Sebastián Piñera, en su último informe al país, se apropió de demandas que no le son propias, dio la espalda a los derechos humanos, anunció medidas ineficaces y confirmó que esta es una administración incapaz, que solo intenta sobrevivir a los nueves meses que le quedan. Pero también esta Cuenta Pública evidenció las falencias e injusticias del modelo neoliberal y de una institucionalidad autoritaria, y muestró los derroteros de los partidos de la derecha y del gran empresariado, que no se pueden hacer los lesos de que este es su gobierno, aunque lo quieran tener a distancia.
“El Siglo”. El Editorial. 01/06/2021. La lectura de la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, la última de su mandato, deriva a un contenido inconsistente, precario, con evasión de temas cruciales y conteos que poco le dicen a la gente agobiada de problemas ante los cuales la administración piñerista hizo y hace poco.
En lo grueso y concreto, la Cuenta del mandatario estuvo en la línea de la mediocridad de su gobierno. Un gobierno acabado, sin agenda propia, sin capacidad de establecer un relato y menos una impronta. Un gobierno incapaz de responder a las demandas básicas de la mayoría de la población y que, especialmente, le da la espalda a la situación de pobreza y de violaciones a los derechos humanos que enfrenta el país. Eso incluyó volver a atacar a los jóvenes presos políticos de la revuelta social, criminalizarlos y mantenerlos en las cárceles sin el debido proceso y en muchos casos en la prolongación de prisión preventiva.
En una maniobra claramente comunicacional, Piñera se apropió de una demanda del mundo progresista, transformador, de la diversidad sexual, al plantear la concreción del matrimonio igualitario, una bandera que no le pertenece, al punto que abrió otro forado en su pésima relación con los partidos de derecha que deberían ser su sustento. También se apropió de la demanda de nueva Constitución, diciendo que su gobierno le dio paso, cuando la verdad es que al asumir no incluyó eso en su agenda y quiso abortar el proceso constituyente iniciado por la presidenta Michelle Bachelet. Negó un hecho de la historia: se abrió la opción del plebiscito por nueva Constitución, la Convención para redactarla y la posibilidad de la nueva Carta Magna, por las movilizaciones ciudadanas y la revuelta social de 2019.
Las respuestas con presupuestos adecuados y medidas apropiadas para enfrentar situaciones como el aumento del desempleo, crisis en las Pymes, alza de campamentos y de personas sin casa, elevación de la deuda familiar de millones de personas, congelamiento o pérdida de sueldo, gasto en salud, e inversión y gasto para encarar la pandemia del Covid-19, fueron nuevamente insuficientes, precarias y sin eficacia real. La letra chica y los parches continuaron siendo las respuestas de este gobierno.
Es cierto que fue la Cuenta Pública del Presidente Piñera. Pero, a pesar que ahora se quieren desprender de él y darla la espalda a su administración, se trató del informe del gobierno de la derecha, integrado por ministros y ministras de la UDI, RN y Evópoli, y no se pueden los lesos frente a eso. Fue la Cuenta Pública del Presidente que representa al gran empresariado y a los poderes fácticos. Incluso, del mandatario que es amigo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Todos ellos son parte de la realidad negativa reflejada en el discurso de Piñera.
Más aún, todo lo que hace y no hace Sebastián Piñera, responde a los intereses de esos sectores (aunque ellos consideren que los defiende mal), responde al modelo económico neoliberal que reivindica hasta hoy, responde a los rasgos autoritarios de la institucionalidad que se quiere cambiar, y a los intereses de los poderes fácticos, financieros, comunicacionales y políticos que pretenden mandar en este país.
Por lo tanto, la Cuenta Pública, con todos sus contenidos, es el reflejo de lo que hace y no hace la derecha, el poder económico, el poder militar-policial, los violadores a los derechos humanos y hasta segmentos del Poder Judicial que promueven la impunidad y la falta de derechos de jóvenes, trabajadores y mujeres.
Como sea, este informe al país es otro fracaso de este gobierno. Termina de sepultar a Piñera. Da cuenta de una administración acabada, acorralada, incapaz, que solo intenta sobrevivir a los nueves meses que le quedan.
