¿Dónde está la dignidad nacional?

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La gran riqueza de Chile son sus habitantes, todas y todos, y sus bienes comunes, el cobre, el litio, el agua, el medio ambiente. Incluir a todas y todos sin dejar a nadie abandonado, requiere recuperar el control de los bienes comunes y vivir del valor agregado por el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos reindustrializando la economía.

Roxana Pey Tumanoff. Presidenta Fundación CENDA. 02/07/2021. Se inicia una nueva etapa del proceso constituyente, con sus dos componentes: por el lado formal la Convención Constitucional empieza a sesionar, paritaria y con representación de pueblos originarios, frenando los intentos de captura y de opacidad, y por el lado informal que confiere poder constituyente, el pueblo -la ciudadanía, la gente, la sociedad civil, las organizaciones sociales-, que más o menos organizado y luego de votar sabiamente, se mantiene alerta opinando, se informa para ejercer ese poder permanente. Por más que moleste a algunos, el poder constituyente que irrumpió en octubre no dejará de manifestarse hasta que emanen rectos y claros lineamientos de una nueva Constitución. Esos lineamientos, esos ejes centrales de la nueva Constitución, los que expresen su esencia, tendrán que posibilitar las reformas necesarias que el país requiere y el pueblo exige para retomar un camino de progreso incluyente de todas y todos, por el que íbamos y que fue interrumpido con el violento golpe de Estado de 1973.

La gran riqueza de Chile son sus habitantes, todas y todos, y sus bienes comunes, el cobre, el litio, el agua, el medio ambiente. Incluir a todas y todos sin dejar a nadie abandonado, requiere recuperar el control de los bienes comunes y vivir del valor agregado por el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos reindustrializando la economía. Solo así podremos terminar con las aberrantes distorsiones impuestas a la fuerza, terminar los abusos que nos agobian y entrar definitivamente a la era moderna. Los lineamientos de la nueva constitución entonces, deberán considerar renacionalizar el Cobre y bienes comunes y garantizar el derecho a la intangibilidad de los salarios. Dicho de otro modo, el Sueldo de Chile no se toca y el sueldo del Pueblo Trabajador tampoco.

El 11 de julio de 2021, se cumplen 50 años de aquel día en que el compañero Presidente Salvador Allende refrendado por la unanimidad del Parlamento, estableció la Nacionalización del Cobre. Para Allende no cabía ninguna duda que la dignidad del Pueblo dependía de recuperar el sueldo de Chile. Con toda razón, desde entonces, se lo considera el Día de la Dignidad Nacional. Tengamos presente que quien controla el cobre, controla Chile, ayer y hoy.

Aún cuando la nacionalización del Cobre nunca fue derogada, se hace necesario renacionalizar tanto el cobre como todos los bienes comunes, manteniendo la reforma del Presidente Allende, cuidando que la nueva constitución sea coherente con dicha disposición, que establece el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible del Estado sobre los minerales de Chile y derogando todo el articulado y legislación complementaria enquistadas en el ordenamiento constitucional de Pinochet que, en flagrante contradicción con esa histórica disposición, entregaron la propiedad efectiva sobre los minerales a un puñado de grandes consorcios transnacionales.

Reservar el manejo exclusivo de bienes comunes estratégicos al Estado, es la única forma de garantizar su uso racional y respetuoso de los delicados equilibrios que hacen posible la vida misma sobre el planeta, el estricto respeto a los derechos que la legislación internacional reconoce a los pueblos originarios en cuyos territorios ancestrales se hallen ubicados estos bienes comunes y la recuperación íntegra de la renta para que parte de ella sea invertida en la generación de valor agregado, especialmente en las cadenas productivas previas y posteriores al uso de estos bienes comunes.

Sólo de esta manera podrá revertirse la nefasta desindustrialización de Chile a la que ha llevado la élite rentista, las grandes corporaciones y mineras privadas que se han apropiado del 70 por ciento del cobre extraído del país y otras riquezas.

La medida más contundente para avanzar en la reindustrialización del país es prohibir por ley la exportación de concentrados de cobre, dando un plazo razonable pero perentorio para refinarlo íntegramente en Chile mediante tecnologías limpias, así como exigir la producción nacional de los insumos.

La élite rentista además de apropiarse de los bienes comunes, desde 1981 se apropian de las cotizaciones previsionales mediante el sistema de AFP, que ha sido su principal fuente de financiamiento hasta hoy estableciendo además un control monopólico sobre gran parte de los mercados. El ahorro forzoso de las cotizaciones previsionales, consiste esencialmente en desviarlas en su mayor parte a un fondo de inversiones empresariales, a costa de la miseria de la población jubilada, dos tercios de la cual está compuesto por mujeres.

Si el Sueldo de Chile no se toca, ¡el de las y los trabajadores tampoco! Es por esto que la nueva Constitución debe restablecer el derecho del pueblo trabajador a la intangibilidad de sus salarios, en el marco general del derecho a la intangibilidad de los derechos laborales, restableciendo en Chile el principio universal que no pueden ser desviados a financiar negocios de empresarios. Debe acabarse con las formas principales de este abuso: el ahorro forzoso del sistema AFP, la educación pagada, y la usura de créditos populares.

Los derechos de las mujeres pasan también por la intangibilidad de sus salarios, como tan certeramente lo argumentó hace casi un siglo la escritora feminista Virginia Wolf en su célebre serie de conferencias recogidas en el ensayo “Una habitación propia”: un espacio propio y el sustento asegurado propone para la emancipación de las mujeres. Un sueldo mínimo, podríamos traducir en terminología actual, y el reconocimiento salarial de las tareas de cuidado, hoy no remuneradas.

La captura privada de la renta de los bienes comunes y la captura de las cotizaciones previsionales de todos y todas las trabajadoras impide la restitución de la dignidad nacional que se alcanzará con el establecimiento de efectivos derechos sociales y la reconstrucción de un auténtico sistema de educación pública gratuito, integrado y diverso, que no segregue ni discrimine y que se apegue a una educación no sexista. Porque, la educación pública gratuita no sexista es imprescindible para profundizar la democracia, desarrollar la ciencia y la tecnología, fortalecer la soberanía y aumentar la emancipación popular.

Es allí, en la emancipación plena, de todas y todos sin exclusión, donde debemos buscar la Dignidad Nacional perdida, hasta encontrarla, recuperarla, hasta que se haga costumbre.

 

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