DEBATES. Convención Constitucional: la falacia de que haya muchos abogados

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No por saber mucho derecho constitucional, habrá una Constitución efectivamente democrática.

Pedro Aravena Rivera. Abogado. 10/05/2021. En el marco de la próxima elección de los integrantes de la Convención Constitucional hemos presenciado una reiterada propaganda electoral de candidatos que esgrimen como su principal argumento la de ser abogados especializados en derecho constitucional, como si esta condición y sus posgrados fueran determinantes para ocupar el cargo de convencionales. En estos días he leído a un conocido jurista que promete garantizar, con su sola presencia, que la Convención no se convertirá en un circo romano, otro, que señaló en un foro de la televisión abierta, que los obreros no estaban preparados para participar como constituyentes, que deberían dar un examen de conocimientos previos y que él, por su puesto, lo estaba, en muy alto grado, dado el magister del que hacía ostentación y, en un periódico, aparecían varios profesores de una de las escuelas de derecho más prestigiada, informando, muy entusiastas, de sus candidaturas a convencionales.

Así suma y sigue, como si la clave de la Convención Constitucional residiera en cual sector presenta más abogados y con más posgrados que sea posible.

Hay razonables incertidumbres al respecto, sin poner en duda la buena fe de muchos de ellos, pues baste recordar que la Constitución impuesta por la dictadura cívico-militar fue producto de una selección de entre los más doctos constitucionalistas de la época, los que se abocaron a la vergonzante y deshonrosa labor de redactar un texto que, más adelante, se impuso a la población, bajo la amenaza de una fuerza militar de ocupación, en medio de un simulacro de plebiscito.

Entre esos doctorales académicos que voluntariamente se integraron a la llamada Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (CENC), más conocida como Comisión Ortúzar, organismo establecido en 1973 por la Junta Militar para redactar el anteproyecto constitucional del 80’, participaron personas muy cercanas a algunos partidos de la ex Concertación, entre ellos un ex subsecretario de Justicia y un ex ministro de Defensa del Presidente Eduardo Frei Montalva y un fundador de la Falange Nacional, entidad antecesora del Partido Demócrata Cristiano.

Mientras ellos se abocaban a exhibir su gran dominio de diversas materias del derecho constitucional, según dan cuenta las actas de aquél crematorio de la Constitución de 1925, en las ciudades y campos de Chile tenía lugar el genocidio de quienes se identificaban con el último gobierno constitucional encabezado por el Presidente Allende.

Al menos, podemos concluir, que la presencia de juristas constitucionalistas no es garantía suficiente para dar a luz textos constitutivos de un Estado meridianamente democrático que consagre de manera indubitada los derechos individuales y colectivos que hoy se requieren para superar la indefensión y la precariedad en que debe sobrevivir gran parte de nuestra población, lo que ha quedado de suyo en evidencia, con la pandemia que hoy nos afecta.

No está demás considerar, que los sectores que aspiran a conservar lo que más puedan de la actual Constitución, han señalado que su meta es alcanzar un tercio de los integrantes de la Convención, para atrincherarse en torno a los componentes más sustantivos de aquella normativa, entre otros el nunca bien ponderado principio de subsidiariedad. Según el cual, por ejemplo, las vacunas contra el Covid-19, debieron distribuirse por los grandes laboratorios, las cadenas de farmacias y las clínicas privadas a través del mercado, en un libre juego entre la oferta y la demanda y el Estado solamente podría subvencionar a las personas más humildes, aplicando un principio complementario al dogma subsidiario, el de la focalización, hoy bastante cuestionado.

No cabe la menor duda que para impugnar la subsidiariedad como un precepto ordenador de la nueva Carta Fundamental, no se requiere haber estudiado mucho de teorías constitucionales, sino haberla sufrido, lo que es más que suficiente para comprender su esencia precarizadora, como ha ocurrido no solamente en la salud y como ha acontecido en la educación, en la vivienda y con las pensiones. Tampoco, se requiere ser un jurista sobresaliente para rechazar los intentos de establecer limitaciones que invaliden las libertades colectivas como la de sindicalización, negociación colectiva y huelga.

Por otra parte, han sido numerosas las referencias a la cuestión del régimen de gobierno, si este seguirá siendo presidencial o será reemplazado por uno de tipo parlamentario o por formas intermedias semi presidenciales, cuya importancia no cabe desmerecer. Al igual que la inclusión de mecanismos de democracia semi directa del tipo plebiscitario, la iniciativa popular de ley y la de revocación de los representantes. Sin embargo, considerando las perspectivas que se han abierto a partir las discusiones que comenzaron a gestarse entre miles de habitantes de las ciudades a partir del 18 de octubre de 2019, de lo analizado en los cabildos vecinales, en las asambleas estudiantiles y de trabajadores, existe la posibilidad de avanzar mucho más en el ejercicio de la soberanía popular y no exclusivamente mediante la elección de representantes, sino con una presencia efectiva de los que hasta ahora se ven limitados a votar cada cierto tiempo, que supere la separación absoluta hoy existente entre ambas formas de ejercer el poder político.

Efectivamente, la idea que hemos conocido de participación ciudadana no da cuenta de aquella posibilidad, por reducirse a presencias, más bien testimoniales, en los órganos colegiados de decisión de cuestiones de relevancia para las mayorías. Ese concepto de participación es insuficiente y conlleva el significado de otro superior que mantiene el control del todo y que accede buenamente a concedernos una parte limitada de éste. Así se conserva, la separación entre una élite y el resto de la sociedad y se legitima el perverso concepto de “clase política”, que sacraliza la marginación de los gobernados o la contradictoria ilusión de la igualdad formal de los ciudadanos, desmentida por la realidad de la dominación.

Sobre esa base, es posible construir una institucionalidad que otorgue injerencia directa de las personas socialmente organizadas, de modo de permitir el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, creando una nueva institucionalidad que implique su participación decisiva en la planificación, generación, aplicación y evaluación de los programas económicos y sociales, mediante el fortalecimiento de los municipios como órganos de poder territorial efectivamente descentralizados, a partir de una nueva relación con los gobiernos regionales y  el propio gobierno nacional.

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