El descalabro en el Ejército


Procesos por fraudes y corrupción, llevaron ahora a la caída del comandante en jefe de la institución. De los seis jefes castrenses de la era pos dictadura, cinco han sido procesados por alguna causa judicial. Consecuencia de prácticas sistemáticas e instaladas en la principal rama de las FFAA, alejadas de la legalidad y el buen uso de dineros públicos, que vienen desde hace más de 50 años. La responsabilidad de autoridades civiles de pasados Gobiernos y el reto que tiene la nueva administración ante demoledora situación del Ejército. Se sabe que conociendo los contenidos del procesamiento a Ricardo Martínez, de la posibilidad de que quede en prisión preventiva este jueves, Piñera aceptó en pocos minutos la renuncia.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 02/03/2022. El Ejército de Chile pasó a engrosar la lista de entidades militares de América Latina cuestionadas por prácticas corruptas e irregulares. La mala guinda de la torta fue la obligada renuncia, este día, del comandante en jefe de la institución, general Ricardo Martínez, al ser citado por la magistrada Romy Rutherford, como inculpado en un caso de fraude y mal uso de dineros fiscales.

Como se sabe, ya está en prisión preventiva el ex jefe del Ejército, Oscar Izurieta, por el mismo proceso, denominado “Pasajes y Fletes” donde se efectuaron fraudes en el uso de dineros institucionales para pasajes aéreos y viajes. Martínez tuvo que dar un paso al costado porque era insostenible el daño a la entidad castrense, vinculado judicialmente a ese proceso, con posibilidades de que se le decretara prisión preventiva, aunque se declara inocente.

Con esto, el actual jefe militar suma cinco de los seis ex comandantes en jefe de la era pos dictadura, sometidos e investigación y procesamiento por causas de uso irregular de “gastos reservados”, malversación, falsedad de instrumentos, fraude, irregularidades financieras y también por violaciones a los derechos humanos.

La situación es escandalosa y contrasta con la intención de varios sectores políticos, personeros de Gobierno, medios de prensa y poderes fácticos, de bajar el perfil a esta situación que  provoca un descalabro en el funcionamiento de la principal rama de las Fuerzas Armadas (FFAA).

“Comunico que he resuelto presentar mi renuncia”

Martínez tuvo que hacer ver su renuncia durante su cuenta pública sobre el estado del Ejército y ahí señaló que “he servido a esta noble institución por 46 años y muy lejos en mí está el que por el respeto a los miles de hombres y mujeres que sirven a Chile desde sus filas, causarles inconvenientes o que se vea de algún modo afectada por una situación que afecta a su comandante en jefe”.

“Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado que nunca he estado ni estaré sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley”, dijo, y manifestó, en un tono de autovictimización, que “pese a que debería contar con la presunción de inocencia, de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército”.

Como sea, es un episodio vergonzoso para un jefe de la entidad castrense y no la mejor forma de terminar el ejercicio de su cargo.

Por lo demás, llamó la atención que usara la frase de que “no aplica para todos” la presunción de inocencia, viniendo del representante de una rama de las FFAA, con cientos de sus miembros responsables de miles de violaciones a los derechos humanos, actuando como agentes del Estado para cometer crímenes de lesa humanidad, y que no ha entregado información que permita dar con el paradero de más de mil detenidos desaparecidos, y que tiene a decenas de altos oficiales, suboficiales y subalternos procesados por delitos financieros y fiscales.

Ricardo Martínez será interrogado por la magistrada Romy Rutherford este jueves y no se descarta que quede en prisión preventiva, una de las razones que tuvo el general para renunciar antes de manchar el cargo de comandante en jefe.

Prácticas sistemáticas y responsabilidades de autoridades civiles

El hecho de que cinco de los seis comandantes en jefe de la era pos dictadura hayan estado indagados y procesados por la justicia, apunta necesariamente a la constatación de que existen o existían prácticas sistemáticas e instaladas dentro del alto mando, alejadas de la legalidad y el desempeño correcto de generales de la República.

Tampoco se pasa por alto la responsabilidad de autoridades civiles de pasados gobiernos, que ocuparon cargos de ministros y subsecretarios del Ministerio de Defensa, y que no abordaron temas relacionados con los “gastos reservados”, formas de uso de dineros de los jefes militares y de fiscalización y transparencia. Inclusive hoy se apunta a fallas de la legislación que el Parlamento nunca asumió. Algunos comentaristas señalaron que si desde los sectores políticos “todavía se le tiene miedo a los militares”.

Se aparece el reto que tienen las nuevas autoridades del Ministerio de Defensa que asumen el 11 de marzo próximo, donde se verá si seguirán una línea similar a anteriores gestiones o se tomarán iniciativas que apunten a cambiar ciertas normativas y privilegios de los comandantes en jefe y altos oficiales castrenses.

En todo caso, y excusándose de abordar de manera más amplia el tema, la futura ministra de Defensa, Maya Fernández, declaró a la prensa que “este es un tema de prioridad, pero insisto, aún no soy ministra. Sí puedo decir que es un tema prioritario para el presidente (Gabriel) Boric. En su momento se dará a conocer”.

Que a la cuenta pública que dio el ahora renunciado comandante en jefe, no concurriera el actual ministro de Defensa, Baldo Prokurica, ni algún subsecretario u otra autoridad civil de ese cartera o del Gobierno, mostró cierta lejanía de la administración de Sebastián Piñera con este alto mando.

De hecho, se sabe que conociendo los contenidos del procesamiento a Ricardo Martínez, de la posibilidad de que quede en prisión preventiva, llevó a Piñera a aceptar la dimisión en un par de minutos; no hubo ningún asomo de conversación, menos de rechazarla.

Hubo intentos de la defensa del general Ricardo Martínez, de que la jueza lo citara a declarar una vez que dejara la jefatura del Ejército. Se pidió esa posibilidad formalmente. Pero Romy Rutherford rehusó esa posibilidad, para beneficio de la indagación, y porque además, por la gestión de otra defensa, del inculpado ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, la magistrada podría estar inhabilitada o fuera del caso en poco tiempo. Ocurre que el abogado de Fuente-Alba, presentó ante el Tribunal Constitucional, un requerimiento de inaplicabilidad, destinado a que la magistrada Rutherford no siga a cargo de estos casos de corrupción.

Es parte del ajedrez en que se está moviendo este caso de fraude por pasajes y viajes y uso irregular de dineros fiscales, y donde ahora empiezan a tropezar sus piezas los propios generales.

La expectativa está puesta ahora, principalmente, en qué ocurrirá con el general Ricardo Martínez este jueves y qué curso tomará todo el proceso llevada a cabo por Romy Rutherford.

Lo que está claro, es que cayó el número uno del Ejército y que esa institución está envuelta de manera escandalosa en un caso de fraude y manejo ilegal de dineros por parte de sus máximos jefes.

 

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