Las definiciones de directores de medios alternativos

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Periodistas de Clarín, El Ciudadano, Página 19, Revista DeFrente y El Siglo, abordaron puntos clave que se discuten sobre el sistema medial chileno. Plantearon temas que deberían estar presentes en los programas presidenciales respecto a la prensa. Tuvieron una transversal crítica a fuerzas progresistas y de izquierda por deficitario apoyo a medios contrahegemónicos. Opinaron sobre el rol del Estado en materia de prensa y desnudaron el papel que juega la prensa empresarial en el país.


Equipo “El Siglo”. 27/08/2021. Cinco directores de medios de prensa alternativos, abordaron algunos puntos clave en la situación del sistema comunicacional chileno. Todos apuntaron a que las y los candidatos presidenciales incluyan el tema medial en sus programas, desnudaron el carácter de los medios empresariales, cuestionaron la falta de respaldo de las fuerzas progresistas y de izquierda a los medios contrahegemónicos y valoraron la existencia y desarrollo de la prensa alternativa.

Paul Walder, director de Clarín, Francisco Marín, director de El Ciudadano, Patricio Martínez, director de Página 19, Nicolás Romero, director de la Revista DeFrente y Hugo Guzmán, director de El Siglo, abordaron asuntos tanto polémicos como gravitantes respecto a la prensa en el país.

Los programas presidenciales y la prensa

¿Qué debería contener, en lo básico, un programa presidencial respecto a la prensa y el sistema comunicacional del país?

Paul Walder: La irrupción de las tecnologías de la información digitales ha afectado no solo a la prensa escrita sino también a la radio y la televisión. La información periodística tal como se ha conocido tradicionalmente por siglos ha cambiado. El fin de los diarios impresos, la baja exposición a los canales abiertos o a la radio es un hecho que no tiene retorno ante el auge explosivo en el uso de las redes sociales a través del Smartphone. Hago esta observación previa en cuanto cualquier programa presidencial debe considerar esta nueva escena. Creo que cualquier propuesta ha de hacerse sobre este escenario un poco movedizo y enrevesado, con redes sociales, prensa hegemónica y fakenews, millares de influencers y bots. El peso de esta realidad, amparada y promovida por los gigantes de las redes, como Twitter, FB e IG, es parte del mundo mediatizado con el que tendrá que entenderse cualquier gobierno. Miren a Pedro Castillo en Perú, que a menos de un mes enfrenta a una prensa que ya pide su destitución. ¿Qué puede hacer un gobierno ante esto? Sin embargo, en algunos países de Occidente, pero no solo ahí, quedan consorcios mediales públicos creados a mediados del siglo pasado que tienen solidez y credibilidad. Y compiten con los medios privados. Eso parece todavía posible de realizar. Lo otro posible para nuestra realidad es algo muy sencillo: abrir y repartir de forma proporcional el avisaje estatal para apoyar a los medios más pequeños.

Francisco Marín: La elaboración de un programa tendiente en materia administrativa y de propuestas legislativas para cumplir con el estándar internacional del derecho a la comunicación y libertad de expresión, con la colaboración directa para su implementación con Relatorías de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Compartimos en ese sentido lo expresado hace algún tiempo por la ex presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sobre la falta de pluralismo y los conflictos de interés que se producen en un sistema de medios que está híper concentrado, en manos privadas, las que, además poseen capitales en otros sectores económicos, generándose así conflictos de interés. Otro tema es la enorme precariedad laboral que caracteriza el desempeño de los grandes conglomerados “informativos”. Por lo tanto, un programa gubernamental debe cumplir de manera efectiva con el derecho humano a la comunicación, contribuir al pluralismo informativo, incluso incentivando la generación de medios libres que surjan desde los intereses y necesidades de sectores sociales organizados, como también, contribuir a través de una propuesta programática para que se regule a través de instancias autónomas del Estado, los actos de censuras, discriminación y fomento a la intolerancia.

Patricio Martínez: El Derecho a la Comunicación, un compromiso por la Libertad de Expresión y una Ley de Medios que garantice que no solo los medios de comunicación tradicionales existan, la mayoría de ellos en manos de la derecha más conservadora y financiados por el poder económico, sino también para ello deben estar los medios alternativos, independientes y comunitarios. Solo así puede existir diversidad editorial y pluralismo informativo. Lo otro relevante tiene relación con el avisaje estatal que, hasta ahora los gobiernos de los últimos 30 años, han preferido mayoritariamente a los medios hegemónicos. 

Nicolás Romero: La nueva Constitución debe garantizar el derecho humano a la información y el derecho a la comunicación. El primero apunta a la necesidad de proveer al debate público de enfoques y fuentes diversas sobre los hechos noticiosos, para así contribuir al pluralismo. El segundo a la diversificación de los medios de comunicación, enfrentando así la brutal concentración de los medios de producción comunicacionales.

Hugo Guzmán: Ojalá esta vez las y los candidatos incluyan el tema de la prensa. No suelen hacerlo. Me parece que un programa de Gobierno debe incluir responsabilidades del Estado en el tema de las comunicaciones y garantizar el equilibrio informativo, una ley de medios adecuada a estos tiempos, la distribución equitativa de recursos del Estado para la prensa, garantizar la existencia de prensa privada, social y pública y contemplar regulaciones con estándar internacional sobre las concesiones del Estado y la propiedad de medios por parte de monopolios financieros nacionales y extranjeros.

 

Precisiones sobre el rol del Estado

Recientemente se debatió mucho sobre el rol del Estado frente a los medios. ¿Cuál es su mirada sobre eso?

Paul Walder: Me remito un poco a la respuesta anterior. Creo que el Estado puede hacer muy poco en la intensa, cambiante y agresiva escena mediática. En ello, no es posible controlar más allá de lo obvio, como amenazas de muerte y muy poco más. Porque no es deber del Estado ser una policía de medios, algo que ha llevado a muy malas experiencias durante la historia. El poder de las comunicaciones, que hoy es ubicuo a través de las nuevas tecnologías, no está en los Estados. Recordemos el caso de Trump enfrentado con Twitter y cómo la red social le cerró la cuenta al presidente de Estados Unidos. Este ejemplo es claro en cuanto las RRSS tienen hoy más poder que los Estados. Lo que sí puede hacer el Estado es apoyar los medios públicos que todavía existen y levantarlos como grandes referentes informativos. No sé si es tarde para esto porque son experiencias que datan del siglo pasado, pero creo que el Estado no puede ni debe ir mucho más allá. 

Francisco Marín: La visión del derecho a la comunicación se basa en el reconocimiento de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los pueblos, grupos  y habitantes al interior de los Estados, lo que está consagrado y resguardado en un marco normativo internacional sobre Derechos Humanos que se refieren a estos temas y que deben ser atendidos e implementados. Entre ellos cabe mencionar el Pacto de San José de Costa Rica, sobre Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión; La Declaración de Principios aprobada por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información; la Carta de Santo Domingo, entre otros. En materia indígena, que hacen referencia al derecho a la comunicación de los Pueblos Indígenas, se debe consignar al menos la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 OIT. Sin embargo, se ha constatado que estos principios y obligaciones contraídas por Chile, no se están cumpliendo debidamente, o bien, se han implementado de manera arbitraria y manipulada por sectores gobernantes, en especial del poder económico, lo que ha causado serios quiebres y trastornos internos, donde los procesos participativos para la implementación de iniciativas legislativas y de propuestas públicas han sido excluyentes. La normativa en materia de TV digital, de ley de radios, entre otras, están lejos de cumplir mínimamente con el estándar de derechos en estas materias y, además, es preocupante que no se faculte a ninguna instancia autónoma del estado para fiscalizar y sancionar actos de comunicación que atenten a la dignidad y a los derechos de personas, grupos y pueblos.

Patricio Martínez: Pienso que se debatió mal, sin ninguna asesoría sobre el rol del Estado y los medios. Generalmente, la clase política no sabe, entiende y prefiere la existencia de medios independientes y se siente cómodo con los medios tradicionales. Así, resulta difícil que cambie el mapa de la propiedad de los medios de comunicación en Chile. De hecho, hubo un gran escándalo en la clase política y los dueños empresarios de medios tradicionales cuando se planteó una ley de medios y un organismo independiente que fomentara el pluralismo informativo.

Nicolás Romero: En este ámbito el rol del Estado no radica en intervenir medios, sobre regular o limitar el ejercicio de la prensa libre. Un Estado democrático de derecho debe apuntar a garantizar los dos derechos anteriormente reseñados. Para eso debe garantizar la distribución equitativa de los medios de producción comunicacional (espectro radioeléctrico, producción y distribución de la prensa escrita, etc.) para así consagrar materialmente el derecho humano a la comunicación y a la información.

Hugo Guzmán: Es simple. Como en la inmensa mayoría de países, incluido Canadá, Estados Unidos y Europa, que tanto les gusta a los de arriba tomarlos de referencia, el Estado debe cumplir un rol. Hoy el Estado chileno no cumple ningún papel en garantizar un sistema medial equilibrado y equitativo, en subsidiar y apoyar la existencia de tres sectores de medios y, es más, apoya a los grandes consorcios periodísticos privados entregándoles alrededor del 80% de los dineros públicos. El Estado debe garantizar la existencia del equilibrio y la equidad comunicacional, debe contar con sus medios para atender necesidades comunicacionales, informativas, educativas, científicas y culturales. Debe entregar equitativamente los apoyos, en la diversidad de expresiones y territorios. Debe garantizar el derecho a la comunicación, la protección de las y los periodistas, el acceso equilibrado a diversidad de voces y regular la no existencia de monopolios que terminan hegemonizando el sistema medial, imponiendo un mapa dominante y excluyente. En la inmensa mayoría de países está demostrado que no hay que temer el rol del Estado en comunicaciones.

El poder y las falacias de los medios empresariales

Poco se debatió sobre el papel de los consorcios privados. ¿Cuál es su visión respecto al sector privado y empresarial en el mundo de la prensa? 

Paul Walder: Hay medios privados ligados a grandes consorcios que incluso cotizan en bolsas internacionales que son excelentes. Medios que están en la cresta de la ola de los cambios sociales y políticos y productores de contenidos relevantes y de excelencia. El problema es que en Chile no contamos con esos medios privados. Lo que tenemos es una prensa ideológica, además de clasista y racista, que es una herramienta de los poderes fácticos para mantener el statu quo neoliberal y conservador. Una prensa que no tiene problemas en convertirse de la noche a la mañana en golpista, como ya lo ha hecho. Ante eso, no los vas a censurar ni cerrar. Sería lo peor, una escandalera y bien amplificada por ellos. Lo que sí hay que hacer es denunciar y difundir sus oblicuas tendencias editoriales, sus fakenews y sus abiertas mentiras, que son muchas. Cuando El País publicó una foto de un hombre moribundo y entubado y dijo que era Hugo Chávez, perdió de un momento a otro toda la credibilidad. No solo era un medio para cautelar las inversiones peninsulares en Latinoamérica, sino en ese intento era capaz de cualquier cosa. Tras ese evento y otros menos llamativos el diario inició su decadencia.

Francisco Marín: Desde hace tiempo, existe una configuración mediática que omite y parcializa los contextos culturales, principalmente, por intereses políticos y económicos de grupos poderosos. En ese escenario, a modo de ejemplo, no se puede separar la criminalización de la lucha por la recuperación de territorios ancestrales mapuche que ha tenido como respuesta de ciertos medios masivos y comerciales, una estrategia comunicacional que busca generar un “cerco informativo” para evadir los conflictos de fondo, muchas veces promoviendo el odio y el racismo. En términos generales, la misma realidad ocurre en relación con los impactos de los proyectos socio ambientales en los territorios, así como numerosas situaciones de injusticia social. Medios masivos son controlados por grupos que están directamente relacionados con intereses industriales de poderes económicos, que impide una democracia informativa, algunos de ellos con historiales conspirativos como El Mercurio y sus satélites. Otro poder ha sido Copesa y La Tercera y también Canal 13 cuyo propietario es Luksic, principal grupo económico de Chile, vinculado a intereses bancarios y mineros. En general, medios con estas características, han sido un escollo para la buena convivencia social en Chile. Son la reproducción del colonialismo y del racismo, del patriarcado y de la violencia estructural que han sufrido pueblos originarios y grupos sociales. Estos medios han sido instrumentos de montajes y de conspiraciones contra todos quienes cuestionan el nefasto capitalismo neoliberal que ellos representan y defienden. Por lo general los medios masivos en Chile contribuyen al adormecimiento de una gran parte de la sociedad, ocultan las brechas de la desigualdad, justifican el racismo y la violencia de los agentes del estado y son cómplices del grave daño que las industrias extractivas y energéticas vienen causando a bienes comunes y patrimonios colectivos. Simplemente no son medios de comunicación. Son medios y herramientas de determinados grupos de poder, no de la gente. 

Patricio Martínez: Creo que ellos están en su rol, defendiendo sus propios intereses, su modelo neoliberal y conservador valóricamente hablando. Para parecer “democráticos” tienen como columnistas a un amplio espectro de lo que fue la ex Concertación y Nueva Mayoría, los cuales intentan influir para que nadie cambie. También pienso que estos medios tradicionales deben existir, siempre es bueno saber qué piensan las derechas en este país.

Nicolás Romero: Más allá de los problemas de una línea central de producción privada de contenidos comunicacionales, el problema político radica en que este sector se ha convertido en la principal herramienta de los grupos de poder para desestabilizar el avance del movimiento popular chileno. Ya lo vivimos con la brutal agresión sufrida por la candidatura de Daniel Jadue y hoy se repite y agrava con el cerco y acoso comunicacional a la Convención Constitucional.

Hugo Guzmán: Ellos hacen su trabajo, vinculados a la derecha orgánica, ideológica y económica. Tiene clara la importancia de contar con medios y los alimentan con insumos, los financian, los potencian. En la realidad de la sociedad chilena es inviable plantear que no existan, van a existir y en nuestro marco diríamos que deben existir. Pero no pueden llevarse el 80% de los dineros del Estado y además cuestionar que el Estado apoye a medios sociales o alternativos. Hay que regular, como en otros países, la propiedad oligopólica, monopólica, la llegada de consorcios trasnacionales que dominan en radio y televisión, y las concesiones públicas. Diría además que en Chile está muy instalado el cuestionamiento al rol del Estado en materia de medios, pero pocos cuestionan el rol del poder financiero monopólico nacional y extranjero. 

 

El deficitario apoyo de fuerzas progresistas y de izquierda

¿Cuál es su apreciación del compromiso de fuerzas políticas progresistas y de izquierda con los medios alternativos o contra/hegemónicos? 

Paul Walder: Creo que no existe tal compromiso. Esas fuerzas han demostrado lo contrario, para ellos es un deleite aparecer en la prensa hegemónica y en la televisión abierta lo que expresa el cisma que existe entre la institucionalidad política y todos sus partidos con el pueblo. No creo que el pueblo movilizado se informe en El Mercurio, La Tercera o la televisión abierta; en esos medios sí lo hace la clase política y todo el aparato del Estado. ¿Dónde se informa el pueblo movilizado? ¿Qué medios le merecen confianza? Sería interesante conocer en más detalle las audiencias de los medios contrahegemónicos, los que sin duda tienen una vinculación muy estrecha con las organizaciones sociales y territoriales. Creo que esas fuerzas políticas no se han dado cuenta del potencial de estos medios.

Francisco Marín: Falta mucho aún dimensionar sobre la importancia y el rol de medios libres para acompañar procesos sociales. Paradójicamente, varias de esas llamadas fuerzas políticas progresistas y de izquierda, buscan potenciar las pautas de medios comerciales masivos que son contrarios a sus planteamientos, en vez de potenciar a los propios medios independientes contrahegemónicos. La labor de medios libres es fundamental para procesos transformadores, para exigencia de justicia e igualdad, sin embargo, es fundamental también que los sectores democráticos hagan una valoración de los verdaderos aportes que hacen estos medios. 

Patricio Martínez: Bueno, un poco está contestado en las preguntas anteriores. 

Nicolás Romero: En lo medular y salvo honrosas excepciones, los actores progresistas militan en la mirada instaurada por la Concertación, según la cuál, no vale la pena sostener medios propios. Así se apunta a una integración en la trama comunicacional de los grandes medios. Me parece que lo anterior es una renuncia estratégica que amarra cualquier proyecto de transformación toda vez que renuncia a la construcción de una capacidad propia en una batalla cada vez más central para la configuración o crisis de la hegemonía en la sociedad.

Hugo Guzmán: Están al debe. En general, no pasan de la retórica y lo declarativo. Centran mucho el diagnóstico y la crítica al estado de cosas en comunicaciones y prensa, pero a lo largo de la era pos dictatorial han hecho harto poco en concreto. Bueno, los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos desmantelaron el sistema medial y lo convirtieron en una dictadura mediática. La izquierda y el progresismo, dentro de sus limitaciones de recursos, asigna poco o nulo apoyo y hay malas gestiones. Las fuerzas transformadoras hacen poco en materia legislativa. Diría que incluso algunos le tienen temor a los medios grandes y prefieren buenos vínculos y tratos con ellos que apoyar a los medios alternativos. Hasta en detalles, como no dar exclusivas a los medios propios, negarse a debates presidenciales con medios alternativos, no entregar insumos. Incluso se opta por medios pos modernistas, liberales, que en un momento están de moda. Hace falta un apoyo dinámico, creativo, horizontal, diverso, de parte de las fuerzas transformadoras a los medios alternativos y populares. 

 

El papel de los medios alternativos

¿Cómo percibe la labor de los medios alternativos o contra/hegemónicos? 

Paul Walder: Hay experiencias muy interesantes y muy valiosas, en especial en el periodismo de investigación y en la instalación de temas y denuncias que no hace la prensa hegemónica. Pero esto no es suficiente para enfrentar los contenidos masivos y permanentes que produce la prensa tradicional. Los medios independientes no logran manejar la agenda informativa y tampoco pueden cubrir la inmensidad de temas y problemas que la prensa tradicional ignora, desprecia y tergiversa. Hay ahí un universo que es necesario visibilizar y para ello es necesario contar no solo con más recursos sino con más organización y objetivos comunes entre estos medios. 

Francisco Marín: La gran mayoría de medios libres e independientes se han levantado con mucha valentía, compromiso, enorme esfuerzo y convicción, ganándose espacios en medio de cercos informativos, en medio de la intolerancia y la falta oficial de libertad de expresión. El levantamiento de medios propios que obedecen a intereses colectivos y sociales, son ejercicios de autonomías que son conquistas, son avances, son construcciones y son síntomas de pueblos y movimientos sociales que avanzan a pesar de toda la adversidad. 

Patricio Martínez: De mucho esfuerzo, con pocos recursos, frente a una lucha contra los gigantes. Por eso, insisto en la necesidad de contar una ley de medios que garantice el pluralismo informativo, la diversidad editorial para que estén presentes las voces que han estado excluidas desde la dictadura. Lo otro a lo que me gustaría referirme es al rol de la o el periodista en este momento de la historia. Pareciera más fácil escribir un párrafo en Facebook, Instagram o Twitter que redactar una buena columna o hacer una entrevista. Lo instantáneo se está comiendo la buena pluma de muchos y muchas periodistas. Solo basta ver los distintos chats que existen. Es una pena para el periodismo nacional.

Nicolás Romero: La Rebelión Popular de octubre de 2019 configuró un fuerte impulso para la revitalización y diversificación de la prensa alternativa, de izquierda y comunitaria en nuestro país. Veo hoy una preocupación por consolidar ese proceso y avanzar en una disputa más frontal en contra de los medios del poder. Hoy nuestra principal tarea es defender el proceso constitucional acosado por una derecha que no duda en hacer que ese proceso llegue a un callejón sin salida.

Hugo Guzmán: Es clave el rol de la prensa alternativa en garantizar el equilibrio en el sistema medial chileno. Rompen el cerco informativo hegemónico, enriquecen la pluralidad y una agenda comunicacional diversa, aportan al conocimiento y el análisis, dan voz a los movimientos sociales y expresiones de pensamiento transformador, aportan a que se garantice el derecho a la comunicación, suman a garantizar el derecho a la expresión, plantean un contrapunto a la prensa hegemónica, conservadora y empresarial. Hacen buen periodismo, tienen un buen ejercicio profesional y son creativos. Esto tiene que ver con medios alternativos de alcance nacional, territorial, comunal, regional, social y comunitario.

 

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