La dura derrota de Piñera

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La semana pasada estuvo repleta de acontecimientos importantes, entre otros el no cursarse por el Tribunal Constitucional el requerimiento del Ejecutivo contra el tercer retiro del fondo de pensiones, y rápidamente tener que promulgarse y retirar el regresivo proyecto alternativo enviado por Piñera, profundizarse el debilitamiento de su gobierno y quedar en evidencia el fraccionamiento de la coalición en que se apoya. De otra parte, avanzan en el Parlamento proyectos relevantes como el de obtener financiamientos con cargo a los súper ricos para enfrentar los problemas sociales creados con las crisis sanitaria y económica y el de royalties al cobre, cuya cotización se acerca al máximo nivel alcanzado durante el súper ciclo de comienzos de la década pasada, litio y otros recursos. Al mismo tiempo se hace cada vez más urgente establecer una muy necesaria renta básica universal.

Hugo Fazio. Economista. CENDA. Santiago. 04/05/2021. El Tribunal Constitucional (TC) al rechazar por siete votos contra tres el   requerimiento presentado por Sebastián Piñera de declarar inconstitucional el tercer retiro aprobado en el parlamento, con mayorías superiores a las necesarias para cursar una reforma constitucional, le propinó una abrumadora derrota. Conocida la resolución la presidenta del Senado, Yasna Provoste, hablando en nombre de todos los senadores de oposición, demandó al Ejecutivo que “termine con las disputas de poderes“, subrayando que “la resolución del Tribunal Constitucional ratifica que el Congreso Nacional ha actuado siempre apegado a la Constitución. Insistimos – recalcó – que el Gobierno debe promulgar ahora de inmediato el proyecto del tercer retiro aprobado por el Congreso y que no extienda la angustia de familias que requieren hoy día recibir su autoayuda”.

Este curso de los acontecimientos no estuvo nunca en los supuestos del Ejecutivo. “Es un escenario, que no ha estado en los planes del Gobierno para el día de ayer -constató El Mercurio al día siguiente- , el presidente Sebastián Piñera anunció que promulgará el tercer retiro de los fondos previsionales despachado por el Congreso. A esa decisión llegó el Ejecutivo después de una jornada muy adversa: el Tribunal Constitucional había resuelto por mayoría no acoger a trámite el requerimiento por inconstitucionalidad presentado por el mandatario (…). La resolución del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el requerimiento -agregó- resultaba inesperada para La Moneda, que incluso el lunes se mostraba confiada en que el texto iba a tener la misma suerte que su requerimiento presentado por el segundo 10%“ (28/04/21) .

Frente al rechazo, Sebastián Piñera se encontró frente a diversas alternativas, entre ellas utilizar la facultad del veto. Los reportajes de prensa indican que inicialmente se inclinaba por un veto aditivo, incluyendo propuestas incluidas en el documento alternativo retirado. Otra idea considerada fue un veto eliminando las disposiciones sobre las rentas vitalicias, ya que quedó imposibilitado de apoyarlas con recursos fiscales. Sin embargo, la magnitud de la derrota y los llamados a cursar de inmediato el tercer retiro, efectuado incluso por varios personeros de derecha, lo llevó a anunciar su promulgación y el retiro del texto alternativo que se había enviado la noche anterior al Congreso. Cuando lo envío Piñera partía del supuesto que el TC lo cursaría. Sin embargo, ni siquiera lo acogió a trámite. “Carecía -declaró Iván Aróstica, quien al ingresar al Tribunal de manera inusual había adelantado en los hechos que el resultado sería diferente- de fundamentos completos, (…) faltó hacerse cargo de algunos antecedentes, tal como lo dijimos en la mañana”, añadiendo que el fallo del segundo retiro “no fue un cheque en blanco” (28/04/21).

La repercusión de estos acontecimientos son muy grandes y variados. Desde luego, permitió que se cursará el tercer retiro con sus impactos positivos en los ingresos de las personas, el estímulo en la actividad económica que implica y el efecto redistributivo que tiene. Al mismo tiempo, dejó vigente el proceso vivido en la elaboración del proyecto en el Parlamento, lo cual es un antecedente a considerar en otros proyectos de ley en procesos de aprobación, como el de los súper ricos en sus tres ejes[1] y el royalty minero al cual la comisión de Minería y Energía de la Cámara detalló los gravámenes a aplicar, considerando una rebaja de ellos si se procede a exportar cobre de mayor valor agregado.

El retiro del proyecto alternativo significó paralelamente descartar los agregados que se le hacía al entregar más recursos a la AFP, cuando la demanda nacional es cada vez más fuerte diciendo No más AFP, lo cual se traduciría en un fundamental paso adelante si se procediera a aprobar el proyecto de ley presentado por cinco senadores de poner fin al decreto ley 3.500, que le dio origen. El proyecto alternativo establecía además que con cargo fiscal se asumiera el adelanto de pagos que deben efectuar las dieciséis empresas de seguros que los han emitidos, los cuales en un porcentaje elevado deben ser efectuados por las compañías de los grupos Penta, Matte y Hurtado-Vicuña, además de Confuturo, de Inversión La Construcción, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, que es la que tiene el mayor número de pólizas de rentas vitalicias en el país.

Compañías aseguradoras anunciaron inmediatamente su oposición a la determinación adoptada. La estadounidense Ohio National remitió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una advertencia. Proceder a la dispuesto, manifestó, “no significa una aceptación de la ley ni mucho menos una renuncia a reclamar ante las instancias que correspondan el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, cómo tampoco someter a revisión de los órganos jurisdiccionales competentes la legalidad y/o constitucionalidad tanto de los preceptos legales como administrativos cursados conforme a estos”. En el mismo sentido se pronunció Principal, otra aseguradora estadounidense. “La compañía se reserva -señaló- todos los derechos que la legislación chilena y los tratados internacionales aplicables le amparan para proteger sus intereses” (01/05/21). Adelantando que usarán los tratados suscritos que entregan garantías a las inversiones extranjeras, inaceptables por violar abiertamente la soberanía nacional al someter los disensos a tribunales especiales en el extranjero. La CMF estimó en US$2.800 millones el monto máximo posible de retirar como anticipo.

Como era de esperar, El Mercurio, defensor activo del sistema de AFP y de las compañías aseguradoras, editorializó en contra el fallo del TC, lamentando la aprobación del tercer retiro y el fracaso del proyecto alternativo. “Irresponsabilidad e improvisación -señaló- se han combinado para propinar el más duro golpe al sistema previsional. (..). La decisión adoptada ayer por el TC, de no admitir el, por cierto tardío, requerimiento del Ejecutivo contra el proyecto que había aprobado el Congreso, representa una de la señales más claras del grave proceso institucional en que se ha sumido Chile “. Luego expresó su opinión acerca de la superioridad de la “propuesta que alcanzó a presentar el gobierno en el contexto de las alternativas de un tercer retiro”, expresando además su valoración del sistema de AFP y lamentando que “se le ha prestado poca atención -subrayó- a lo ocurrido con la renta vitalicia (…) sobre su carácter expropiatorio (…) El que el TC no entrara al fondo en una materia como ésta trasciende este caso específico y se constituye en una señal de desprotección frente el arbitrio“ (28/04/21) .

Por su parte, La Tercera, el otro integrante del duopolio dominante de la prensa escrita destacó: “Ciertamente son muchas las lecciones que La Moneda y especialmente el Presidente de la República, habrán de extraer a raíz de cómo ha concluido la tramitación del llamado tercer retiro, el cual ha devenido en una bochornosa derrota para el Gobierno. Si algo deja en limpio este episodio -concluyó – es que el estilo presidencial de gobernar sin mayor sentido de coalición y exceso de improvisación ha tocado fondo” (28/04/21).

Un tema que adquiere una importancia cada día mayor fue la necesidad de establecer rápidamente una renta básica universal, al menos mientras dure la emergencia sanitaria, ya que es el camino más adecuado para que las familias puedan afrontar sus consecuencias. Más aún cuando el tema de la caída del empleo, como lo constató el Informe de Finanzas Públicas entregado por el Ministerio de Hacienda experimenta un gran retraso en avanzar hacia niveles de recuperación. “Reiteramos -expresó Yasna Provoste, en sus primeras intervenciones luego de conocerse la resolución del TC- nuestra disposición como fuerza opositora para sacar adelante una renta básica universal, renta solidaria” (28/04/21).

Esta formulación estuvo presente en el encuentro efectuado entre el Presidente de la Republica y las mesas del Senado y la Cámara de Diputados en La Moneda el día 29. Hablándose de “mínimos comunes” a elaborarse en el Parlamento y establecer un mecanismo urgente de ayuda a las familias a financiarse eliminando exenciones tributarias. ” Esta conversación -explicó la presidenta del Senado- la vamos a realizar en el espacio institucional del Congreso Nacional, de cara a la ciudadanía, escuchando a los actores sociales, a los académicos, a todos quienes quieran contribuir entendiendo el sentido de urgencia que tiene para las familias hoy día tener la certeza de que van a poder contar con un instrumento, sea el nombre que se defina, renta básica universal es lo que ha señalado la oposición, o ingreso solidario” ( 01/05/21).

Piñera aprovechó la cuenta del curso registrado en la evolución de las medidas sanitarias, para hacer una referencia a la reunión con ambas mesas del parlamento, sin hacer mención a una renta universal y a “mínimos comunes”, refiriéndose solo a ampliaciones del Ingreso Familiar de Emergencia. Por su parte el ministro del Trabajo, Patricio Melero, anunció el ingreso a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que retoma formulaciones del regresivo proyecto alternativo del Ejecutivo al promulgado del tercer retiro del fondo de pensiones. Propone el bono de $200.000 a quienes hayan tenido saldos cero en sus cuentas de capitalización individual, pero gravando las cotizaciones de los trabajadores en un 1% adicional e ingresando los recursos a través de las AFP. Incluso parlamentarios de derecha criticaron de inmediato hacerlo a través de las administradoras.

[1] Véase Carta Económica 25/04/21.

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