Civiles de la derecha y el crimen de los degollados

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Ricardo García ejercía como ministro del Interior en 1985 y quiso establecer que el asesinato de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero era un delito común. Francisco Javier Cuadra, ministro Secretario General de Gobierno en esa época, reconoció tener información de que el crimen lo había cometido Carabineros, pero no realizó ninguna diligencia judicial y se dedicó a defender a la Junta Militar, sobre todo al dictador Augusto Pinochet. Hugo Rosende, ministro de Justicia de los militares, se hizo a un lado, validó versiones de Pinochet y no inició gestión alguna ante el dramático caso de violación a los derechos humanos. Andrés Allamand y Alberto Espina, ex ministros del recién terminado Gobierno de Sebastián Piñera, lideraban el Movimiento Unión Nacional, y permanecieron callados ante el horrendo crimen de opositores al régimen militar. Años más tarde Piñera quiso nombrar en un cargo importante a un ex integrante de la Dicomcar, el grupo de la policía uniformada que mató a los tres chilenos.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 29/03/2022. Como en muchos otros episodios de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, civiles de derecha y comprometidos con la dictadura cívico-militar, actuaron como cómplices políticos e incluso encubridores de los actos criminales cometidos por agentes del Estado, apostaron por resguardar al dictador Augusto Pinochet o simplemente guardaron silencio.

El caso del degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, ocurrido en marzo de 1983, hace 37 años, no fue una excepción. Junto a las acciones criminales de oficiales, suboficiales y funcionarios de Carabineros, en las operaciones en esos días de parte del alto mando de la dictadura, hubo actuaciones decidoras de funcionarios civiles.

En marzo de 1985, civiles estaban ubicados, por los militares, a cargo de ministerios claves. Ricardo García en Interior, Francisco Javier Cuadra en Secretaría General de Gobierno (Segegob), Hugo Rosende en Justicia, Alberto Cardemil como subsecretario de Interior, José Miguel Armendáriz director de Dinacos (Dirección Nacional de Comunicaciones) y Carlos Krumm Rojas, subsecretario de Segegob.

Frente al hecho del secuestro, torturas y degollamiento de Parada, Nattino y Guerrero, esos funcionaros fueron parte de las operaciones políticas y comunicacionales destinadas a desvirtuar los hechos, mentir y proteger a la Junta Militar. Incluso protegieron, inicialmente, al general director de Carabineros, César Mendoza, responsable del organismo que había ejecutado los crímenes.

Por cierto, los primeros en establecer declaraciones mentirosas y siniestras fueron los integrantes del mando dictatorial, en esos años respaldados por actuales dirigentes y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y el Partido Republicano.

El almirante José Toribio Merino, jefe de la Armada, sostuvo que el degollamiento de los tres ciudadanos era “un crimen del Partido Comunista” en un ajuste de cuentas por conflictos internos. El ministro de Defensa y almirante Patricio Carvajal, dijo a la prensa en ese año que responsables del crimen era “el comunismo dirigido desde Moscú”. El más descarado y mentiroso fue Mendoza, quien al salir de una reunión de la Junta Militar donde se analizó el caso de los degollados, declaró: “Hay que pensar en varias cosas. Primero, ¿a quién le interesa que se produzca un problema como este? Otra pregunta: ¿quiénes propician el crimen, el terrorismo, el explosivo como medio de conseguir sus propósitos? Bueno, y con eso, ¿para qué discutimos más? Ustedes saben que estos eran dirigentes de alto nivel y el fracaso de los paros, de las protestas y todo aquello, esto no lo perdona el comunismo internacional. No lo perdonará jamás. Entonces tienen un doble objetivo: uno, castigar a quienes consideran culpables, y otro, dejárselo caer al Gobierno”.

En las primeras horas y primeros días, esas declaraciones fueron refrendadas y defendidas por García, Cuadra, Rosende, Cardemil y Armendáriz. El entonces ministro del Interior, Ricardo García, manifestó que los hechos tenían “características propias de un caso policial”. Francisco Javier Cuadra, que además era quien actuaba como vocero de la dictadura y daba las órdenes a la Dinacos, instruyó la tesis del delito común y dejar despejada cualquier vinculación con las Fuerzas Armadas (FFAA), Carabineros, Investigaciones y organismos de seguridad. Hugo Rosende sacó de cualquier actividad investigativa al Ministerio de Justicia, y entendió que eso lo llevaría en sus manos la Junta Militar.

Hubo situaciones particulares, como el comportamiento del Movimiento Unión Nacional (MUN), que tenía entre sus dirigentes a los ex ministros del Gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Allamand (elegido hace poco Secretario General Iberoamericano, avalado por gobiernos europeos), y Alberto Espina, quienes guardaron silencio ante el secuestro, torturas y degollamiento de los tres profesionales chilenos, y no se sumaron a ninguna actividad si quiera de petición de esclarecimiento de los hechos. Desde ese grupo, junto a sectores pinochetistas, surgieron después la UDI y RN.

Frente a la crisis desatada a partir del 25 de marzo de 1985 por el asesinato de los tres opositores al régimen militar, la Junta Militar recibió el apoyo público y privado de personeros como Jovino Novoa (senador y expresidente de la UDI, ya fallecido), Juan Antonio Coloma (actual senador de la UDI), José Antonio Kast (candidato presidencial de la ultraderecha) y Sergio Onofre Jarpa (antiguo dirigente de RN y ex ministro del Interior de la dictadura).

Los puntos conflictivos del caso aparecieron en los procesos judiciales, aunque los funcionarios civiles de la dictadura pudieron salvarlos, incluso por omisión. Sin embargo, de acuerdo a información publicada hace unos años por el diario La Nación, Francisco Javier Cuadra se vio en un escenario difícil, engorroso. Interrogado por un juez, reconoció que el general Humberto Gordon, jefe de la represiva Central Nacional de Informaciones (Cni), le dijo en los días de los asesinatos, que “había sido obra de Carabineros”. Es decir, tuvo la información respecto a los autores de la acción criminal.

Entonces, el abogado Héctor Salazar hizo ver que “Cuadra se cazó los dedos con el caso degollados, porque dijo haber tenido conocimiento de esos delitos y él, como funcionario público, estaba obligado a denunciarlos y no lo hizo”. El jurista sostuvo que Cuadra debía responder penalmente “como encubridor” de esos asesinatos.

La salida que buscó la Junta Militar y el papel de Stange

Un par de años más tarde, se comprobó que en una reunión de la Junta Militar, efectuada en La Moneda, se estableció que los secuestros, torturas y degollamientos los habían ejecutado oficiales, suboficiales y funcionarios civiles de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Ahí se analizó que el suceso había provocado “alarma pública” nacional e internacional. Se instruyó quitar de cualquier responsabilidad a la Junta Militar y sobre todo a Augusto Pinochet, se cuestionó al general Mendoza por falta de prolijidad y mando, y se indicó a Ricardo García que diera instrucciones de nombrar un Ministro en Visita, del Poder Judicial, para las indagaciones y bajar los niveles de la crisis política. Es decir, García estuvo al tanto de toda la información y participó de la operación de la dictadura para deshacerse del caso.

En medio de todo, el general director de Carabineros, César Mendoza, fue obligado a renunciar y siguiendo con un tono prepotente y desentendiéndose del horrible crimen, dijo a los periodistas que dimitía “porque se me antojó, no más”. Añadió que “se está desgranando el choclo”, en referencia a salida de generales desde la Junta Militar. Luego lo hicieron callar, en un operativo comunicacional que dirigió Francisco Javier Cuadra.

Luego García formó parte del plan para nombrar al general Rodolfo Stange como jefe de Carabineros, y generar todo un armazón de protección a esa institución y oficiales y suboficiales de la Dicomar. En rigor, Stange cometió delitos y protegió a criminales, algo que fue común de los altos mandos de las FFAA y Carabineros.

Por ello, en 1994 fue acusado de “incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia”, de lo cual nunca dio cuenta y aprovechó condiciones en su calidad de jefe de Carabineros para evadir a la justica. Tanto así, que el ex presidente Eduardo Frei-Ruíz Tagle quiso destituirlo del cargo pero él se negó y siguió como jefe de la policía uniformada, en uno de los episodios más bochornosos de la transición chilena.

Como si fuera poco, el jefe policial que ocultó información y protegió a asesinados en el Caso Degollados, fue senador por la pinochetista Unión Demócrata Independiente.

Oídos sordos de Piñera

Todo indica que para el ex presidente Sebastián Piñera el asesinato de los tres profesionales y la actuación de la Dicomcar fue algo secundarios, olvidable y salvable. Es así que en su primer Gobierno, nombró como director de Gendarmería al general en retiro de Carabineros, Iván Andrusco. El entonces mandatario lo defendió, exaltó sus cualidades profesionales como policía y su perfil para estar al frente de la institución del Estado relacionada con las prisiones y los presos en el país.

Claro que Andrusco fue oficial y agente de la Dicomcar, organismo que Milton Juica, presidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó en su momento de grupo para la “asociación ilícita terrorista”. Él era Teniente de ese organismo cuando ocurrió el secuestro y asesinato de Parada, Nattino y Guerrero. Además, en reportes de prensa se estableció que el oficial que promovía Piñera, estaba metido en investigaciones por una muerte por tortura en la Sección de Investigación Policial (SIP), de la cual Andrusco era jefe operativo.

La investigación policial nunca pudo establecer que Iván Andrusco tuvo participación en el secuestro, torturas y degollamiento de los militantes comunistas, pero sí que era Teniente de Inteligencia de Carabineros y que fue parte de la Dicomcar en 1985 cuando ocurrieron los hechos criminales.

Nombres de asesinos y delincuentes

Hubo años de investigación y trabajo de jueces y abogados, testimonios y recopilación de antecedentes, y el procesamiento judicial llevó a concluir que los asesinatos fueron ordenados por Guillermo González Betancourt, jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y el sargento José Florentino Fuentes Castro. En el vehículo que trasladó a las víctimas hasta Quilicura (donde en un terreno fueron asesinados y abandonados los profesionales) también iban González Betancourt, el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”.

También en su momento se encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro de Parada y Guerrero en la comuna de Providencia, y fueron procesados el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la Dicomcar, el coronel Julios Luis Michea Muñoz, jefe de Asuntos Internos y Externos del organismo, y el teniente coronel Iván González Jorquera, jefe del Gope.

 

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