“Aseguradoras” de súper ricos

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El control de grupos empresariales sobre el sistema AFP, se ejerce a partir de sus compañías de seguros, las que constituyen la parte esencial del sistema y han sido sus principales beneficiarias. Arguyen ahora falsamente que anticipar parte de las rentas vitalicias que adeudan, a cambio de rebajar la deuda respectiva en un monto idéntico, es decir, sin afectar su patrimonio, las llevaría a la insolvencia. Si ellos insisten en que las medidas pueden afectarlos, sugerimos autorizarlos a traspasar al IPS su cartera completa de rentas vitalicias, incluidas las pensiones adeudadas y las reservas técnicas que las respaldan, es decir, sin afectar su patrimonio de modo alguno.

Manuel Riesco (*). Vicepresidente CENDA. 28/10/2021. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, ha aprobado en general el cuarto retiro del fondo AFP, lo que es exigido por la ciudadanía en diferentes estratos sociales y fue aprobado por una amplia mayoría de diputados de todos los sectores políticos.

Al autorizar los retiros anteriores, el Parlamento ha impuesto su autoridad democrática, frente a la feroz resistencia desplegada por un puñado de grandes empresarios, súper enriquecidos por el sistema AFP, a costa de millones de jubiladas abusadas durante cuarenta años.

Ellos han desplegado todo su poder, movilizando todos los recursos a su alcance, para intentar infructuosamente impedirlos. Incluyendo al poder ejecutivo, a las principales instituciones económicas del Estado en flagrante transgresión de sus atribuciones funcionarias, a los medios de comunicación principales y también a casi todos los economistas, de un arco político bastante transversal.

Superando esa resistencia con el decidido apoyo ciudadano, el Parlamento ha actuado de manera responsable. Sin duda los retiros han sido una de las medidas de mayor impacto positivo, en lo económico y social y en sus consecuencias políticas, de todas las aprobadas por el Parlamento desde el retorno de la democracia.

Ha sido la política de reactivación económica más importante en registro, representa cinco de cada siete pesos transferidos por el Estado a la población trabajadora paralizada por la pandemia, protegiendo a millones de familias y miles de empresas, y recuperando rápidamente la actividad en beneficio de todos.

El mayor impacto de los retiros ha sido mejorar notablemente la distribución del ingreso nacional. Han restituido a 11 millones de afiliados AFP, activos y jubilados, el equivalente a más de la mitad de la masa de sus salarios imponibles de los últimos 12 meses, una cifra equivalente a poco menos de un quinto del producto interno bruto (PIB), elevando su participación desde menos de un tercio del PIB a más de la mitad del mismo, lo que no ocurría desde 1973.

Hoy se reconoce ampliamente que todos los beneficios mencionados se han verificado en los tres retiros ya efectuados. Ha sido una buena idea, una de las políticas públicas más importantes, efectivas y progresivas desde el retorno de la democracia. Beneficios similares se verificarán nuevamente al autorizar el Parlamento un cuarto retiro.

La economía y el empleo están aún lejos de normalizarse. Vienen recién saliendo de una paralización profunda y la recuperación es aún frágil y debe cuidarse. Continúan entrabados todos los canales de producción y circulación. Las mercancías aún no pueden alcanzar oportunamente a quiénes las demandan, por eso los precios han subido transitoriamente. Esa es la situación en el mundo y en el país.

Sin embargo, las autoridades económicas chilenas están cometiendo un error de proporciones, puesto que se han apresurado a cercenar los programas fiscales extraordinarios y se proponen reducir de golpe el presupuesto fiscal en un quinto para el año venidero, al tiempo que el Banco Central está elevando la tasa de interés a un ritmo desmesurado. Todo ello corre el riesgo de precipitar una nueva recesión, como han advertido en los últimos días diversos especialistas.

En esas circunstancias, un importante estímulo reactivador como será el 4º retiro, solventado con recursos reales y no con emisión monetaria y en parte con repatriación de fondos invertidos en el extranjero, resulta muy necesaria. Al aprobar un cuarto retiro, el Parlamento evitará que las malas políticas públicas referidas provoquen una nueva recesión, continuará protegiendo a familias y empresas y sostendrá en parte el efecto redistributivo de los anteriores.

Pero asimismo, y más importante todavía, al igual que sucedió con los retiros ya autorizados, éste continuará reparando el inmenso abuso que ha infligido el ahorro forzoso AFP al pueblo trabajador chileno, particularmente al pueblo trabajador jubilado, que en su mayoría son mujeres.

La medida de este abuso es precisamente el fondo de inversiones empresariales mal llamado de pensiones, y las denominadas reservas técnicas de las compañías de seguros que conforman el corazón del sistema. Los retiros han sido la única ocasión en que el pueblo trabajador y el Parlamento han impuesto tomar en serio la promesa de que dichos fondos eran suyos.

A excepción de los retiros, dichos fondos no han financiado nunca pensión ni beneficio alguno a sus afiliados. Ni lo harán jamás puesto que en todos y cada uno de los 484 meses, en cada uno de los 40 años, transcurridos desde la creación del sistema AFP en 1981, las cotizaciones aportadas por afiliados y los subsidios con que el fisco complementa las pensiones AFP, han excedido con creces el costo de estas últimas.

Así está diseñado este sistema, que no es de pensiones sino de desvío al ahorro forzoso para beneficio de unos pocos empresarios que lo controlan, de las cotizaciones obligatorias que pueden y deben pagar buenas pensiones. Así lo demuestra la resistencia feroz de estos empresarios a restituir parte de los fondos acumulados y su insistencia majadera en subir aún más las cotizaciones y subsidios que siempre han más que duplicado lo que el sistema ha pagado en pensiones, mes tras mes, año tras cada año, desde 1981.

La suma de los excedentes de salarios así acumulados equivale al valor actual del fondo AFP, que equivale asimismo a 30 veces el costo de las pensiones pagadas en el último año. Es decir, los excedentes de cotizaciones obligatorias que lo han formado, podrían haber más que duplicado las pensiones pagadas por el sistema a lo largo de todos estos años, si se hubiesen destinado a ello, como siempre debe ser, en lugar de desviarse al ahorro forzoso. Esa es la causa exclusiva de las bajas pensiones.

En cambio, dichos fondos, conformados con cotizaciones obligatorias a los salarios desviadas al ahorro forzoso, financian hoy el 70 por ciento de la deuda de las empresas del país, un quinto del capital bursátil de las mayores de ellas, y un 10 por ciento de la deuda de la banca. Sin contar que más de la mitad ha sido transferido al extranjero.

Dichos fondos han financiado principalmente a las empresas que pertenecen a los cuatro grupos que controlan el sistema AFP a partir de sus compañías de seguros que forman parte del mismo. Ello ha permitido que sus propietarios hagan noticia por estos mismos días, retirando la totalidad de las utilidades de sus empresas, las mismas que deberían en cambio financiar su operación y crecimiento como es la obligación de los empresarios auténticos.

Dichos grupos controladores del sistema AFP estuvieron ligados estrechamente a la dictadura y además se quedaron con empresas y tierras públicas. Uno de ellos ha sido sancionado por colusión con el papel confort, otro por financiar ilegalmente la política y recientemente ha precipitado una acusación constitucional contra el Presidente de la República a raíz de transacciones oscuras en paraísos fiscales financiadas asimismo con los fondos AFP.

Ellos son los principales beneficiarios de este abuso, que los ha convertido en súper ricos en circunstancias que sus fortunas eran modestas en el mejor de los casos, antes de apoderarse de los fondos AFP. Otros, como dice el dicho popular, “no tenían ni uno” y más bien son testaferros de un partido político al que financiaron generosamente por décadas.

En resumen, y parafraseando lo que dijo alguna vez Luis Emilio Recabarren, fundador del movimiento obrero chileno, el progreso de estos grupos en las cuatro décadas transcurridas desde la dictación del DL 3500 que creó las AFP, es indiscutible. Pero de todos los progresos de estos grupos, al pueblo trabajador y al fisco sólo les ha correspondido contribuir a él, para goce de sus adversarios.

La única excepción a lo anterior han sido los retiros autorizados por el Parlamento, gracias a los cuales, por primera y única vez en cuatro décadas, el sistema AFP ha restituido a millones de personas afiliadas al sistema, activas y jubiladas, una parte no despreciable de las cotizaciones salariales obligatorias desviadas y retenidas forzosamente en el sistema AFP para financiar negocios empresariales, a costa de millones de jubiladas por este sistema, a quiénes estaban destinadas y podrían haber solventado pensiones dignas. Pero el monto restituido equivale todavía apenas a un quinto del valor del fondo AFP al iniciarse los retiros.

Queremos subrayar, puesto que no es bien conocido, que el control de estos grupos empresariales sobre el sistema AFP, que los ha hecho súper ricos, se ejerce principalmente a partir de sus compañías de seguros, las que constituyen la parte esencial del sistema y han sido sus principales beneficiarias.

Por ello, CENDA respalda muy especialmente los anticipos de rentas vitalicias que hoy dichas compañías, las que incluyen además a dos de las mayores aseguradoras del mundo, están resistiendo con denuedo, incluso demandando al Estado ante tribunales y organismos internacionales.

Estas aseguradoras se han apropiado primas AFP por un valor equivalente a la mitad de las cotizaciones recaudadas desde 1981. Con ello han pagado todas las pensiones vitalicias y cubiertas por el seguro y les ha quedado la mitad  como excedente, o primas netas. La mitad de todo ese flujo se lo han apropiado sólo los cuatro grupos antes mencionados, que en conjunto se han embolsado una cuarta parte de las cotizaciones totales. Hay que agregar que los mismos grupos son destinatarios por añadidura de una cuarta parte de las inversiones del fondo AFP en empresas nacionales.

Arguyen ahora falsamente que anticipar parte de las rentas vitalicias que adeudan, a cambio de rebajar la deuda respectiva en un monto idéntico, es decir, sin afectar su patrimonio, las llevaría a la insolvencia. Si ellos insisten en que las medidas pueden afectarlos, sugerimos autorizarlos a traspasar al IPS su cartera completa de rentas vitalicias, incluidas las pensiones adeudadas y las reservas técnicas que las respaldan, es decir, sin afectar su patrimonio de modo alguno.

Olvidan que operan un negocio asimismo forzoso, puesto que las personas afiliadas no tienen otra alternativa que “comprar” una renta vitalicia traspasando a las aseguradoras la propiedad de todos sus ahorros acumulados al jubilar, si desean asegurarse una pensión que, aunque muy modesta, al menos resulta definida y vitalicia.

Ocultan asimismo que un gobierno conservador en Gran Bretaña acabó el año 2015 con un esquema similar, por considerarlo una compra forzosa abusiva, autorizando a los propietarios de dichos ahorros acumulados con parte de cotizaciones previsionales, a retirarlos al jubilar, y obligando a las aseguradoras a anticipar las pensiones ya contratadas. Es decir, más o menos lo mismo que ha aprobado el Parlamento chileno y propone el proyecto de cuarto retiro.

El desvío de cotizaciones obligatorias al ahorro forzoso ha resultado en perjuicio directo de tres millones de personas jubiladas, mujeres en su mayor parte, la mitad ya fallecida, cuyas pensiones se vieron reducidas fuertemente, a pesar que el fisco las ha financiado en su mayor parte, mediante subsidios que en todo momento han representado y representan una onerosa carga al erario fiscal y constituyen la componente principal del endeudamiento del Estado. Dos tercios de la deuda del Estado es con los fondos del sistema AFP, y su monto equivale casi exactamente a los subsidios aportados a este sistema para complementar sus pensiones.

Acabar con el desvío de las cotizaciones obligatorias corrientes al ahorro forzoso, derogando del DL 3.500 que la originó, y restituirlas al propósito exclusivo de financiar pensiones en forma directa e inmediata, del cual jamás debieron desviarse, permite elevar dichas pensiones de inmediato a un nivel digno, ahorrando al mismo tiempo al fisco varios miles de millones de dólares anuales en subsidios directos e indirectos al sistema AFP. Así ha sucedido en todos los países que han acabado recientemente con remedos del ahorro forzoso AFP impuestos en las décadas precedentes. Todos ellos redujeron su déficit y mejoraron su calificación de riesgo.

Ello resulta sostenible en el tiempo y por añadidura, durante más de una década a lo menos, no requiere incrementar la carga impositiva que dichas cotizaciones representan para el trabajo y las empresas, especialmente PYME.

Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior en lo que a pensiones se refiere, resulta posible restituir íntegramente el fondo AFP, a quienes contribuyeron a formarlo, en la medida de los aportes de cada cual, y en la oportunidad y forma que el país resuelva democráticamente.

Todo ello contribuirá de modo significativo a la economía y también a una distribución más justa del ingreso y la riqueza, y al balance de las cuentas fiscales, mismos beneficios significativos que han tenido las restituciones ordenadas en meses recientes por el Parlamento.

Quizás más importante aún que lo anterior, la medida legitima el sistema político democrático en un momento de crisis, al reafirmar su autoridad frente a poderosos grupos de presión que han venido ejerciendo toda su influencia para intentar impedirlos.

Puesto que se trata del mayor abuso que provoca la justa indignación del pueblo, acabarlo será un aporte principal a la sana y justa convivencia nacional.

(*)Manuel Riesco es ingeniero civil industrial, magister en Economía de la Universidad de Chile, doctorado en Economía Política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Rusia y Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).

 

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