11M. Movimiento social: los pies en la calle


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Decenas de organizaciones populares van a influir en el escenario nacional durante este año. Se esperan movilizaciones y el robustecimiento de la demanda social. Al mismo tiempo se vaticina una reactivación ciudadana en torno del proceso constituyente. Hay reivindicaciones a la mano en vivienda, salud, salario, pensiones, presos de la revuelta, derechos indígenas, del feminismo.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 11/03/2022. A nivel nacional y regional, y por sectores sociales, se considera que hay en el país más de 40 organizaciones populares actuantes, con capacidad de influencia en la escena nacional y social que se viene este año.

Son agrupaciones sindicales, poblacionales, indígenas, feministas, de derechos humanos, culturales, estudiantiles,  de profesionales, medioambientalistas, pensionados, que representan al movimiento social y la sociedad civil y que, sin duda, iniciarán una reactivación desde marzo de este año.

No es secreto que hay reivindicaciones vivas respecto al déficit de vivienda, bajo salario mínimo y negativas condiciones laborales, exigencia de acceso al agua y resolver situaciones de “zonas de sacrificio”, solución a las prisiones preventivas de presas y presos de la revuelta social, derechos culturales y de tierras del pueblo mapuche, acceso a un digno servicio de salud y dar con condiciones adecuadas para las y los trabajadores del sector Salud, avanzar en la mejora de pensiones, entre otras demandas.

En los meses que vienen estarán activas organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), el Movimiento No+Afp, Modatina (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), Movimiento social y poblacional Ukamau, sindicatos de las grandes tiendas y empresas de servicios, Colegio de Profesores, Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos y Agrupación de Madres de Presos de la Revuelta, comités de vivienda de pobladores sin casa, decenas de agrupaciones mapuches e indígenas, Coordinadora Feminista 8M, federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, diversos colectivos medioambientales y de defensa del agua, agrupaciones de derechos humanos, y varias otras en todo Chile.

A lo anterior se podría sumar la gravitación que tienen en la base social, las juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, colectivos culturales y deportivos, espacios barriales, comunidades campesinas, entre otros.

La llegada del Gobierno de Apruebo Dignidad genera expectativas, pero todo indica que no detiene procesos de luchas y demandas, sobre todo porque subsisten serios problemas y déficit sociales, laborales y económicos para la mayoría de la población. Y en eso hay un camino que puede ser de conexión con la nueva administración, pero no necesariamente de subordinación o de congelamiento de la protesta y convocatoria popular.

 

“Es evidente que necesitamos entender que la no neutralidad no significa que tengamos que ser cooptados o ser condescendientes ante un Gobierno”. Bárbara Figueroa, vicepresidenta de la CUT.

 

Asimismo se vaticina una reactivación ciudadana en torno del proceso constituyente, los contenidos de la nueva Constitución y lo que será el plebiscito de salida para aprobar el naciente texto constitucional. Es probable que vuelvan los cabildos y encuentros territoriales a lo largo del país.

Esto, por cierto, será toda una situación que tendrá que administrar el Gobierno de Gabriel Boric, y ministras y ministros de carteras como Interior, Trabajo, Desarrollo Social, Hacienda, entre otras, y que generará una interlocución con los partidos y legisladores de Apruebo Dignidad.

Algo del camino a seguir lo estableció el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson: “La clave va a estar en que las reformas que planteemos sean apoyadas por la población. Es decir, que fuera de los márgenes del Congreso también exista un apoyo ciudadano de quienes pueden beneficiarse”.

Respaldo a medidas del Gobierno, desde el movimiento social

En una declaración de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) se sostuvo, fijando una postura de la multisindical, que “desde el sindicalismo socio-político que ejercemos, hace ya 33 años, y herederos de la gravitante historia del movimiento sindical del país, seremos actores activos, contribuyendo al proceso de cambios que vive la sociedad chilena con autonomía e independencia del Gobierno, pero en ningún caso neutrales de aquellas políticas públicas que favorezcan a la Clase Trabajadora”.

En un escrito del movimiento social y poblacional Ukamau, en referencia al triunfo político y electoral de Apruebo Dignidad y Boric, se apuntó que “esta re-conexión entre el pueblo y un proyecto político transformador, con importantes elementos de izquierda, debe ser sujetada e impulsada en los próximos meses y años” y que “esta vez, la democratización por arriba debe ir acompañada de una democratización por abajo”. Se dijo que “los jóvenes, las mujeres, los viejos, el mundo de los trabajadores y populares, tiene interés en la política, en participar, en decidir cuestiones relevantes, el nuevo gobierno debe abrir las instituciones y no cerrarlas al pueblo”.

“Es factible decir que si el movimiento social y la sociedad civil no están en la calle, movilizados, expresando la exigencia popular, será más difícil encontrar respuestas a las demandas e ir por las transformaciones exigidas”, dijo un dirigente de un partido de izquierda.

El senador Daniel Núñez advirtió que “uno no puede limitar un proyecto transformador solo a la participación en el gabinete o espacios institucionales como los municipios, consejos regionales o el Parlamento. Acá lo que hay que entender es que debemos generar una fuerza ciudadana y social que defienda al Gobierno y que apoye las transformaciones”.

 

El Gobierno de Apruebo Dignidad tiene el objetivo de fijar en 500 mil pesos el salario mínimo y consagrar las 40 horas de jornada laboral semanal.

 

Esto podría materializarse cuando empiece, por ejemplo, la reforma tributaria, los cambios para alcanzar la equidad laboral, el proyecto de aumento del salario mínimo (se está planteando en 500 mil pesos), la iniciativa de alza de las pensiones llegando a un mínimo de 250 mil pesos, el impuesto a los súper ricos, el sistema nacional de cuidados, el aborto libre y seguro, la jornada laboral de 40 horas semanales, descentralización, reactivación de las Pymes, disminución en el precio de las viviendas y construcción de 260 mil viviendas, transporte público gratuito, creación de una empresa nacional del litio, fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas.

Como sea, lo que se plantea desde el movimiento social y la sociedad civil, así como desde partidos de Apruebo Dignidad, es que el pueblo debe continuar siendo protagonista de todo este proceso, sobre todo considerando que las fuerzas sociales iniciaron los cambios profundos en el país desde la revuelta social de octubre de 2019. En ello, se dice, es fundamental la organización, coordinación, convocatoria y movilización popular.

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