El cierre de «La Nación» fue la entrega final de medios a la oligarquía

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En el imaginario neoliberal un periódico o una empresa pública, por muy menor que fuera, solo estorba el fluir del mercado. La liquidación del diario fue una habitual política en favor del sector privado. Terminó con la escasa pluralidad que existía en aquellos años en el periodismo diario impreso. Un golpe al escenario de las comunicaciones que no produjo reacciones ni manifestaciones con la excepción de los 117 periodistas y trabajadores afectados.

Paul Walder. Periodista. “El Clarín”(*). Santiago. 29/04/2022. Sebastián Piñera asumió su primer gobierno el 11 de marzo de 2010 y entre sus planes tenía dispuesto el cierre del diario La Nación. Meses antes durante el fragor de la campaña Piñera se había irritado por un reportaje del matutino público que apoyada a su contrincante, el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle, y junto con acusar de sesgo político al diario estatal había prometido incorporar en su programa su cierre.

Es posible que este fuera el motivo más ruidoso pero no el único. La clausura del diario, por muy centenario que fuera, se inscribía en la concepción del Estado mínimo subsidiario bajo un sistema controlado por el mercado. En el imaginario neoliberal un periódico o una empresa pública, por muy menor que fuera, solo estorba el fluir del mercado. En el caso de La Nación, que debía imprimir y distribuir sus ejemplares por todo el país, era candidata perfecta a la artillería neoliberal. A todos los oficiantes del mercado y el equipo de la entonces Alianza por Chile no sólo les molestaba la prensa independiente, condición que reivindicaban no sin esfuerzos los periodistas del diario, sino también las pérdidas. Bajo esta mirada mercantil no había más argumentos para sostener y mantener en funciones al periódico.

El mismo 11 de marzo Sebastián Piñera nombró un directorio de miedo. Neoliberal de tomo y lomo: El RN Daniel Platovsky, quien asumió como presidente del directorio, la militante UDI Cristina Bitar, Hernán Larraín Matte y Gonzalo Müller, de la UDI. Pocos meses más tarde, Platovsky confirmó los temores de los trabajadores y periodistas. En octubre comunicó formalmente que la versión impresa dejaría de circular y solo quedaría un portal en Internet con el dominio .cl. Un mes más tarde la Junta de Accionistas aprobó la propuesta de terminar con el diario impreso y el 10 de diciembre salió a circulación la última edición impresa.

La Empresa Periodística La Nación editaba e imprimía en su rotativa El Diario Oficial, que era su principal fuente de ingresos. Durante el proceso de liquidación, el Diario Oficial pasó a depender del Ministerio del Interior y poco tiempo después dejó de imprimirse para publicarse solo como un archivo digital. Los otros activos de La Nación eran la imprenta de última generación Puerto Madero y el edificio patrimonial de calle Agustinas. Por ambos el Fisco obtuvo poco más de ocho mil millones de pesos. Por La Nación digital, 320 millones.

La venta fue un pésimo negocio para el Fisco. La Nación era una empresa pública con participación privada. Para determinar el cierre el estado chileno bajo el primer gobierno de Piñera tuvo que indemnizar a los tres accionistas privados en una suma mayor a los activos vendidos.

La liquidación de La Nación fue sin duda una habitual política en favor del sector privado. La imprenta Puerto Madero, que tenía la capacidad para imprimir trabajos de terceros, le dejó espacio a la competencia, principalmente a Copesa. En el caso del diario, las ventas se las repartió el duopolio mediático.

Piñera no solo cerró un diario de propiedad estatal. Terminó con la escasa pluralidad que existía en aquellos años en el periodismo diario impreso. Un golpe al escenario de las comunicaciones que no produjo reacciones ni manifestaciones con la excepción de los 117 periodistas y trabajadores afectados. No hubo marchas gremiales ni una oposición política. Y si hubiera habido malestar, no había prensa que lo difundiera.

La Concertación y el establishment binominal

La liquidación del diario fue el final de un proceso iniciado en 1990 bajo el gobierno de Patricio Aylwin.  Los gobiernos de la Concertación gobernaron durante veinte años observados día a día por los medios del duopolio. Tal vez una mirada incómoda en un comienzo, que con el tiempo terminó siendo la propia. La Concertación se adaptó en pocos años a la visión del mundo de la prensa dominante.

El proceso tuvo al menos dos líneas. Por un carril, el desmantelamiento vía leyes del mercado de toda la prensa independiente, desde revistas a diarios, método indirecto y menos conflictivo que la abierta censura o mordaza. El modelo neoliberal también se adaptaba y muy bien a los medios de comunicación. Sin la expresión crítica de las organizaciones sociales, con la izquierda silenciada y arrinconada, el trabajo continuó en el duopolio. Los viejos medios conservadores y golpistas convertidos desde entonces en la voz de la transición. Nada era más natural y objetivo para la elite concertacionista que un editorial elogioso o un reportaje en las páginas sociales de El Mercurio.

Los distintos gobiernos de la Concertación se adaptaron a la estructura binominal tanto en el ordenamiento político como en el mediático. La buena relación que gozaron esos gobiernos con el duopolio ha sido también la expresión de la inmejorable cercanía que tuvieron no sólo con sus pares de la otra cara del binominal sino del establishment económico, mediático y hasta militar. La historia de la Concertación no puede separarse de este íntimo acercamiento con el poder económico y todas sus extensiones.

Esta cercanía, que ha sido también fusión ideológica y cultural, mansedumbre ante las elites tradicionales y las de rápido ascenso, fue permanentemente aplaudida por aquellas mismas cúpulas. Una familiaridad binominal que de haber sido en sus inicios diariamente vigilada y evaluada por el duopolio, pasó a ser aplaudida y difundida. Con una prensa independiente arrinconada o desaparecida, la única voz del duopolio fue también la verdad política. La Concertación no dirigió sus acciones durante esos veinte años para la directa evaluación de su electorado, sino para ablandar al duopolio. Podemos afirmar sin grandes riesgos que esta coalición le tuvo más temor a El Mercurio que a sus  electores. Así fue hasta ahora.

En este proceso de entrega a las oligarquías, La Nación estuvo de sobra desde el comienzo. Más que un medio de expresión plural fue un estorbo. Nunca está demás recordar la política de Eugenio Tironi en La Moneda en los albores de la transición. Para el hoy columnista de El Mercurio la mejor política comunicacional era y es el mercado.

 ¿Un nuevo sistema de medios?

El gobierno de Gabriel Boric ha podido medir desde un inicio el poder oblicuo del sistema de medios. Ante esta realidad que complica no solo a su gobierno sino al mismo devenir democrático solo le queda hacer precisamente lo contrario a la Concertación: reforzar a los medios independientes y tratar de crear un nuevo sistema de medios. De no hacerlo se arriesga a seguir los pasos domesticados de la Concertación.

Si nos remitimos al programa gubernamental, lo que no asegura que se cumpla, hay apuntes sobre los medios de comunicación. “El rol del Estado para la profundización democrática en el ámbito de las comunicaciones debe ser fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista.

Para ello, se propone desarrollar un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP), más robusto que el actual, que incluye televisión, radio y multiplataformas. Con ello esperamos proteger el patrimonio simbólico y que el nuevo sistema se constituya como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía y sus expresiones de diversidad, que fomente la paridad de género, la interculturalidad, y la circulación de conocimientos local, regional y nacional”.

“Bajo la mirada descentralizadora, fortaleceremos el sector de los medios regionales, locales y comunitarios, atendiendo a su diversidad de plataformas, así como de modelos de gestión y administración (municipales, comerciales, comunitarios, de pueblos originarios y tribal afrodescendiente y universitarios). Esto supone asegurar una distribución equitativa de frecuencias de radio y TV, y la descentralización de la distribución en prensa escrita, a través de una ley que resguarde la distribución independiente”.

(*)Medio colaborativo con El Siglo

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