”. Manuel Contreras está preso porque nosotros no hemos dejado de bregar un día para que él y todos los agentes de la dictadura estén presos. Manuel Contreras está preso porque era el jefe del aparato represivo de la dictadura, pero la represión no la hizo sola la cúpula de la DINA. 17 años de terrorismo de Estado hubo que sostenerlo con políticos de la época, responsables de los crímenes que hasta hoy día están impunes, con agentes de la dictadura de los que todavía hay muchos que no han pagado un día de cárcel, y con un Estado que amparó aquello. Aquí hay civiles cómplices que aceptaron o que planificaron este terrorismo, que hasta el día de hoy no han siquiera declarado en causas. Hay ex ministros de Estado de la dictadura que hoy ocupan cargos como la presidencia del Senado.

La impunidad está aplastando a este país, el decreto de ley de amnistía está vigente y en cualquier momento los tribunales de justicia pueden volver a aplicarlo. Yo quiero recordar que hay ministros de los tribunales que señalan que es un decreto vigente y que por lo tanto mientras esté es posible aplicarlo.

Recuerdo que en una oportunidad escuché a un abogado decir que eso fue una licencia para matar, y se mantiene vigente. Es tanta la deuda que hay, tanta la falta política que ha habido, que no podemos menos que decir que vivimos en impunidad. La situación del pueblo mapuche nos duele hasta el alma, no sólo por la represión, que es al mismo estilo de la dictadura. Aquí se ha ofendido, se ha agredido, se ha maltratado, se ha torturado niños, se les ha disparado. ¿Y cómo no se va a permitir eso si los criminales más grandes están libres?

Cuando uno además ve que se persigue la organización social, que se criminaliza, que en ocasiones parece que Santiago está sitiado, que estamos en una guerra interna que nos recuerda cómo eran los años de la dictadura. Y uno que va a manifestaciones y que continúa en esa lucha y observa que la represión y la actitud de carabineros es la misma prepotencia, la misma criminalidad, uno dice que eso es consecuencia de la impunidad. Porque aquí no se dio una lección potente de que los derechos de las personas son sagrados. Sin duda que en este país falta mucho, porque tenemos la misma Constitución de la dictadura, que en sí es violenta y en sí es violadora de los derechos humanos. Heredamos el modelo de la dictadura, y cualquier modelo heredado de una dictadura va a violar los derechos de las personas.