Aquí ¿no ha pasado nada?

Si se aprueba el proyecto constitucional, podría superarse en parte importante la crisis estructural que vive actualmente el periodismo y sería cierto que «aquí no ha pasado nada».

José Luis Córdova. Periodista. 10/08/2022. La reincorporación del periodista Matías del Río a TVN no significa el cierre de la polémica ni de los cuestionamientos políticos y éticos tanto al conductor del programa dominical «Estado Nacional» como al canal público. Las preferencias emocionales de los televidentes por algunos de los «rostros» de la televisión tiene un amplio espectro de posibilidades: empatía, asertividad, confiabilidad, así como autosuficiencia, soberbia, superioridad moral o cognitiva. En cualquier caso, la vuelta ante las cámaras no supera los cuestionamientos ni el favoritismo por el personaje en cuestión.

Por su parte, el canal que intentó «protegerlo» sacándolo del aire y que después le solicitó disculpas y dejó todo como estaba no puede quedar impune. Las críticas de la directora de TVN Nivia Palma, de la presidenta del tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Ethel Pliscoff, así como la opinión autorizada (en El Mercurio) del premio nacional de periodismo Abraham Santibáñez y de colegas de Del Río como Constanza Santa María o Fernando Paulsen no pueden quedar sólo en papel.

La directora de TVN tenía razón cuando reclamó que en el programa «Estado Nacional» invitaran a 4 representantes del Rechazo contra solo dos del Apruebo; la colega Pliscoff tiene sus razones para manifestar esas opiniones sobre el cuestionado profesional. Asimismo, Santibáñez muestra racionalidad y cordura analizando el complejo momento que vive nuestra profesión y no se podría pedir menos de Cony Santa María y Paulsen, incondicionales de su compañero de labores.

¿Quiere decir todo esto que todo ha quedado en nada? Naturalmente que no, quedan muchas interrogantes sobre el rol del directorio de TVN y de la innegable concertación entre las pautas programáticas de todos los canales (incluido el «público») en vísperas del plebiscito del 5 de septiembre. No es coincidencia el especial interés en cuatro o cinco temas majaderamente planteados en noticiarios, debates y entrevistas sobre la nueva Constitución de los cuales estos periodistas de TV se hacen eco.

¿Habrá todavía electores que siguen creyendo que se terminará la propiedad sobre sus viviendas, sobre sus fondos previsionales? ¿Alguien piensa que un delincuente podrá ser electo en algún órgano de representación popular? En el afán de volver a recurrir a la represión policial se insiste en el papel de carabineros, olvidando su rol de inteligencia y  prevención. Y qué decir de quienes rechazan un nuevo sistema político, la desaparición del Senado y del poder judicial como lo conocemos ahora con justicia para pobres y otra para ricos. Otros insisten en que mediante el reconocimiento constitucional de nuestra plurinacionalidad se dividiría al país en regiones autónomas, como si ese sistema fuera único en el mundo aunque persiste con éxito en España, Canadá, Australia, Bélgica, Suiza y otras naciones.

En materia de libertad de expresión, bastaría con remitirse al capitulo II sobre derechos fundamentales y garantías en sus artículos del 82 al 85 para confirmar el derecho a la comunicación que permitirá el surgimiento de nuevos medios, independientes, comunitarios, comunales, regionales y de etnias originarias para reducir la influencia absoluta del duopolio de las familias Edwards y Saieh en la prensa escrita.

Respecto a la polémica por la «protección» de Del Río por parte de TVN bastaría que -como dice la nueva Constitución- los colegios profesionales dejen de ser asociaciones gremiales y vuelva a ser corporaciones de derecho público sin fines de lucro y recuperaran la tuición ética de sus colegiados. El profesional aludido en los debates podría haberse «defendido» sin la apresurada e inconsulta intervención de sus empleadores.

El presunto carácter «público» de TVN es desmentido desde la conformación de su directorio, plenamente binominal (con la exclusiva representación de ex concertacionistas y la derecha), hasta su financiamiento -al igual que los canales comerciales- es decir, a través de la publicidad de empresas privadas y transnacionales.

Si se aprueba el proyecto constitucional, podría superarse en parte importante la crisis estructural que vive actualmente el periodismo y sería cierto que «aquí no ha pasado nada».

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