Marcos Barraza: “La primera batalla será el reglamento” de la Convención

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El candidato a convencional por el Distrito 13 insistió en que habrá que eliminar el quórum de los 2/3, reivindicó que las sesiones deben ser transmitidas por televisión y que se realicen “asambleas territoriales de carácter vinculante”. Sostuvo que un royalty minero e impuesto a los súper ricos son materias de la nueva Constitución. Hablando de coyuntura, el también ex ministro de Desarrollo Social, se mostró “bien pesimista” respecto al diálogo abierto entre la presidenta del Senado y el Presidente de la Republica. Habló sobre la instalación de Pamela Jiles y la proyección de la candidatura presidencial de Daniel Jadue, la que “se funda, se basa, en las expectativas populares”. Sobre las primarias presidenciales apuntó que “hay temor, especialmente en los sectores neoliberales (de Unidad Constituyente), de que el alcalde Jadue se imponga en una primaria en que estén ellos”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 04/05/2021. Ajetreado anda el psicólogo Marcos Barraza Gómez, haciendo campaña sobre todo presencial -con resguardos sanitarios, dice-, por las comunas del Distrito 13 (San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y La Cisterna), confiado en convertirse en integrante de la futura Convención Constitucional que será elegida en la elección del 15 y 16 de mayo próximo.

Barraza postula en la lista Apruebo Dignidad, sus votantes deben marcar YQ-25 en el voto, y se dio tiempo para hablar sobre algunas de sus propuestas respecto a lo que será el proceso de redactar una nueva Constitución y temas contingentes.

Le ves viabilidad a ese diálogo de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, con el Presidente Sebastián Piñera, sobre la base de unos “mínimos comunes” para atender la crisis social?

No, no le veo. Soy bien pesimista, creo que más bien la apertura de ese diálogo a solicitud del gobierno, responde a una estrategia para aplacar y dividir el descontento social.

Yo parto de esta premisa. La movilización del 30 de abril que se sitúa en la conmemoración del Primero de Mayo, pese a las condiciones de la pandemia, a pocos días de que el Tribunal Constitucional haya dejado sin efecto el requerimiento para que no se promulgara el 10% de retiro de las AFP, fue altamente convocante de las organizaciones sociales y sindicales, tuvo peso cualitativo en término de adhesión y tuvo peso cuantitativo y simbólico. El gobierno sabe que transita en una cornisa, con ausencia de ascendente social. Todas las encuestas indican que es el gobierno peor evaluado en décadas, y se percibe la brecha entre los planteamientos del gobierno y las demandas sociales. Bajo esa perspectiva, el gobierno intenta aplacar esta movilización propiciando un diálogo, como te decía, como una estrategia para inhibirla movilización social, darse un tiempo, crear una pausa, y reconfigurar un escenario político.

En concreto, ¿qué razones habría para el pesimismo en relación a ese diálogo?

La primera es que al pueblo de Chile le quedó en evidencia que la crisis que vive el país, que es anterior a la pandemia pero que se agudiza con los efectos de las políticas neoliberales del Presidente Sebastián Piñera, requiere más Estado y no más neoliberalismo. La crisis sanitaria, en el mundo, en la región, en Chile, obliga a tener una economía de guerra para que el pueblo subsista, y ante eso no es recomendable dejar la protección del pueblo, del bienestar social, a las deliberaciones del mercado. Lo recomendable es que el Estado asuma un protagonismo y un rol sustantivo, cuestión que en Chile no ha ocurrido.

En segundo lugar, el gobierno de Piñera impulsó una agenda derivada de esta priorización del mercado por sobre el bienestar social, que es absolutamente contraria a las políticas de protección social. Hace que los efectos de la pandemia recaigan esencialmente en las trabajadoras y los trabajadores y ha procurado resguardar las utilidades de las grandes empresas.

En tercer lugar, derivado de esta política neoliberal, ha resistido permanentemente, cualquier cambio en la lógica de híper focalización y, por el contrario, la ha profundizado. Digo esto, porque la ampliación de coberturas ha sido bastante engañosa, no refleja los anuncios presidenciales. El bono clase media, por ejemplo, fue sin lugar a dudas, un tongo, dejó fuera a más de tres millones de personas. El ingreso familiar de emergencia tiene cobertura muy pequeña. En consecuencia, el gobierno en su lógica neoliberal no creo que tenga espacio para una renta básica universal, para legislar proyectos de ley de carácter redistributivo.

Ojo, que en las últimas encuestas, la gente se manifestó partidaria de medidas de corte redistributivo y que el impacto de la crisis recaiga en las grandes fortunas, en las grandes empresas, en los súper ricos. Entonces, cuando se estructura este diálogo sobre la base de los “mínimos comunes”, es falaz. Porque el Presidente Piñera y su gobierno han antagonizado permanentemente con lo común, con lo compartido y con lo solidario. Bajo esa perspectiva no le veo futuro a una agenda donde el gobierno intenta cosméticamente mostrar entendimientos, pero no está dispuesto a legislar una renta básica universal que les dé tranquilidad a las familias, no está dispuesto a legislar el royalty minero y no está dispuesto a legislar el impuesto a los súper ricos. Y el pueblo de Chile sabe que las soluciones y el bienestar pasa, precisamente, por cambios de corte estructural.

Si uno mira el estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sobre el negocio de los súper ricos, ve que en Chile existen 8 mil 900 personas que tienen fortunas entre cinco y diez millones de dólares, que en total llegan a una cifra del orden de once mil millones de dólares. Y existen otras 263 personas, esto en base a datos administrativos, que tienen fortunas por sobre los 100 millones de dólares, que totalizan más de 150 mil millones de dólares. La gente tiene clara la obscenidad de esa desigualdad, lo tiene claro en lo territorial, en lo de accesos a servicios sociales, a la salud, a la educación.

Jadue “manifestó una voluntad que se expresó en una política de bienestar social”

Hablando de percepciones de la gente, de encuestas, ¿te preocupa el posicionamiento de Pamela Jiles?

Pamela Jiles interpreta un sentimiento de desprotección, de abuso, de mal trato por parte de la institucionalidad, pero creo que lo fundamental es que no está representando un proyecto con base y fundamento transformador.

En contrate, creo que nuestro candidato, el compañero Daniel Jadue, tiene una propuesta que busca transformar las estructuras económicas, sociales, políticas, que es el basamento de la aspiración que se instala desde el estallido social.

Atacan harto a Daniel Jadue, pero también recibe muchos apoyos, incluso de bases del Partido Socialista.

La candidatura de Daniel es fruto de una demanda popular. Evidenció, con la conducción en el municipio de Recoleta, que la voluntad política puede hacer la diferencia. Él manifestó una voluntad que se expresó en una política de bienestar social en la comuna de Recoleta que hace la diferencia respecto a quien gobierna. Su candidatura se funda, se basa, en las expectativas populares, que se conectan profundamente con el ideario allendista, que es de transformación social, de bienestar popular, la ampliación de derechos. Refleja es amplitud.

En esta carrera presidencial, ¿qué primarias te gustan más, una de las fuerzas antineoliberales y de izquierda, o una de todos contra todos en la oposición?

Creo que en varias y varios candidatos de Unidad Constituyente no existe una genuina y real voluntad de participar en primarias que posibiliten una instancia unitaria. Más bien hay declaraciones de buena intención…

¿Le tienen miedo a que gane Jadue?

Por cierto, hay temor, especialmente en los sectores neoliberales, de que el alcalde Jadue se imponga en una primaria en que estén ellos. Por lo mismo, es declarativo esto de la unidad, pero en los hechos no hay intención de unidad en algunos sectores, no en todos.

Con sentido de realidad, creo que una primaria antineoliberal es un camino plausible. Ahora, en el entendido de que hay que ir sumando voluntades para la transformación política y social, y para la sustentabilidad en un futuro gobierno.

“Protagonismo social” en la Convención Constitucional

Tú vas de candidato a convencional por el Distrito 13. Son comunas donde hay hartos desafíos y se expresan muchos de los cambios que se hablan de una nueva Constitución. ¿Es difícil abordar esta campaña en medio de cuarentenas, cambios de fase del Paso a Paso, la ampliación que hubo de campaña, y se necesitan recursos?

Sí, ha sido difícil. Además se nota el financiamiento de grandes empresas, de gente con mucha plata, de las elites, a los candidatos de derecha. Además, el gobierno actúa con negligencia respecto al control sanitario, con decisiones erráticas, no hay buenas medidas de protección de la población, son contradictorias, generando condiciones de riesgos como adelantar el ingreso a clases presenciales y dar millones de permisos de vacaciones, generando más contagios, la pérdida de vidas humanas, y provocando el aplazamiento de las elecciones. Eso fue responsabilidad de un gobierno negligente.

Otra secuela, es que el aplazamiento favoreció principalmente a sectores de derecha y sectores neoliberales, porque sostener una campaña sin financiamiento es muy difícil. Es evidente que la derecha y el mundo neoliberal profundizó un despliegue comunicacional y de propaganda gracias al financiamiento y aportes de fortunas de grandes empresarios.

¿Cómo va tu campaña, en medio de todo eso?

Hemos desarrollado una campaña sostenida básicamente en función del intercambio social, de la conversación con las vecinas y los vecinos, del diálogo en los territorios, de las reuniones con organizaciones sociales respetando el aforo. Soy optimista, hemos hecho una buena campaña y se va a traducir en buenos resultados. Es una campaña honesta, centrada, y se funda en las capacidades y voluntades de distintas organizaciones sociales y personas que entienden la importancia del cambio constitucional y que apuestan por una participación y una representación activa en el proceso constitucional.

En la Convención Constitucional, ¿la primera batalla será el reglamento?

Sin duda. La primera batalla será el reglamento que garantice la participación en la Convención Constitucional. Es muy evidente que existe la intención de sectores contrarios a la democracia, que buscan restringir la soberanía del pueblo en el proceso constituyente, que van a intentar poner todas las cortapisas que estén a su alcance para que la Convención pierda el carácter de amplitud democrática que debiese tener.

Hay planteamientos que apuntan a que además del quórum de los dos tercios para aprobar cada contenido de la nueva Constitución, también exista ese quórum para aprobar el reglamento y el contenido final. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso.

Creemos que en la medida de que el pueblo mantenga protagonismo social, en la medida que la Convención sea un espacio abierto al pueblo, que queramos un funcionamiento realmente democrático, hay que dejar sin efecto esta regla de dos tercios. Es evidente que esa regla está pensada para la hegemonía de los sectores de derecha. El mejor ejemplo es que en el Senado, en enero del 2020, se votó eliminar el régimen de concesiones del agua, considerando que el 1% de los que tienen los derechos del agua controlan el 79% del flujo del agua. La postura de que el agua pasara a ser un bien de uso público tuvo 24 votos, y la UDI, RN y Evópoli tuvieron 12 votos para mantener el régimen a favor de privados, y por el quórum esa iniciativa no pasó, es decir, 12 votos decidieron sobre 24 votos. Es evidente que la regla de los dos tercios permite a la derecha hacer hegemonía en contra de mayorías y de la soberanía popular.

Ahí tenemos, al ver el reglamento, un elemento de tensión. Pero habrá otros elementos. Soy un convencido de que la Convención Constitucional tiene que ser un espacio abierto al pueblo, eso significa que tiene que ser transmitido por televisión pública todo lo que se discuta y vote, creo que debe existir un mandato claro en términos de que las convencionalistas y los convencionalistas tengan que realizar asambleas territoriales de carácter vinculante, pensando en que ahí esté la redacción de la futura Constitución. Creo que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben darse como fundamento de una nueva Constitución. Creo que no deben existir sesiones secretas de la Convención, los votos tienen que ser transparente ante la ciudadanía. En todo eso hay una primera tensión.

Todo eso, en alguna medida, va a perfilar cuán democráticas serán las posiciones respecto a la redacción del texto final.

Crear una Corte Constitucional de carácter paritario y se defina cómo conformarla

Se vivió otro episodio con el Tribunal Constitucional respecto al retiro del 10%, pero van muchos episodios en muchos años en que el TC está en el escenario nacional con muchos cuestionamientos y generando discusiones. ¿Cuál es tu posición respecto a qué debe decir la nueva Carta Magna en relación a un Tribunal Constitucional?

Lejos de legitimar esa institucionalidad a propósito de este fallo del 10%, creo que lo que trató de hacer el TC fue una manera de legitimarse frente a la ciudadanía. Son conocidas las deliberaciones y conclusiones que ha hecho el TC contrarias a la legislación de un Congreso que, con todas sus limitaciones, es un Congreso electo democráticamente. En los hechos se constituye en una tercera Cámara y tiene atribuciones de control preventivo de constitucionalidad que no resiste análisis porque no es democrático. En consecuencia, creo que hay que discutir profundamente cuál es el órgano de control constitucional que deba existir. Por lo pronto, no creo que tenga que ser en los términos de lo que hoy existe, más bien me inclino por una Corte Constitucional de carácter paritario, donde discutamos cómo se nomina, y que esencialmente vea derechos fundamentales. Que no vulnere la soberanía democrática.

En el Parlamento está avanzando el royalty minero, y eso pone de nuevo en la discusión qué hacemos con nuestros recursos naturales, cómo se aprovechan para Chile, cuando lo explotan y se lo llevan trasnacionales. ¿Es posible avanzar en una nueva Constitución respecto a precisar todo en relación a los recursos naturales y estratégicos?

En la nueva Constitución hay que sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social que asegure bienestar compartido, que el progreso sostenido y sustentable llegue a todas y todos, que posibilidad de desarrollo de todas las regiones y las comunas, que terminemos las desigualdades entre comunas.

En el Distrito 13, por donde voy de candidato a convencional, donde están las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y La Cisterna, el per cápita, a propósito de las rentas municipales -esto como ejemplo-, llega en municipios como Pedro Aguirre Cerda, a 143 mil pesos por habitante al año, y el que más tiene es San Miguel con 220 mil pesos. Pero en Vitacura el per cápita es de un millón 139 mil pesos y Las Condes tiene más de un millón 200 mil pesos. Por tanto, esa desigualdad, en términos de las posibilidades que tiene cada comuna, es un elemento central a abordar.

Creo que hay coincidencias en que la ampliación de derechos debe ser lo que guíe los efectos de una Constitución plenamente democrática. Si ese es el acuerdo mayoritario que existe en el país, la pregunta es cómo sostenemos económicamente esa ampliación de derechos. Hay dos dimensiones. Por un lado se requiere de una recaracterización del Estado, que permita dejar atrás el Estado subsidiario, construir un Estado democrático y social de derechos y que ese Estado se caracterice por poder darle un impulso a la economía. Desde luego, articulando a todas las estructuras de empresas, pero también a las comunidades. Eso colisiona con la actual Constitución.

Pensar en un nuevo modelo económico democrático, de desarrollo, incluye también un sistema político que permita soberanía. Eso implica, como decía, recaracterizar al Estado. Pero también significa el principio de justicia fiscal, de redistribución de la riqueza.

Actualmente la libra de cobre está sobre 4 dólares y se sabe que el costo de la libra es dos centavos de dólar. Se espera que el precio del cobre aumente aun más, hay expectativas de que puede llegar a 6 dólares la libra. Tener soberanía sobre nuestros recursos naturales es clave. Y tener un royalty que permita ampliar el erario público pensando en la sostenibilidad y recursos permanentes para gastos de derechos sociales fundamentales que hay que garantizar.  El royalty minero y el impuesto a los súper ricos son centrales en la futura Constitución

 

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