Bolivia. Ex presidenta procesada por varias matanzas y sedición

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El difícil escenario judicial de Jeanine Áñez ante acusaciones en el Poder Judicial. La Justicia boliviana también iría por el secretario general de la OEA.

Agencias. 16/03/2021. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, informó que se está pidiendo una condena de 30 años de cárcel para Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de ese país, por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su administración, después de ser parte de un golpe de Estado en contra del ex mandatario Evo Morales.

Áñez también está acusada por la Justicia de terrorismo, sedición y conspiración. La jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, decretó detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria de facto.

La medida también recayó sobre sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, y se justificó por la existencia de riesgo de fuga de los detenidos.

Jeanine Áñez fue detenida el pasado sábado 13 de marzo en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte de Bolivia. Hay antecedentes e información que permite establecer que la política de derecha conspiró, efectúo actos terroristas y actuó de manera sediciosa para derrocar el gobierno de Evo Morales, instalarse en el Ejecutivo y ordenar actos represivos contra la población, sobre todo indígenas y militantes de fuerzas de izquierda.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, en declaraciones tomadas por Rusia Today, indicó que “acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”. Eso en referencia a acciones represivas en poblados, ordenadas por Áñez.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, apuntó a Áñez como responsable de masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal.

“Algo que jamás podrá negar el gobierno de la señora Áñez es que en su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas”, manifestó Cruz.

Los informes hablan de 37 asesinados y 861 personas heridas, la gran mayoría por impacto de balas disparadas por elementos militares y policiales.

El reporte “Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, de la Defensoría del Pueblo, el 11 de noviembre de 2019, hizo ver que se desató una fuerte represión contra la población, sobre todo en hubo fuerte represión policial en la Zona Sur de La Paz, concretamente en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo.

Se indicó que hubo “excesos por parte de la Policía, a través de actos como la aplicación de golpes, patadas, insultos racistas o discriminatorios, amenazas con armas de fuego y otros”. 18 personas resultaron heridas en la intervención policial, y tres personas perdieron la vida.

En el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz, se produjo una acción policial donde hubo un muerto y varios heridos. En la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, se produjo una masacre cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban  en dirección a La Paz, para protestar por el golpe de Estado y el gobierno impuesto; fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes. Hubo 12 muertos y 125 heridos de acuerdo al reporte.

Una segunda masacre se produjo en Senkata, en la ciudad de El Alto, con la muerte de diez personas a manos de fuerzas de seguridad, mientras cientos de personas se manifestaban. Hay informes de muertos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.

En los juzgados correspondientes se están reuniendo las pruebas y antecedentes para lo que será el procesamiento contra Jeanine Áñez por su responsabilidad en los asesinatos, así como actuaciones terroristas y sediciosas.

Bolivia podría ir por Luis Almadro

Frente a la actuación a favor del golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, las autoridades de ese país preparan acciones judiciales y diplomáticas en contra de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ministro de Justicia Iván Lima, señaló que se están evaluando acciones legales en contra de Almagro por sus afirmaciones en torno al supuesto fraude electoral de 2019, lo que fue la antesala de la asonada golpista. Según el funcionario, el secretario general de la OEA fue un actor político en la desestabilización en Bolivia y el impulso del golpe anticonstitucional.

El expresidente boliviano Evo Morales culpó a Almagro por “crímenes de lesa humanidad” en torno de asesinatos de decenas de personas cuando asumió la administración golpista, respaldada y avalada por Luis Almagro. “Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos”, indicó Evo en su cuenta en Twitter.

Organismos, gobiernos y medios de prensa condenaron a la OEA por rechazar en octubre de 2019 la legitimidad de las elecciones que ratificaron al presidente Morales por un amplio margen de votación, lo cual originó una ola de represión y violencia.

 

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