18/O. “Todo sigue igual”. Poderosos en episodios oscuros

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Están en marcha investigaciones y procesamientos contra el Presidente de la República, tres ex generales directores de Carabineros, el ex director de la Policía de Investigaciones, ex comandantes en jefe y personal del Ejército, directivos de empresas privadas de gas y el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel. Pese al enojo ciudadano y la protesta social potenciada en 2019 ante el abuso, la corrupción y las malas prácticas, en círculos de poder persisten las actividades oscuras e ilícitas. Y cuando se producen las revueltas populares se afirma que “no lo vimos venir”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 15-18/10/2021. En estos días están investigados y procesados por entidades judiciales chilenas ex jefes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, el Presidente Sebastián Piñera, un grupo de poderosos empresarios y financistas, el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel, y altos oficiales del Ejército. Todos por vínculos con casos de irregularidades, cohecho, corrupción, colusión, uso ilegal de gastos reservados, fraude al fisco y operaciones financieras oscuras.

A dos años de la revuelta social del 18 de octubre de 2019, en que se reclamó contra los abusos y actos corruptos de poderosos de la política, las finanzas y estamentos policiales y militares, “todo sigue igual” como se afirma en las calles del país.

Quienes están al frente en puestos sensibles del Estado y al mando de grandes consorcios privados, siguen mostrando un rostro oscuro e irregular, lo que desata la indignación de la gente. Como se ha afirmado, después desde sectores políticos y empresariales se dice que “no lo vieron venir”, cuando se producen estallidos sociales de ciudadanas y ciudadanos indignados, como ocurrió hace dos años en todo Chile.

Piñera y su socio Délano, de nuevo ante la justicia

Hay dos casos elocuentes. Los del Presidente Piñera y su amigo y socio en negocios, el financista Carlos Alberto “Choclo” Délano. Los dos vuelven a estar investigados y en manos de instancias judiciales y fiscalizadoras.

El mandatario tiene encima una acusación constitucional por vulneración del “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y haber “comprometido gravemente el honor de la nación”, por el papel que le cabría en irregularidades en el negocio de “Minera Dominga”, reveladas en los “Papeles de Pandora” publicados en medios nacionales e internacionales; además, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación penal sobre el Presidente Piñera por su conocimiento y/o participación en la compra-venta de “Minera Dominga”, realizada entre la familia Piñera-Morel y el financista Délano. El mandatario es indagado por presuntos delitos de cohecho, soborno y elusión de impuestos.

Por el mismo caso y las mismas causas, se está investigando al financista Carlos Alberto Délano, todo concentrado en negociados irregulares en “paraísos fiscales” de las Islas Vírgenes Británicas. También el Servicio de Impuestos Internos (SII) está averiguando si hubo evasión del pago de impuestos. Hay señalamientos de que Délano y su familia han manejado en jurisdicciones de baja o nula tributación y son expertos en offshore, vinculado a operaciones financieras internacionales oscuras y sometidas a escrutinio. Hay que recordar que Délano fue procesado y condenado por el rol de su consorcio “Penta” en el financiamiento ilegal de campañas políticas, autor de delitos tributarios consumados y reiterados y actos de corrupción hacia la política.

Hubo revuelta social, se condenó el abuso y las malas prácticas de poderosos políticos y financistas, pero en el caso de Piñera y Délano todo parece seguir igual. Ahora el país espera el resultado de las investigaciones en el Parlamento, la Fiscalía y el SII.

Altos jefes policiales, corruptos

En la escena de corrupción e irregularidades continúan siendo protagonistas los jefes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), junto a cientos de querellas y procesamientos por violaciones a los derechos humanos y crímenes contra ciudadanos.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó, hace una semana, prisión preventiva para los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, formalizados por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Ambos, procesados y acusados de corrupción, ocupando el más alto cargo de la policía uniformada. González tuvo a su cargo $2.147.446.473, sustrajo $1.181.060.811 y se apropió de $123.740.000 y US$ 4.000. Bruno Villalobos tuvo a su cargo $982.062.319, sustrajo $ 606.492.429 y se apropió de $67.461.000.

Los dineros eran parte de gastos reservados para ser usados en operaciones y actividades propias de Carabineros en el combate al crimen organizado y otros procedimientos policiales, pero los dos ex generales directores se apropiaron de millonarias sumas para su beneficio personal. Como si fuera poco, está pendiente la formalización judicial de otro ex general director, Eduardo Gordon, también por delitos financieros y de apropiación de dineros fiscales.

En este caso apareció involucrada la ex ministra de Justicia y dirigenta del Partido Demócrata Cristiano, Javiera Blanco, por presunto delito de malversación de gastos reservados durante el desempeño de su cargo. Se le acusó de apropiarse de más de 42 millones de pesos provenientes de fondos públicos.

Los casos de los dos ex jefes de la policía uniformada y de la ex ministra, se produjeron una semanas antes de que se cumplan dos años de la revuelta ciudadana de 2019.

Cinco días antes de que se recuerde el levantamiento popular, se concretó la acusación y formalización penal del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, acusado por el Ministerio Público de malversación de caudales públicos y lavado de activos en la institución y dos días antes del 18/O su prisión preventiva.

Espinosa, en el ejercicio de su cargo, habría desviado para su beneficio más de 146 millones de pesos, en 53 depósitos para él y a su esposa (María Magdalena Neira) entre junio del 2015 y marzo del 2017.

Esos dineros también corresponderían a gastos reservados para operaciones policiales. La denuncia indicó que “sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución”.

Los poderosos del gas

Si hubo algo que la gente condenó durante la revuelta social, fueron las prácticas corruptas, delictivas y de colusión de los grandes consorcios, con afectaciones directas a la economía familiar, alteración en la fijación de precios de primera necesidad y alza de precios.

Representantes de gremios empresariales dijeron que, en parte, la gente tenía razón y que debían cesar las malas prácticas, sin embargo, también se sumaron al “no lo vieron venir”, mostrando sorpresa ante el estallido social, el enojo ciudadano y la magnitud de las protestas.

Pero en esto también, “todo sigue igual”. Los grandes empresarios siguen dando señales de que, a la hora de potenciar ganancias, no importa afectar a la población.

Es así que se supo de ventajas financieras obtenidas por un mecanismo de operación de los consorcios del gas en Chile. De acuerdo a un análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), producto de la baja intensidad competitiva en el mercado del gas licuado, entre 2014 y 2020 los distribuidores mayoristas tuvieron un margen de ganancia anual de un 35%, equivalente a 261 millones de dólares, sobre todo por el alza en los precios de balones de gas, que presenta subidas de precio del 15%, incluso en estos tiempos de pandemia por el Covid-19 y crisis social que afecta a millones de familias chilenas.

La FNE detectó, por ejemplo, incrementos sostenidos de los precios a los consumidores finales, con ganancias de varios millones de dólares para las empresas. Se conoció de la participación de la empresa de Metrogas (Agesa), integrada “verticalmente” y no sujeta a fiscalización.

“El mercado del gas no está funcionando” se dijo desde la Fiscalía y quedó instalado que en el caso de venta de gas y sus precios, podría existir una colusión para fijación de precios, afectando a la gente, como ocurrió con las grandes empresas privadas de papel higiénico y pollos. En un documento de la FNE, se llegó a decir, precisamente en esta línea, que “el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”.

El diputado Raúl Soto, indicó que “lo denunciamos hace ya un año y esto se está corroborando: el mercado del gas licuados está altamente concentrado en tres grandes empresas, muy desregulado. Creemos que acá hay que ponerle el cascabel al gato y beneficiar a los consumidores y evitar que sigan ocurriendo abusos”. Los consorcios privados son “Lipigas”, “Gasco” y “Abastible”.

Sichel, el gas y dineros de campaña

Precisamente en estos días se conoció que altos directivos y propietarios de los consorcios de gas privado, aportaron millones de pesos a la campaña electoral del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel. Los aportes serían legales, pero apuntan a un vínculo oscuro de los negocios con la política.

En las últimas semanas, el ex ministro de Sebastián Piñera recibió unos 120 millones de pesos de privados para su labor electoral y en la lista de aportadores hay a lo menos tres hombres de negocios ligados a empresas de gas, las mismas que están en tela de juicio por posible colusión y desarrollar mecanismos de alza de precios a los consumidores. La información conocida, apunta a que el vicepresidente de “Abastible”, José Odone Odone, le aportó 1 millón de pesos a Sichel, el vicepresidente de “Lipigas”, Jaime García Rioseco, cinco millones de pesos, y dos depósitos de uno de los directores de “Lipigas”, José Miguel Barros Van Hovell Tot Westerflier, por 10 millones de pesos.

No es para nada menor que Sichel haya sido mencionado como un lobbista de empresas de gas, buscando beneficios financieros para ese sector del empresariado.

Los vínculos oscuros del candidato presidencial de la derecha con el sector empresarial privado se magnificaron cuando un reportaje de Chilevisión y CNN-Chile, reveló que en 2009, siendo candidato a diputado por la Democracia Cristiana, Sichel recibió a lo menos 97 millones de pesos desde consorcios pesqueros privados (PES, Pesquera Sur Austral S.A., Pesquera San José S.A., El Golfo S.A., Alimentos Marinos S.A.). Los aportes de esos privados fueron parte de investigaciones de financiamiento irregular de campañas electorales y de actividades políticas.

Apoyando en ese entonces a Sebastián Sichel, aparece el financista Luis Felipe Moncada, presidente de los industriales pesqueros, quien fue indagado por sus vínculos con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (ex presidenta de la Unión Demócrata Independiente). Por lo demás, este sería otro caso de corrupción a partir de emisión de boletas de honorarios por servicios falsos.

El aspirante presidencial de la derecha salió a hacer descargos en ambos casos, sin desmentir totalmente las aseveraciones sino hablando de que hay una campaña en su contra, pero ante la opinión pública quedó claro que Sebastián Sichle tiene nexos grises y poco claros con el sector empresarial privado y es un ejemplo de la ligazón de la política con los negocios, algo muy criticado por la ciudadanía, inclusive durante el estallido social.

Milicogate, suma y sigue

La opinión pública está familiarizada con el caso “Milicogate”, donde decenas de altos oficiales, suboficiales y subalternos aparecen ligados a delitos financieros y de apropiación de dineros públicos de parte de personal del Ejército. Se sabe de los ex comandantes en jefe del Ejército investigados, procesados y condenados por fraude, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, lavado de dinero y del caso de “los pasajes”, un mecanismo en la compra de boletos aéreos que sirvió para que generales y otros oficiales, al igual que sus esposas, se apropiaran indebidamente de dineros fiscales.

En estos días se conoció la información de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó 11 querellas y tres ampliaciones de investigación por delitos de corrupción al interior del Ejército.  El Consejo es parte de 43 causas que lleva prolijamente la ministra en visita, Romy Rutherford, por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en materia de administración militar y falsificación de documentos público.

Entre los últimos casos conocidos de corrupción, donde aparecen nuevas aristas, está el de compra de helicópteros y repuestos con sobreprecios millonarios, donde la investigación apunta sobre todo a oficiales y personal de la Aviación del Ejército de Chile. Hay una investigación por afectación al erario fiscal.

En estos días se reportó que la Corte Suprema dio luz verde para que Romy Rutherford continúe las pesquisas por el caso de Fondos de Ayudas Mutuas (FAM), una operación fraudulenta dentro del Ejército con un saldo de 3 mil millones de pesos.

 

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