Crecimiento de la pobreza y del desempleo. Baja de ingresos y mantención de malos salarios. Deficiente acceso en salud. Aumento de campamentos y hacinamiento.
Equipo “El Siglo”. Concepción. 01/04/2021. Hay cifras que se tienden a olvidar pero que siguen marcando la realidad de la mayoría de los alrededor de 19 millones habitantes del país.
El aumento en el porcentaje de pobreza, de desempleo, de hacinamiento y campamentos, en el empleo informal, endeudamiento y la baja o suspensión de ingresos, afecta a millones de chilenas y chilenos, sin que exista en el horizonte soluciones de fondo y estructurales.
Un cuadro que empeora con una pandemia del nuevo coronavirus en expansión y que genera condiciones adversas para contener o paliar los efectos de malas cifras sociales en el país.
Crece la pobreza
El año pasado, el informe “Panorama Social de América Latina 2020” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntó que el índice de pobres en Chile creció a un 10,9% durante 2020, es decir, casi 2 millones de personas.
Un reporte del Hogar de Cristo, manejando cifras incluso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de 2018, indicó que hoy, “la pobreza y las circunstancias en las cuales se da, han cambiado: un 4,5% de la población no cuenta con servicios higiénicos, un 9,8% vive hacinado, y los índices de pobreza monetaria han disminuido de un 39% en 1990 a un 8,6% en 2017.
El estudio de la entidad sostuvo: “Estas dimensiones están incorporadas en la medición de pobreza multidimensional y nos muestran que al menos 3.500.000 personas viven en esta situación. Al utilizar ambas metodologías oficiales de medición de la pobreza, se tiene que en Chile hay 4.500.000 de personas (26% de la población) que son pobres de alguna forma, ya sea monetaria o multidimensionalmente. Mientras que 600.000 (3,4%) viven la pobreza en todas sus formas, lo que significa que viven en hogares con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y, al mismo tiempo, presentan carencias en dimensiones relevantes para el bienestar”.
Estudios de economistas independientes y centros de estudio, apuntan a que la situación de millones de personas cambió desde la revuelta social de 2019 y se agravó con la pandemia, sobre todo por quedar cesantes y sin ingresos o con reducción de salarios. Además, se estableció el aumento de precios de productos básicos y de servicios, y la continuidad en el cobro de créditos, deudas y cuentas, lo que afectó a cientos de miles de familias que estaban sin ingresos o con menor ingreso.
Considerando las necesidades de vivienda, vestimenta, transporte, alimentación, servicios básicos, esos estudios coinciden en que la realidad apunta a que entre un 23 y un 26 por ciento de habitantes del país viven en la pobreza, sumando a que alrededor del 50% gana menos de 500 mil pesos mensuales.
El drama del desempleo
Continuando con las cifras negativas, comparando con escenarios de hace dos o tres años, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el desempleo en el trimestre diciembre 2020-febrero 2021 alcanzó el 10,3%.
La cifra implicó un incremento de 2,5 puntos porcentuales en doce meses, producto de la reducción de la fuerza de trabajo (-7,4%) menor a la disminución presentada por los ocupados (-9,9%), y el incremento de 22,2% en los desocupados, incididos únicamente por los cesantes (26,6%).
Según sexo, la tasa de desocupación de mujeres se situó en 11,0% y la de los hombres en 9,8% aumentando en 2,2 y en 2,7, respectivamente, en doce meses.
En definitiva, formalmente hay casi dos millones de cesantes en el país, con todo el impacto social que todo eso tiene.
Pero hay que agregar análisis de expertos, académicos, centros de estudios y organizaciones sindicales que apuntan, primero, a discrepar con las cifras oficiales por los parámetros o criterios de medición y, segundo, a agregar otras realidades en el mundo laboral.
Es así que algunos datos hablan de unas 3 millones de personas realmente cesantes en Chile, considerando que llevan tiempo sin empleo formal. También se habla cientos de miles de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Se mantendrían cifras de más de un millón de trabajadores con el empleo suspendido. Y el alto porcentaje de empleo informal, lo que lleva a establecer que entre 4 y 5 millones de asalariados del país están cesantes, en la informalidad o buscando trabajo. La cifra, por lo demás, coincide con datos de pobreza.
Hay una situación específica. El de 2 millones de personas en empleo informal o el autoempleo, y que a veces se disfraza por emprendimiento, pero que resulta ser un emprendimiento precario y muchas veces de baja inversión y poca duración. Esta es una condición a la que se han visto obligados a llegar cientos de miles de trabajadores, técnicos, profesionales, y que lleva a que sea gente sin contrato formal, sin previsión social, sin opción de seguro de desempleo y desprotegidos en caso de enfermedad o accidente.
Baja de ingresos, acceso inequitativo a la salud, malas pensiones
Hay otros datos y antecedentes que dan cuenta de una mala situación social para la mayoría de las chilenas o los chilenos.
Diversos estudios académicos apuntan a que, con datos de entre 2019 y 2021, la mitad de las y los asalariados en el país gana menos de 600 mil pesos y otro importante porcentaje apenas algo más de 300 mil pesos, en el borde del salario mínimo legal.
Un estudio de la Fundación Sol determinó que “si se considera a todas las categorías ocupacionales, se observa que el 64% gana menos de $400.000 líquidos, lo que dicho de otra manera, significa que solo 1 de cada 3 trabajadores en Chile gana más de $400.000 líquidos”. Inclusive, “el 70% de los trabajadores dependientes del sector privado gana menos de $455.000 líquidos”.
Aunque no existen estadísticas formales, existen antecedentes y denuncias de que en el marco de la pandemia, muchos empleadores comenzaron a pagar menos de 300 mil pesos mensuales y mucha gente, ante la necesidad urgente de tener un ingreso, está laborando por 150 mil o 250 mil pesos aproximadamente.
Hay que considerar que el despido de miles de trabajadores durante 2020 y la congelación de la relación laboral, así como la suspensión o rebaja del sueldo, puso en una situación de inestabilidad social y familiar a muchísimos trabajadores.
Se puede tener en cuenta análisis oficiales, como la Encuesta Social Covid, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que señaló que si en 2019, el 16,5% de los hogares chilenos consideraba que sus ingresos no alcanzaban a cubrir los gastos, hoy lo cree el 31%. Luego se estimó que ese porcentaje llegó al 48,8% en julio del año pasado.
La encuesta arrojó que el ingreso de los hogares también está a la baja. En 2019, el 22% de los hogares contaba con un ingreso mensual per cápita de hasta 100.000 pesos chilenos (137 dólares). En julio de 2020, esa proporción ya era del 41,1%. Ahora es del 31,6%. En pocas palabras, esto quiere decir que un gran porcentaje de la población está perdiendo poder adquisitivo.
Todas las cifras tienen que ver con una realidad personal, familiar, social, de millones de personas en Chile. Con contrastes como que la banca, las AFP, las Isapres, los consorcios financieros y las diez familias más ricas del país, tuvieron en el último periodo aumento de utilidades entre el 10 y el 40 por ciento.
Hay otras realidades latentes. Un 20% de la población accede a la salud privada y un 80% al sistema público a través de Fonasa. Por desgracia, las falencias e insuficiencias del sector salud público, implica afectaciones a gran cantidad de personas, a pesar de que se han visto mejoras en las atenciones de todo tipo.
Con los años, la mayoría de la gente fue abandonando las privadas Isapres fundamentalmente por no poder pagar los planes de salud o no poder acceder a seguros y condiciones en caso de enfermedades muy graves. Se fueron a Fonasa con la idea de que el Estado se pudiera hacer cargo de la salud personal o familiar y dar respuestas sobre todo en emergencias. Pero resulta evidente que en Chile quien tiene mayor ingreso, tendrá mejor salud, y quien tenga bajo ingreso, tendrá problemas en el acceso a la salud.
Dos de cada 10 chilenos pueden pagar planes de salud consistentes y que le dan garantías de buena y eficiente atención; es el sector ubicado en un nivel socioeconómico alto, quedando sectores medios y pobres en una situación desvalida, para una gran cantidad de enfermedades y patologías.
El tema de las pensiones no se ha solucionado y tiene para largo. Son incontables los estudios que hablan de mujeres y hombres jubilados que llegan a percibir cien mil, 150 mil pesos o un poco más de pensión, a todas luces una cantidad que no sirve ni para sobrevivir.
Varios estudios señalan que alrededor del 80% de los jubilado reciben mensualmente un ingreso igual o menor al salario mínimo. Es así que varios millones de adultos mayores están en la línea de la pobreza o bajo ella. Otros indicadores apuntan a que nueve de cada diez pensionados tiene un ingreso mensual bajo los 300 mil pesos.
Resulta claro que en Chile hay un tema estructural, de fondo, y de modelo económico con las negativas cifras en tantos ámbitos que tienen que ver con la calidad de vida y garantía de derechos de la población.
Es obvio que el país está muy lejos de ser desarrollado, que ningún gobierno ha sido capaz de cumplir la promesa de avanzar hacia ese escalón y que se viven situaciones dramáticas y problemáticas en empleo, salarios, vivienda, salud, pensiones, entre otros.
Pese a los anuncios de crecimiento de la economía entre el 6 y el 7 por ciento, el aumento sostenido de utilidades en el sector privado y sobre todo en los ámbitos de gran capital financiero y familias multimillonarias, los números azules en el presupuesto fiscal, tal como ha ocurrido en el último medio siglo, nada de eso apunta a solucionar esos problemas estructurales que hacen sostenidas las malas cifras sociales.
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