Ahora, el escándalo en la PDI

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La conspiración para ocultar la verdad sobre el asesinato de la subinspectora Valeria Vivanco, quien habría sido abatida por un funcionario de la institución. Y la querella del Consejo de Defensa del Estado contra el ex jefe de la Policía de Investigaciones por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos. Ambas situaciones se suman al “milico-gate”, los procesos contra ex comandantes en jefe del Ejército, el “paco-gate” y los montajes de Carabineros.

Patricia Ryan. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 13/08/2021. No paran los escándalos, irregularidades, montajes, ocultamiento de información, delitos financieros y otros en el mundo de las Fuerzas Armadas y de Orden en el país. Esas instituciones son protagonistas del alza de corrupción y anomalías en Chile, lo que incluye crímenes.

Ahora el escándalo llegó a la Policía de Investigaciones (PDI), al menos por dos sucesos de alcance nacional y que tienen que ver con un asesinato -paradójicamente de una subinspectora- y con delitos financieros, nada más y nada menos que del reciente ex jefe de la entidad.

Héctor Espinosa bajo lupa

El ex director de la PDI, Héctor Espinosa, que terminó en ese cargo hace poco tiempo, está bajo la lupa del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Acusado de delitos financieros, en la misma ruta que ex comandantes en jefe del Ejército y decenas de oficiales y subalternos en Carabineros, junto a los casos de “milico-gate” y “paco-gate”, con daño de miles de millones de pesos al erario nacional.

De acuerdo con lo publicado en el portal Web del CDE, se tomó la decisión “de presentar querella criminal contra el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa y quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos”.

“La acción del CDE se fundamenta en la investigación actualmente realizada por el Ministerio Público que da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes del ex director de la PDI y de su cónyuge, sin justificación”, se explicó en nota pública.

Se indicó, además, que “la acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el ex director, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos”.

Espinoza guardó silencio y desde el mando de la PDI adoptaron una actitud esquiva y de desconocimiento, tratando de salvar del escándalo a la entidad policial, aunque los delitos del ex jefe fueron cometidos cuando estaba al mando de esa corporación policial.

El actual director de la PDI, Sergio Muñoz, indicó extrañamente que se enteró por la prensa de la situación de su antecesor y le dio un apoyo tácito al señalar que “uno de los principios esenciales de la democracia…es la presunción de inocencia”. Pero tanto él como muchos en el alto mando de la PDI y en otras instancias, saben hace tiempo que Espinoza era investigado por irregularidades en bienes raíces, gastos excesivos y dudosos, y lavado de activos. Hace tiempo, por ejemplo, se publicó un reportaje en Ciper, dando cuenta de los delitos y antecedentes del entonces director de la Policía de Investigaciones.

Ahora el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte a través de una querella, complicando bastante a Héctor Espinosa, e incluso a su esposa, en la misma ruta del ex jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, ahora procesados y condenados por delitos financieros.

Por lo demás, el Ministerio Público abrió una investigación por lavado de activos, a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el mismo que indagó el “paco-gate”.

Se investiga la compra de un departamento por parte de la esposa del ex PDI, en la comuna de Las Condes, luego de cancelar cerca de 250 millones de pesos. Hay otra operación sospechosa, sobre la compra de un departamento en Viña del Mar, a nombre de Espinoza. En las operaciones aparecen desembolsos de casi 400 millones de pesos. De acuerdo a la investigación de Ciper, se efectuó compra por vale vista por 254 millones y 143 millones por préstamo hipotecario.

Hubo diversidad de peticiones de medios de prensa a la PDI y otros organismos sobre esta situación vinculada directamente al que fuera jefe de la Policía de Investigaciones, pero no hubo respuestas. Héctor Espinoza dijo que era una campaña de desprestigio y continuó como sin nada al frente de la policía civil.

El Gobierno de Sebastián Piñera y autoridades del Ministerio de Interior guardaron silencio absoluto y se sabe que en privado se le hizo llegar el apoyo a Espinoza.

Ahora, con la querella del CDE, el antiguo funcionario está en la banca de acusados, podría ser procesado e inclusive recibir una condena, sumándose a casos de jefes militares y policiales que debieron enfrentar a la justicia por delitos financieros.

La diputada Catalina Pérez dijo a la prensa: “¿Cómo no vamos a tener una crisis de confianza en las instituciones si los casos de corrupción suman y siguen? Solo con el Milicogate y el Pacogate se estima una cifra superior a los 50 mil millones de pesos y ahora queda conocer los detalles de los delitos cometidos por el exdirector de la PDI y que enfrente a la justicia como corresponde. Si queremos terminar con la impunidad los corruptos deben ir a la cárcel”.

El terrible caso de Valeria Vivanco

Miguel Vivanco, padre de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, dijo ante la prensa que “tenemos claro que como familia hemos sido traicionados por quien nosotros confiábamos, porque aquí hay un arma de la institución que mató a mi hija y ocultaron información, la disfrazaron, entorpecieron toda la investigación, la demoraron, y eso no se lo merece una oficial de la policía”. Daniela Vivanco, hermana de la policía asesinada, indicó: “Es una vergüenza nacional, es un asco. Mi hermana murió en manos de su propio compañero. Ese compañero fue al funeral, abrazó a mi hermano. Quizás hasta dónde llegó este encubrimiento”.

Este es un caso terrible. Todo indica que funcionarios de la Policía de Investigaciones, incluidos altos mandos, habrían conspirado para ocultar información y tergiversar los hechos y las versiones, en relación al asesinato de la subinspectora Valeria Vivanco, muerta de un balazo en un procedimiento investigativo en la comuna de La Granja.

Los PDI inculparon a dos jóvenes que huyeron cuando se efectuó la acción policial. Pero ahora todo apunta a que la bala que mató a Vivanco provino de otro funcionario de la PDI. Eso se quiso ocultar al menos por 40 días. Hasta que investigaciones de la Fiscalía y peritajes determinaron que algo andaba mal.

Tuvieron que “suspender” de sus funciones a tres detectives que estaban junto a la subinspectora y los dos jóvenes acusados pasaron de prisión preventiva a arresto domiciliario. Y uno de los detectives (Leonel Contreras) decidió hablar y comparecerá en los primeros días de septiembre. En medio del escándalo, fue removido de su puesto el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Jorge Márquez.

Los peritajes, que pasaron a estar a cargo de un grupo especializado de Carabineros, y del FBI estadounidense (Buró Federal de Investigaciones), estarían demostrando que uno de los detectives disparó su arma, impactando a Valeria Vivanco, y que el proyectil no entró de frente al cuerpo, sino por la espalda, lo que hace más evidente la autoría por parte de un funcionario policial.

El director general de la PDI, Sergio Muñoz, dijo en Radio Biobío que “hay una pericia que relaciona a un arma de uno de nuestros funcionarios con el proyectil que habría dado muerte a Valeria, eso está dado porque se estableció que hay restos orgánicos ahí”.

Explicó que “el balístico que dice que el arma disparó este proyectil eso es una pericia y es una pericia colegiada, hay tres peritos que concuerdan con esa precisión y es la que nos da la certeza científica, que buscamos en cada una de nuestras investigaciones”.

El padre de la subinspectora enfatizó que “sea quien sea, los superiores o colegas que hayan ocultado información, tienen que pagar por esto. Los dos jóvenes que están presos en estos momentos, son inocentes”. Y la hermana sostuvo que “ese médico que dijo que la bala entró de frente, está mintiendo, porque la bala entró por la espalda. Esa es la verdad, nos mintieron a todos, a un país. Le mintieron a todo el mundo, la institución que tanto respetábamos. La institución nos pegó una puñalada por la espalda”.

Todo esto lleva a una pregunta que se instala en la opinión pública. Debe existir transparencia y un proceso y sanción al detective si se ratifica que mató a Vivanco. Pero hubo otros funcionarios e incluso oficiales de la PDI que ocultaron información y mintieron. ¿Qué pasará con ellos? ¿Quedarán en la impunidad, serán beneficiados de los “pactos de silencio” que suelen darse en las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI? Hay una investigación por homicidio y por obstrucción a la justicia, donde todos quienes participaron en los hechos deberían comparecer ante los Tribunales de Justicia.

En las próximas semanas y un par de meses se sabrá el resultado del caso de Valeria Vivanco y del ex jefe de la PDI querellado por el CDE e investigado por Fiscalía. Como sea, todo se sumará a los escandalosos casos de delitos, crímenes e irregularidades de los cuerpos militares y policiales del país.

 

 

 

 

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