EL EDITORIAL. Hasta cuando los comandantes en jefe

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Cuatro de los seis jefes del Ejército en los últimos 30 años, fueron procesados por delitos financieros. Eso no tiene otra explicación, que en la institución castrense existe un modus operandi que posibilita la ejecución de procederes ilegales. Este es, por tanto, un tema que se le abre, necesariamente, al nuevo Parlamento que comienza en marzo, y al Gobierno que asumen en menos de un mes, sobre todo a las nuevas autoridades del Ministerio de Defensa.

“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 16/02/2022. Pese a que se quiere tapar con un dedo, bajarle el perfil y desinformar a la población, es impresentable e indignante el nuevo caso de corrupción del que es acusado un comandante en jefe del Ejército (esta vez Oscar Izurieta), exponiendo a Chile como un mal ejemplo de estándares aceptables en el funcionamiento de una rama de las Fuerzas Armadas.

Además, los delitos que le imputó la magistrada Romy Rutherford al ex general, indican que hubo un uso irregular e ilegal, abusivo y escandaloso de dineros del Fisco, que superan los 6 mil millones de pesos y, por lo tanto, dadas las condiciones de vida de la mayoría de la población, implican un acto antipatriótico y desleal al país.

De los seis jefes del Ejército desde el término de la dictadura cívico-militar, cuatro fueron procesados por graves delitos financieros y uso indebido de dineros fiscales y, por cierto, por casos de violaciones a los derechos humanos. De los dos no juzgados, uno falleció a relativa temprana edad, y el otro es el actual comandante en jefe (que es de esperar, una vez pasado a retiro, no se le descubran malas prácticas).

Eso no tiene otra explicación, que en la institución castrense existe un modus operandi que posibilita la ejecución de procederes ilegales y de apropiación indebida de dineros del Estado, y que son destinados en un alto porcentaje (como lo demuestran los procesos judiciales abiertos) al beneficio personal y privado de altos mando del Ejército, incluso en operaciones financieras donde se comprometió a muchísimos oficiales, suboficiales y subalternos.

El origen de muchos de los fraudes, está en los denominados “gastos reservados”, que los comandantes en jefe gastaron a diestra y siniestra, sin miramientos éticos ni institucionales, engañando al país.

Que cuatro de seis jefes del Ejército en los últimos 30 años hayan caído en manos de la justicia y hayan sido procesados e incluso sancionados, pone en duda que la ciudadanía deba respetar, sentirse orgullosa y aplaudir a los altos mandos castrenses que, hipócrita y contradictoriamente, piden respeto y reverencia a las chilenas y chilenos. No es menor que esos jefes militares siguieran la huella criminal, fraudulenta, mentirosa, de malversación y delitos financieros, del dictador y antiguo “capitán general” Augusto Pinochet. De hecho, el último acusado, Oscar Izurieta, le pasó plata a la familia del tirano.

No debe pasar por alto, y la prensa debería reaccionar, que en la última indagación de la magistrada Rutherford se constatara que el Ejército usó dinero en regalos, cenas, almuerzos y lobby con periodistas, editores, directores y columnistas de medios de comunicación. Eso constituye prácticas inadecuadas y viciadas (que, por cierto, existen desde otros estamentos) que altera la credibilidad de alguna prensa y habla mal de los altos mandos militares.

El asunto es hasta cuándo. Se comprueba que la actual legislación y normativa que rige al Ejército no impide el continuo acto fraudulento e ilegal de los comandantes en jefe, el abuso con dineros públicos, y queda claro que la autoridad civil debe hacer algo porque no se puede confiar en los estándares que rigen a los generales.

Este es, por tanto, un tema que se le abre, necesariamente, al nuevo Parlamento que comienza en marzo, y al Gobierno que asumen en menos de un mes, sobre todo a las nuevas autoridades del Ministerio de Defensa. Llevamos 30 años en que ni el Parlamento ni sucesivos gobiernos, han logrado parar la corrupción en las jefaturas del Ejército. Eso no puede seguir.

¿Cuántos desfalcos, malversaciones, fraudes, falsedades, delitos financieros y fiscales hacen falta para que cambie esto de los “gastos reservados” y las prerrogativas que tienen los comandantes en jefe? ¿O se piensa que es un mal menor y que no hacen falta respuestas firmes de cara a la ciudadanía? ¿O se le sigue temiendo a las Fuerzas Armadas y se hace perseverar el criterio de no tocarlas?

Esto es un asunto del país, de la probidad del Estado, de la ética de los servidores públicos, de la transparencia y, sobre todo, de respeto hacia cada chilena y chileno.

Ojalá no se salga con frases con lugares comunes que no se traducen en medidas correctivas y asertivas, y que los mandos militares dejen la retórica de que son casos de personas y no es la institución (cuando tienen más de 50 altos oficiales, cuando menos, y cuatro recientes comandantes en jefe, metidos en delitos financieros y fiscales), y que se den pasos en la vía de transformaciones en la esfera militar.

 

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