La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular denunció la “precarización de nuestras atenciones en salud en el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO)”. Había un presupuesto de 2.203 millones de pesos “que no fueron destinados en su totalidad al programa”. Denunciaron el despido de funcionarios que daban adecuada atención. En un comunicado se expresó: “Denunciamos públicamente a la Directora del SSMO Sra Maria Elena Sepúlveda, madre del Diputado Diego Schalper Sepúlveda de Renovación Nacional” por actuar “en desmedro de las víctimas”. Diputada Claudia Mix envío oficio al gobierno y al Minsal para que se responda por esta situación. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado, defendiendo el actuar de Carabineros, negó una indemnización a un grupo de personas cuyos ojos fueron lesionados por la acción de agentes del Estado.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 04/2021. Una grave situación están viviendo cientos de víctimas de trauma ocular, por anomalías del Ministerio de Salud (Minsal) y otros organismos del sector salud en la implementación del programa de ayuda a quienes fueron afectados por la acción de Carabineros -por uso de balines, perdigones y bombas lacrimógenas-, quedando con lesiones a los ojos y afectaciones a la visión.

Al mismo tiempo, este días se supo que el Consejo de Defensa del Estado, defendiendo el actuar de Carabineros, negó una indemnización a un grupo de personas cuyos ojos fueron lesionados por la acción de agentes del Estado.

La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO), emitió un comunicado donde se señaló que “hemos sido reiteradamente víctimas de negligencia y vulneraciones por la precarización de nuestras atenciones en salud en el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO)”.

Se expresó que “desde la creación del programa, hemos denunciado sus diversas falencias a través de cartas formales y mesas de trabajo con el Hospital Salvador, Ministerio de Salud, SSMO (Servicio de Salud Metropolitano Oriente), Subsecretaría de DD.HH. y a la encargada de DD.HH del MINSAL, Nelly Alvarado”. En el comunicado se añadió que “cabe recalcar que en esas mesas de trabajo conseguimos escasas mejoras que con el tiempo se desintegraron, además, nos enteramos que entidades encargadas nos ocultaban información, pues había un presupuesto 2021 para el PIRO de $2.203 millones de pesos que no fueron destinados en su totalidad al programa, por lo cual abandonamos nuestra participación en la mesa”.

Además, se denunció el despido de dos profesionales que prestaban adecuada y valiosa atención a víctimas oculares a manos de Carabineros, y se indicó: “Sus desvinculaciones son injustificadas pues, según las encuestas realizadas en Septiembre 2020 por el hospital, ambas contaban con una excelente evaluación de desempeño. Se enuncia que los despidos se deben al término de contrato para este 2021 y que se dará la absorción del programa PIRO dentro del policlínico de oftalmología del mismo hospital. Esta acción está alejada de los acuerdos tomados anteriormente con nuestra coordinadora y enfocada en generar la desaparición de una reparación entregada por el Estado”.

Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular se dijo que “apoyamos a los y las profesionales del PIRO que han mostrado solidaridad y profesionalismo con los pacientes, y exigimos la reintegración de las profesionales desvinculadas, entendiendo los espacios de confianza, seguridad y respeto que ya han entregado y que se han generado, contribuyendo con nuestra rehabilitación física y psíquica, siendo ellas nuestro único vínculo de confianza con las instituciones que han traicionado y violado nuestros derechos fundamentales”.

En particular, se denunció “a la Directora del SSMO, María Elena Sepúlveda, madre del diputado Diego Schalper Sepúlveda de Renovación Nacional y representante del sector más conservador y privilegiado de Chile, de actuar en desmedro de las víctimas e intentar desmantelar el PIRO, no destinando los diferentes recursos en la atención de las víctimas, omitiendo la integración de nuevos profesionales de área de salud mental, no trasladando a los recintos hospitalarios y destinando a los profesionales del programa en otro tipo de atención”.

Frente a esta delicada situación que afecta a las víctimas de trauma ocular, se hizo un llamado a las autoridades del Minsal y entidades que deben atender estos casos, “a escuchar a las víctimas, para trabajar y mejorar el servicio de este programa que acumula intransigencias y que lleva meses en decadencia”.

En el comunicado se enfatizó: “Reiteramos el llamado a la directora ya mencionada, agregando al Jefe de Oftalmología de la Unidad de Trauma Ocular, José Luis Sanhueza y las autoridades encargadas al dialogo con las víctimas y personal, para trabajar en un óptimo desarrollo del programa con el presupuesto que fue entregado para el 2021, para garantizar la recuperación integral de las víctimas de violación de DD.HH. por parte de las fuerzas policiales militarizadas de nuestro país”.

Oficio para que el gobierno y el Minsal respondan

“Nos parece lamentable que el mismo gobierno que sacó y daño los ojos de cientos de chilenas y chilenos durante el estallido social, hoy ponga trabas y obstáculos en la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular. Solidarizamos con la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y hacemos un llamado al Ejecutivo y al Ministerio de Salud para que se hagan cargo de esta situación”, expresó la diputada del partido Comunes, Claudia Mix, después de enviar un oficio para negligencias y trabas en la atención a quienes perdieron un ojo o sufrieron un serio daño a la vista producto de balines y bombas lacrimógenas lanzadas por Carabineros.

El oficio fue enviado al ministro de Salud, Enrique Paris, a la directora del Departamento de Derechos Humanos y Género del Ministerio de Salud (Minsal), Nelly Alvarado, y a la directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Elena Sepúlveda.

La diputada recabó información y recogió las denuncias y antecedentes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular sobre irregularidades, negligencias y precariedad en las labores del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO).

El programa fue creado por el Minsal para apoyar la rehabilitación de centenares de víctimas de trauma ocular producto de la represión de Carabineros durante el estallido social, contaba con un equipo multidisciplinario integrado por oftalmólogos, cirujanos, psicólogos, cirujanos plásticos y terapeutas ocupacionales, pero a estas alturas el gobierno, el Minsal y las autoridades encargadas decidieron precarizan esta labor y se está dejando en la desprotección a cientos de pacientes.

La diputada Claudia Mix solicitó que se entregue de forma pormenorizada el presupuesto total destinado para el Programa Integral de Reparación Ocular para el 2021, que se indique cuál es la dotación actual de profesionales especialistas destinados a cada área con la que cuenta el programa a la fecha y se señalen los motivos de la desvinculación de los profesionales que cumplían funciones dentro del PIRO, invocando la causal del término de contrato, exigiendo a su vez, la reintegración de los mismos.

Consejo de Defensa del Estado negó indemnización a víctimas oculares

En julio del año pasado, un grupo de víctimas oculares, lesiones y traumas provocados por acción de agentes del Estado, cuando los carabineros usaron balines, bombas lacrimógenas y otros proyectiles en contra de manifestantes, demandó una indemnización para poder cubrir sus gastos de salud y de sobrevivencia y por daño moral.

La presentación se hizo ante el Consejo de Estado (CDE). Pero hoy este organismo estatal rechazó el requerimiento y el principal argumento fue defender el accionar represivo de Carabineros.

Se demandaba, en total, un monto de 7.025.565.22 de pesos y se hablaba de quienes perdieron el globo ocular completo y perdieron de manera considerable, su visión. Se planteó una indemnización de 380 millones de pesos y 340 millones de pesos, en cada caso.

En la petición ante el CDE se sostuvo que hubo un “uso abusivo de la fuerza y actuado negligentemente en infracción de normas nacionales e internacionales”.

Pero el CDE le dijo que no a las víctimas de trauma ocular y pérdida de visión y señaló en una resolución que “Carabineros de Chile actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada a la proporcionalidad del contexto de ataques de los que los funcionarios de la institución fueron objeto”.

Es decir, se manejó desde los integrantes del Consejo de Defensa del Estado la tesis de victimizar a los uniformados y criminalizar a quienes sufrieron lesiones en sus ojos. Se estableció que hubo “actos vandálicos…se destrozaron, quemaron o saquearon un sinnúmero de infraestructuras públicas y propiedades privadas a lo largo de todo el país”. Según el CDE, al negar la indemnización a víctimas durante la revuelta social de 2019, “no estamos en presencia de manifestaciones pacíficas, la realidad fue totalmente distinta y estuvo dominada por la agresividad y la violencia”.

Pese a eso, no se negó que “en algunos casos la respuesta de las fuerzas policiales no se ha ajustado a derecho y la reacción ha sido desproporcionada y antirreglamentaria”.

La demanda apuntó, contrario a la tesis del Consejo, que Carabineros infringió los “principios de necesidad y proporcionalidad”, utilizando la escopeta antidisturbios y la carabina lanza gases de manera indiscriminada.

Nuevo testimonio de Gustavo Gatica

En este marco, el estudiante universitario Gustavo Gatica dio una entrevista a la agencia española informativa EFE y señaló que “cuando me dispararon me llevaron a una clínica privada, pero luego estuve en la UTO (Unidad de Trauma Ocular, el departamento de un hospital público de Santiago) y la atención fue muy mala”.

Gatica perdió sus dos ojos y quedó ciego. Ahora señaló que “se nos hacía muy pesado tener que esperar horas, es una doble victimización. Esa es la poca ayuda que hemos tenido. Nunca se nos ha acercado nadie del Gobierno”.

El joven sostuvo que “hay una falta de condena a nivel mundial de lo que pasó en Chile y apelamos a la presión extranjera, siento que es mucho más importante que la presión venga desde afuera que la que podemos hacer desde acá dentro. Tal vez, si se hubieran pronunciado más fuerte organismo extranjeros, las cosas no hubieran sido así”.

Además, Gustavo Gatica denunció que “he conocido a sobrevivientes (de la represión de la revuelta social de 2019) que están en el abandono total, que no reciben ni ayuda del Estado ni de la gente”.

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