Se trata del impuesto a los súper ricos, el royalty minero y el tercer retiro del 10% desde las AFP. Además, se está conversando el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos mensuales. A todo eso se opone el gobierno de Sebastián Piñera, incluso quiere declarar inconstitucional las iniciativas, aunque las apruebe democráticamente el Parlamento.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 12/04/202. Hay a lo menos tres proyectos en el Parlamento, que permitirían recaudar recursos para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica que cruza al país. Se trata del tercer retiro del 10% de fondos desde las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), el impuesto a los súper ricos y la iniciativa del royalty minero.

Con el tercer retiro, millones de chilenas y chilenos continuarían accediendo a dineros que les permitiría pagar deudas y servicios básicos, enfrentar la falta o suspensión de ingresos, resolver temas como la compra de alimentos e insumos básicos, pagar colegios y universidad e inclusive eventuales gastos en salud. Con el impuesto a los multimillonarios, se recaudarían unos 6 mil millones de dólares que se destinarían a programas sociales de apoyo a familias pobres y de sectores medios. El royalty posibilitaría el ingreso a las arcas fiscales de miles de millones de dólares que se podrían usar, por ejemplo, en salud primaria, reforzamiento hospitalario y solventar programas sociales de apoyo a la población.

Lo dramático o contradictorio de esto, es que el gobierno de Sebastián Piñera se opone duramente a los tres proyectos. No solo eso, sino que en cuanto al retiro desde las AFP y el gravar a los súper ricos, la administración piñerista recurrió al conservador Tribunal Constitucional (TC) para echar por el piso esas iniciativas, declarándolas inconstitucionales.

Paradójicamente, el mismo gobierno indica que no sobran los recursos para atacar la crisis que vive el país y critica que la oposición exija más gasto para apoyar a millones de personas. De hecho, finalmente se cuestiona que los trabajadores hayan tenido que recurrir a sus fondos previsionales o seguros de garantía para poder vivir en medio del drama nacional, y se insiste en que las otras dos iniciativas apuntan a captar recursos de sectores altamente acaudalados y con altos niveles de utilidades, que pagan impuestos bajísimos en comparación a muchos otros países.

El retiro de platas desde las AFP se está discutiendo en estos días en el Parlamento y podría quedar con luz verde esta semana, incluso con muchos votos de legisladores oficialistas que no comparten la postura de su gobierno. También esta semana debería avanzar la iniciativa de impuesto a los multimillonarios (aquellos que tengan un capital de 22 millones de dólares hacia arriba) que ya dio el paso en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. El royalty se está discutiendo en el Parlamento y debería avanzar en estas semanas.

Desde la oposición, ámbitos sindicales y organizaciones del mundo social se está insistiendo en colocar énfasis en estos proyectos en la agenda legislativa, política y social, porque son claves para que en el país existan más recursos para atender las necesidades de la población y encarar los gastos del sector Salud ante la pandemia del Covid-19.

También ahora se iniciaron las conversaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Hacienda, para la fijación del salario mínimo, y desde la multisindical, en base a diferentes estudios, se planteó que éste debe ser de 500 mil pesos líquidos al mes, como base para que los asalariados pueda cubrir sus gastos básicos y que el ingreso esté un poco más lejos de la línea de pobreza en el país. Pero el gobierno tampoco quiere concretar esta iniciativa y no pasa de fijar en unos 350 mil pesos mensuales el ingreso mínimo.

El país está frente a iniciativas que permitirían resolver problemas y necesidades claves en este período de pandemia y crisis social, incluso con medidas que son parte de la realidad en países europeos, en Estados Unidos y naciones asiáticas, y que tienen absoluta viabilidad técnica y legislativa.

Un factor que tendría a Piñera y sus ministros en una posición contraria a esos planes, es que afectan a grupos monopólicos financieros que ellos representan y con los que tienen vínculos estratégicos, y no querrían afectarlos. El propio Sebastián Piñera está entre las diez familias más ricas del país, tuvo ganancias por 300 millones de dólares en el último año, y no está dispuesto a pagar un impuesto desde su capital de 2 mil 900 millones de dólares.

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