Convención. Iniciativas a favor de profesionales y de discapacitados

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Se presentó norma constitucional que reconoce a los colegios profesionales como garantes de la ética profesional. Hubo otra que reconoce y amplía derechos de las personas en situación de discapacidad. En tanto, se inició proceso de consulta indígena.

Santiago. 26/01/2022. Esta mañana se dio a conocer la propuesta de norma constitucional para reconocer a los Colegios Profesionales universitarios como garantes de la ética profesional y la fe pública.

Esta potestad era algo que existía en Chile hasta febrero de 1981, cuando la dictadura militar por medio del Decreto Ley N°3621 dictó la ilegalidad de los Colegios Profesionales existentes y los obligó a convertirse en asociaciones gremiales.

Uno de los argumentos planteados por los convencionales y por la Federación de Colegios Profesionales es que la crisis de las instituciones en el país tiene un origen ético, vinculado en gran medida a la prohibición del ejercicio colegiado de las profesiones universitarias.

El convencional del Distrito 13, Marcos Barraza, señaló que esta iniciativa “es muy relevante para el buen Gobierno, para la probidad, pero especialmente para la fe pública y la ética en el ejercicio de la profesión”.

“Son demasiados los casos en nuestro país de un ejercicio indebido de la profesión y nadie se hace cargo de ello. Quién mejor que los propios colegios profesionales con sus departamentos de ética para hacerse cargo de la fe pública, de la responsabilidad en el ejercicio de la profesión y de la garantía de la ciudadanía de saber que estamos bien cuidados por entidades de estas características”, añadió Barraza.

En tanto, Ramona Reyes, convencional por el Distrito 24, indicó que “este reconocimiento constitucional devuelve a los Colegios Profesionales el rol que tenían antes de la dictadura. El año 1981 se le quitó este importante rol que tiene por objetivo regular las normas éticas, cumplir un rol de supervisión, de control y de autocontrol dentro de los colegios profesionales”.

La norma establece que “los Colegios Profesionales universitarios son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Su labor consiste en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina que profesan sus afiliados, y representar oficialmente a la profesión ante el Estado. El funcionamiento de los colegios se regirá por una ley de la República”.

Loreto Vidal, convencional por el Distrito 20, destacó la importancia de la norma constitucional indicando que “la ética aparentemente en algún momento de la vida perdió la credibilidad que requiere y dejó de estar de moda. El que la tuición ética la tomen nuevamente los colegios profesionales es muy importante. Es verdaderamente una protección a la sociedad civil, a la comunidad toda, porque de alguna manera se van a regular el quehacer de cada profesional que sale de una casa de estudio y que tenga que dar cuenta de las faltas éticas”.

La presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile (Fedcolprof), Anita Román, mostró su alegría por el ingreso de esta norma constitucional que luego de 41 años devolvería la tuición ética a los colegios profesionales.

“No puede ser que en Chile siga existiendo este endiosamiento a personas que por solo tener un cartón profesional abusan con la sociedad civil. Los colegios profesionales estamos dispuestos a eliminar esta corrupción. Tenemos que cautelar que de una vez por todas los profesionales tengan el rango que tienen que tener y es comprometerse con la ética por lo que estudiaron”, enfatizó Román.

Claudio Ternicer, director de Fedcolprof y representante del Colegio  Médico Veterinario, indicó que el principal problema del país hoy día “es una crisis ética transversal y la forma de enfrentar esta crisis ética que afecta al país es justamente que todos nos comprometamos con un actuar correcto, con un actuar dentro de los códigos de ética”.

La norma constitucional fue patrocinada por los convencionales Marcos Barraza, Loreto Vidal, Mauricio Daza, Felipe Harboe, Ramona Reyes, Benito Baranda, Tomás Laibe, Carolina Videla, Fuad Chaín y Cristián Monckeberg.

Presentaron norma que reconoce y amplía derechos de personas en situación de discapacidad

Que se consagre el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos políticos, sociales, artísticos y culturales es el objetivo de la norma constitucional presentada por los convencionales Marcos Barraza, Mariela Serey, Malucha Pinto, Alejandra Flores, entre otros constituyentes.

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) del Senadis realizada el año 2015 y cuyas cifras no han sido actualizadas, las personas con discapacidad representan el 17% de la población. En Chile, las políticas públicas no se hacen cargo de la protección y los derechos de las personas con discapacidad.

Para Marcos Barraza, constituyente por el Distrito 13, la política pública enfocada en la discapacidad “es focalizada, es residual, es asistencial, no es garantista, no hay derechos consagrados y creemos que esta Constitución no sería completa si no asegurara esos derechos”.

Para los patrocinantes de la iniciativa se tienen que garantizar derechos y coberturas universales como educación, salud, accesibilidad universal, trabajo entre otros. El ENDISC 2015 muestra que las personas con discapacidad que trabajan formalmente ganan en promedio un 20% menos que una persona sin discapacidad; tienen 8,6 años de escolaridad; el 50% se encuentra en los dos primeros quintiles.

Barraza indicó que “creemos que tiene que haber una política pública consagrada desde rango constitucional, que asegure autonomía, protección integral de las personas, protección reforzada, capacidad jurídica, materias que hoy día no están presente en la Constitución actual y ciertamente tampoco están presente en las políticas públicas”.

La norma presentada por los convencionales “cumple con un propósito importante que es dotar a las personas en situación de discapacidad de la propia representación política. Creemos que el nuevo sistema tiene que asegurar una participación política en términos de representación y participación integral”, añadió Marcos Barraza.

En tanto, Francisco Silva del Colectivo Nacional por la Discapacidad, fue enfático en señalar que “el Estado tiene una deuda y esa deuda desde la Constitución se puede saldar, pero se puede saldar solo si es que existen garantías para las personas con discapacidad y el cumplimiento de su derecho sustantivo y asegurando también una serie de otros aspectos que están dentro de esta norma derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales de manera sustantiva”.

La norma fue firmada también por los convencionales Claudio Gómez, Aurora Delgado, Julio Álvarez, Tatiana Urrutia, Maximiliano Hurtado, Damaris Abarca, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Valentina Miranda, Cristina Dorador, Lidia González y Hugo Gutiérrez. Además, respaldada por 39 organizaciones de la discapacidad.

Se inició proceso de consulta indígena

Este día comenzó, con una actividad en el Cerro Huelén (Santa Lucía), el proceso de consulta indígena, con participación de las y los convencionales constituyentes que representan a los pueblos originarios e integrantes de organizaciones indígenas, y ciudadanía.

María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención Constitucional, dijo que “se inicia hoy un proceso histórico en el que se consulta a todos los pueblos originarios qué debería estar escrito en la Convención, lo que significa que sus acuerdos y propuestas serán consideradas en deliberación de la nueva carta magna”.

La primera etapa de la consulta consiste en la difusión y educación del proceso mediante visitas territoriales a las comunidades indígenas. La segunda consiste en un periodo de deliberación, en el que se analizarán y generarán propuestas sobre el catálogo de derechos y principios de los pueblos indígenas. Luego se efectuará el proceso de sistematización. A partir de ello, se generará un informe que será derivado a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, que a su vez, enviará distintos informes a las respectivas comisiones.

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