Los 4 puntos de una agenda tensionada

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El desafío de las reformas clave, el enredado nuevo “proceso constituyente”, temas de agenda como la inflación y la delincuencia, y el permanente desafío en La Araucanía.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 12/2022. 1 En las oficinas de La Moneda y de varios ministerios, se lleva un seguimiento pormenorizado del proceso legislativo en torno de las reformas tributaria y de pensiones. Y es que son los dos proyectos que marcan al Gobierno, y que deberían constituir logros principales en su gestión. Por lo demás, ambas iniciativas son parte fundamental del prometido programa de transformaciones estructurales de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Además, el avance de las dos reformas apunta a contar con más recursos para políticas sociales públicas con impacto favorable en la gente, y a elevar las pensiones de millones de chilena y chilenos.

En ambos casos, las y los parlamentarios del conglomerado de derecha Chile Vamos, junto a parlamentarios del Partido de la Gente, de la Democracia Cristiana y otros autodefinidos como “independientes”, iniciaron un torpedeo a los proyectos que, al final de cuentas, gravitaría en que en materia tributaria se recaudaría menos, y en materia de pensiones se lesionaría arribar a un sistema más justo y equitativo, sobre todo menoscabando el aspecto de seguridad social.

Además, en estas semanas quedó claro que los gremios empresariales, los grupos monopólicos financieros (con los gerentes y personeros de las AFP a la cabeza), los economistas y académicos conservadores, los medios de prensa afines a esos sectores, están empeñados en una suerte de lograr “cierto fracaso” de las reformas y que “a lo menos” queden muy acotadas. Objetivo: no afectar a los grandes consorcios privados y trasnacionales, a grandes empresarios locales, a la estructura monopólico financiera de las pensiones y que los súper ricos no tengan que pagar más impuestos.

De allí que en los meses que vienen, tanto los equipo de Hacienda como de Trabajo y Previsión Social, junto a las bancadas de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y otras y otros congresistas, tendrán que poner todas sus capacidades técnicas y políticas, para llegar a buen puerto con las reformas tributaria y de pensiones. Seguramente se buscará insistir de manera precisa -en el trámite legislativo, el debate político y la tarea comunicacional- en cómo realmente se aspira a una mayor recaudación con fines sociales y a mejorar las pensiones con fines de dignidad para las personas jubiladas.

En ese camino, varios personeros del oficialismo apuntaron a que sería fundamental que se exteriorizaran respaldos desde el mundo social y sindical, de sectores progresistas y transformadores, para darle un sustento político y social al proceso de estas reformas y que se pudiera palpar un apoyo ciudadano.

2 El llamado “nuevo proceso constituyente”, que desde el oficialismo y la oposición se considera necesario para continuar transitando hacia una nueva Constitución, parece instalado en un pantano de problemas que lo estanca, lo hace pesado y por momentos pareciera que se sumerge. A pesar de algunos acuerdos, el resultado final se bate entre tensiones y diferencias que, se dice, se deberán salvar, pero con altas cuotas de dudas. Al cierre de esta edición se afirmaba desde la derecha que un acuerdo se atrasaría y la ministra del Interior, Carolina Tohá, hacía llamados a responderle a la ciudadanía y sacar adelante la tarea.

En un ejercicio no ajeno a suspicacias y reticencias, partidos de los conglomerados Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, Chile Vamos, junto a la Democracia Cristiana y otros grupos políticos, están buscando fórmulas de acuerdo para darle curso a este proceso que, en definitiva, lleve a instalar instancia que redacte un nuevo texto constitucional y a la concreción de otro plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta. Sin embargo, las cosas andan enredadas.

Por ejemplo, la mayoría de fuerzas políticas no quieren que haya algo siquiera parecido a la pasada Convención Constitucional y hasta están disponibles a pasar por encima del plebiscito de entrada del año pasado que estableció, por voto ciudadano, que la instancia que redacte el texto debe ser electo cien por ciento, sin parlamentarios. Es así que se está planteando que en esa instancia haya un porcentaje importante de legisladores e incluso de “expertos”, y que baje la representación de la sociedad civil, de los pueblos originarios e independientes.

A eso se suma que están aprobados unos “bordes”, destinados desde ya a acotar los contenidos de una nueva Carta Magna. “Bordes” aprobados en salones del Parlamento, entre dirigentes de partidos y legisladores.

Un proceso donde el protagonismo y las resoluciones las están tomando parlamentarios y representantes de partidos políticos, generando una inquietud por la ausencia de participación social y ciudadana, y con factores como bochornos, peleas y mediocridades que siguen saliendo del funcionamiento del Congreso al cual se le quiere dar más espacio de decisión. Y el Gobierno tratando de no inmiscuirse tanto, como en respuesta a lo vivido en el proceso anterior.

Al mismo tiempo en análisis, columnas de opinión, vocerías y registros de prensa, se constata y se señala que la gente, la opinión pública, ve muy ajeno y distante el actual proceso, que no se entusiasma ni se siente convocada, y que una mala lectura de eso podría traer nuevas sorpresas en un plebiscito o acto eleccionario en torno de una nueva Constitución.

3 En lo que se suele definir como “temas de la gente”, la delincuencia y el alza de precios parecen incidir con fuerza en la agenda de la coyuntura y con una real posibilidad de saltar al próximo año como asuntos de prioridad.

Es natural prever un problema con el aumento del costo de la vida si todo indica una mantención de la inflación alta, bajo crecimiento económico y problemas que vienen desde el escenario económico regional e internacional. Hay economistas que señalaron que el Gobierno debiera considerar el próximo años presupuesto mayor para ayudas sociales (generalmente a través de bonos) a sectores sociales vulnerables e inclusive de clase media. En todo caso, el Presupuesto Fiscal del 2023 tuvo un aumento de más del 4% y ello debería incidir en políticas sociales que contribuyan al bienestar de la gente.

Nadie niega que el impacto y alcance de las características de la delincuencia que se está dando en el país, junto a percepciones angustiantes en sectores de la población que llevan las cosas a miradas autoritarias, es un tema tremendo en la agenda de la coyuntura, y que se mueve en diferenciados ámbitos, como el origen en condiciones sociales de desigualdad, penetración de bandas criminales regionales y de migrantes ilegales que llegan a delinquir, problemas de desarrollo comunal, etcétera.

En ese marco, estas semanas se escucharon y vieron declaraciones y planificaciones del Gobierno, apuntando a preparar planes y responder con medidas frente a una difícil situación económica con impacto en la gente y a un difícil panorama en materia de seguridad pública.

4 Pudo sorprender o no, pero con la materializada visita del Presidente Gabriel Boric a La Araucanía, el Gobierno dio un paso contundente en atender la situación de tensión, violencia e incertidumbre en esa región, cruzada, más allá de discursos mediáticos desproporcionados, por el histórico tema de devolución de tierras a las comunidades mapuches y el respeto a la cultura y derechos de los pueblos originarios, las expresiones de violencia de grupos indígenas y otros de extrema derecha, la estructura delictiva y empresarial para el robo de madera, y las sabidas carencias sociales de un amplio segmento de la población, a lo que se agregó la exigencia de “ayuda a las víctimas de la violencia”.

La convocatoria a una Comisión por la Paz y el Entendimiento, avanzar en la devolución de tierras de los indígenas, la afirmación de que en la región han ocurrido actos terroristas, dotar de mayores facultades a Carabineros para combatir el crimen organizado, apertura de nuevos centros de apoyo a las víctimas de violencia, reuniones con 32 alcaldes de la zona y representantes de la región, y desarrollo del proyecto Buen Vivir, fueron puntos que dejó la visita del mandatario a La Araucanía, a parte del hecho político mismo de llegar allí, cuando la derecha y sectores empresariales pensaban que no lo haría en esta etapa.

Frente a la preocupación por sucesivos atentados y hechos de violencia, el Presidente Boric sostuvo que “la única forma de detener esta escalada de violencia, en que delincuentes instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra del pueblo mapuche para sus fines delictuales, es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva”.

Claro que todos los actores en la zona y todos los sectores políticos, sociales y económicos a nivel nacional, reconocen que esto no es un tema de meses, de mayor presencia policial o militar, de casarse con contingencia, sino de al menos sentar las bases para un tránsito a cambios estructurales y de fondo, que requieren de una política de Estado de alta y continua proyección.

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