La movilización consiste en la superación del principio de subsidiariedad

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Induce a error plantear que el concepto de Estado, que es lo esencial de un texto constitucional, puede concebirse al margen de aquello que el Estado realiza.

 Ericka Portilla (*). Convencional constituyente. 17/10/2021. El Estado es su política, el ejercicio del poder político. Por ello induce a error plantear que el concepto de Estado, que es lo esencial de un texto constitucional, puede concebirse al margen de aquello que el Estado realiza. El concepto de Estado, hoy vigente, ha determinado la política de pensiones, de salud, de educación, así como de minería y agricultura, de comercio exterior y de la banca; también ha definido la posición ante los pueblos originarios, o ante la mujer y la diversidad de género, relativizando el alcance los tratados internacionales. Pero con ello, no sólo se ha determinado la política de la salud pública, por ejemplo, sino también el mercado de la salud y el enriquecimiento de las grandes empresas. La precariedad de consultorios o de las condiciones laborales de las y los trabajadores es requisito de ese enriquecimiento, fenómenos que se desprenden del concepto del Estado vigente. Las reivindicaciones de la movilización popular, iniciada en 18 de octubre de 2019, no pueden sino expresarse en la modificación de ese concepto de Estado. En respuesta a ello, con el fin de neutralizar el carácter político e ideológico del 18 de octubre, la derecha en el proceso constituyente ha sostenido la tesis de la separación entre Estado y políticas de Estado, o entre poder político y ejercicio del poder político. En este sentido, los representantes confesos del gran empresariado apelan a la influencia ideológica de estas últimas décadas de neoliberalismo, tanto en la Convención como en los medios de comunicación. Desde el punto de vista de esa influencia, por ejemplo, la educación en modo alguno se encuentra afectada por el concepto de Estado, incluso en el mismo ámbito público el concepto resultaría indiferente, toda vez que la educación sería, desde ese ángulo, una realidad entre particulares, entre profesora o profesor y estudiante, o su familia. Resulta evidente que esta concepción es la misma que Piñera expresó al afirmar que no se requiere un Estado docente, sino una “sociedad docente”, y la misma que inspiró la mercantilización de los derechos sociales y la privatización de las empresas del Estado, procesos por los cuales el gran capital estableció, y con él las empresas transnacionales, un dominio sobre todos los aspectos de la vida social. En conclusión, la separación entre Estado y políticas de Estado no es más que una adaptación, en el contexto del proceso constituyente, de la concepción que impulsó el Golpe de Estado de 1973 y la Constitución de 1980.

Al plantearse que las políticas de Estado son algo diferente al Estado se pretende despolitizar el concepto de Estado. El carácter popular del 18 de octubre, de este modo, representaría un antecedente del proceso constituyente, pero no su orientación. El exponente pleno de un proceso constituyente presuntamente “apolítico” es Augusto Pinochet. Anunciando a la Constitución del 80, Pinochet proclama la “unidad de la gran familia chilena” en el llamado Discurso de Chacarillas de 1977 en vistas a “reducir el margen de debate ideológico” de la, entonces, nueva Constitución que establecería “una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”.

En dicho discurso, el dictador sostiene que esa democracia tiene por cualidad la “auténtica participación social”, entendiendo por ello que “sólo es verdaderamente libre una sociedad que, fundada en el principio de subsidiariedad, consagra y respeta una real autonomía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, para perseguir sus fines propios y específicos. Este principio es la base de un cuerpo social dotado de vitalidad creadora, como asimismo de una libertad económica que, dentro de las reglas que fija la autoridad estatal para velar por el bien común, impida la asfixia de las personas por la férula de un Estado omnipotente”.

Las últimas décadas de neoliberalismo evidencian la unidad entre el concepto de Estado, esgrimido por Pinochet, y las políticas del Estado, como pensiones, salud, educación. La crisis hídrica, las zonas de sacrificio, o los bosques devorados por empresas forestales son expresiones concretas del significado del principio de subsidiariedad impuesto por Pinochet, quien, por lo demás consideraba que, para esa “unidad de la gran familia chilena”,  el “Poder Constituyente deberá permanecer siendo ejercido por la Junta de Gobierno”.

Dado que el Estado es su política, ante la cual el pueblo chileno ha reivindicado sus derechos, la movilización consiste en la superación del principio de subsidiariedad.

(*)Ericka Portilla es convencional constituyente. Abogada de la Universidad de Atacama, Chile. Fue Gobernadora de la provincia de Copiapó. Militante del Partido Comunista de Chile.

 

 

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