Trabajadores y jóvenes fueron las víctimas fatales del accionar de funcionarios de Carabineros de Chile desde 2019, lo que incluye un caso de femicidio que, paradójica y dramáticamente, afectó a una carabinera. Se agrega el caso de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche ultimado en 2018. Se salvaron de morir niños del Servicio Nacional de Menores que recibieron disparos de un sargento de la policía uniformada y dos trabajadores víctimas de golpizas propinadas por uniformados.

Equipo El Siglo. Concepción. 16/02/2021. Desde 2019 a la fecha, un grupo de ciudadanos chilenos, trabajadores y jóvenes de sectores socioeconómicos bajos y medios, fueron asesinados por carabineros. La mayoría por balazos y otros por golpizas o atropello. Los reportes incluyen un femicidio perpetrado por un oficial de Carabineros de Chile, donde la víctima fue…una carabinera. Se sumaron al crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido a finales de 2018. Y a varios más si se consideran situaciones desde 1990.

Hay otros casos investigados en que los procesos judiciales no han podido establecer responsabilidad de personal de la policía uniformada en la muerte de jóvenes, pese a querellas y denuncias en contra de funcionarios. Otros en que las víctimas de los balazos realizados por miembros de la policía uniformada se salvaron de morir, quedando heridos, como los niños de una casa del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Hubo situaciones en que las víctimas no perecieron, como Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, pero que quedaron ciegos de por vida; la primera, trabajadora que recibió en el rostro una bomba lacrimógena, y el segundo, un estudiante que recibió balines en sus ojos, en ambos casos disparados por oficiales de Carabineros. O del joven lanzado desde altura al cauce del río Mapocho por un funcionario policial; la víctima sobrevivió.

Un panorama que contrasta con las denuncias de que la policía uniformada suele proteger y acompañar marchas de grupos de ultraderecha, y no actuar cuando miembros de esos grupos agredieron a transeúntes, ni repelerlos al ocupar calles, transitar con objetos de ataque y gases, y no respetar las normativas sanitarias por la pandemia del Covid-19. Casi todos episodios registrados en el “barrio alto”, donde los protagonistas eran personas de nivel socioeconómico alto, lo que demostraría la subordinación de los carabineros a ese sector. Un factor siempre presente, es que los partidos de derecha siempre han defendido el actuar policial, incluidos los casos en que provocaron la muerte de civiles.

En todos los episodios de muertos por el actuar policial, el alto mando de Carabineros optó inicial o seguidamente por proteger a los agresores e incluso oficiales de alto rango fueron parte de montajes, mentiras y tergiversaciones, a pesar de lo cual, una vez indagada y determinada la veracidad de los hechos, no recibieron sanciones internas ni requerimientos del gobierno de Sebastián Piñera, salvo en el caso de Catrillanca. También en varias de las situaciones la vocería de la entidad policial habló de “defensa propia” y del “contexto” para justificar el uso de arma de servicio.

Las víctimas fatales

Entre las víctimas fatales provocadas por el actuar de carabineros desde las movilizaciones sociales de 2019 se cuentan el trabajador Alex Núñez, el joven Cristian Valdebenito, el barrista Jorge Mora, el malabarista callejero Francisco Martínez, a lo que se suma la condena a un suboficial por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a fines de 2018 y dejar herido de bala a un adolescente indígena.

En una situación procesal confusa y con querellas de por medio, están los casos de Ariel Moreno, muerto al recibir un balazo en la cabeza en las afueras de una Comisaría, y de Abel Acuña, fallecido por paro cardiorespiratorio y que de acuerdo a versiones de personal de urgencia y testigos, no pudo recibir atención ante la acción violenta de la policía uniformada. En este periodo se conoció también del femicidio del que fue víctima una funcionaria policial.

El trabajador Alex Núñez fue asesinado por un grupo de carabineros durante un procedimiento en Maipú, específicamente en la estación El Sol del Metro. Se acusó que los uniformados procedieron a “golpearlo de manera aleve y violenta” y que murió producto de un traumatismo encéfalo craneano provocado por la golpiza de los policías. La propia víctima, aun con vida, denunció que “lo habían golpeado brutalmente”. La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó “la efectividad del hecho denunciado”. Desde el Consejo de Defensa del Estado se indicó que en la indagación apareció que “al interior de Carabineros existe un concierto entre algunos de sus integrantes para tratar de ocultar” lo ocurrido. No está muy claro qué pasó judicialmente con los carabineros que mataron a Alex Núñez.

Hay que recordar las situaciones vividas por el joven Matías Soto en Puente Alto y los adultos mayores Patricio Bao en la comuna de Santiago y Moisés Órdenes en Plaza Ñuñoa, los tres víctimas de feroces golpizas propinadas por un grupo de uniformados, dejándolos con serias lesiones. Esto indicaría que las golpizas grupales por parte, sobre todo, de elementos de Fuerzas Especiales de Carabineros, son parte de una práctica habitual.

Cristian Valdebenito, trabajador, fue víctima del disparo de una bomba lacrimógena que le dio en la cabeza durante manifestaciones en torno de Plaza Dignidad, lo que llevó a una investigación judicial y la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Debido a este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración donde se señaló que había advertido “sobre el frecuente efecto indiscriminado de armas menos letales en el contexto de protestas, como los lacrimógenos”. Todos los antecedentes y relatos de testigos directos, apuntaron a que Valdebenito murió al recibir el impacto de una bomba lacrimógena. No está del todo claro en qué está la causa de este episodio y no habría funcionarios policiales si quiera indagados.

El barrista de Colo Colo, Jorge “Neco” Mora, fue atropellado y muerto por un camión de Carabineros en la noche del martes 28 de enero en los alrededores del Estadio Monumental,  específicamente en la esquina de Departamental con Exequiel Fernández, en la comuna de Macul. El mando policial indicó que el vehículo se desplazó porque su conductor corría peligro ante el ataque con piedras lanzadas por barristas del equipo de fútbol. El Club Social y Deportivo Colo-Colo dio a conocer en esa fecha un comunicado donde se señaló que “contrariamente al ánimo de toda la jornada, y ajeno a cualquier tipo de contexto previo, Carabineros de Chile decidió desplegar un operativo completamente desproporcionado en el sector de Exequiel Fernández y Departamental, provocando incidentes que han terminado con la vida de un hincha de nuestro Club, además de varios socios e hinchas heridos”. Además, se repudió “el violento, irracional y desproporcionado actuar de Carabineros de Chile al término del partido disputado este martes 28 de enero en el Estadio Monumental, que ha terminado con un brutal asesinato a un hincha de nuestra institución”.

Francisco Martínez recibió en varias partes de su cuerpo balazos disparados al menos por un suboficial de la policía uniformada. El último impacto fue en el tórax cuando ya estaba en el piso; esa bala le causó la muerte. El joven eran malabarista y artesano callejero y el suceso se produjo en el centro de la comuna de Panguipulli en un control de identidad. Se produjo una trifulca en que Martínez tenía unos sables que usaba en su trabajo, ante lo cual el carabinero, primero, le disparó en los pies y cuando el joven se fue encima del uniformado, éste lo mató. El proceso está en curso pero el uniformado goza de libertad y cuenta con el respaldo del alto mando y del gobierno porque se afirma que actúo “en defensa propia”. El hecho volvió a causar estupor e indignación por la manera en que los uniformados están efectuando con tanta agresividad los controles de identidad y haciendo uso de sus armas de servicio con causa de muerte de civiles.

De hecho, ese caso recordó al sargento John Mograve que le disparó a dos menores de edad en un centro del Sename en Talcahuano, provocándoles a ambos heridas de bala en las piernas. El carabinero, para variar, dijo que sintió amenazada su vida y por eso disparó, cuando los jóvenes protestaron ante un “procedimiento policial”. En esa oportunidad, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó que se disparó de “manera absolutamente injustificada y desmedida” y que el suceso era “una manifestación más del horror que representa la violencia estatal ejercida por quienes que proteger a los niños, niñas y adolescentes atacándolos de manera indebida. Pedimos al gobierno que adopte medidas para que Carabineros deje de actuar de esta forma. Esto debe parar ya”.

Como se informó hace meses en ElSiglo.cl y otros medios, un episodio no vinculado a hechos represivos pero sí a gravísimos delitos, fue el femicidio cometido por el subteniente de Carabineros, Gary Valenzuela, quien, nada más y nada menos, asesinó a la carabinera Norma Vásquez. Ambos habían mantenido una relación y ella en una ocasión lo acusó de intentar violarla, lo que fue reportado y se decretó que el oficial no podía acercarse a la víctima. Pero éste lo hizo y luego la mató. Un femicidio cometido por un oficial de Carabineros. Se agregó la denuncia de la familia en cuanto a que la entidad policial nunca hizo algo concreto en relación a Valenzuela y a la carabinera Norma Vásquez. Su hermana, Mariana, declaró a la prensa que “como familia estamos concentrados, primero, en la causa penal, pero vamos a presentar una acción judicial contra la institución por su actuar negligente. A él (el subteniente) no lo dieron de baja (cuando se denunció el intento de violación y la agresión) pese a la denuncia lo separaron del servicio. La institución no le prestó ayuda (a Norma), ni siquiera le dieron días libres y el psicólogo lo tenía que pagar ella”.

Episodios en la nebulosa

Poco se volvió a hablar de Ariel Moreno Molina. Un joven que protestaba frente a una Comisaría de Carabineros en Padre Hurtado por el asesinato del barrista colocolino, Jorge Mora. Moreno recibió, en el entorno de la unidad policial, un balazo en la cabeza que le provocó la muerte. La familia y testigos responsabilizaron a funcionarios de la policía uniformada por lo sucedido y presentaron todo tipo de denuncias y acciones judiciales. La PDI investigó el hecho, pero públicamente a la fecha es poco lo que se sabe de este episodio.

Abel Acuña participaba en las manifestaciones en Plaza Dignidad y producto de los gases lacrimógenos y tener una afección cardíaca comenzó a sentirse más hasta que se desplomó en la calle. Amigos y miembros de brigadas de salud lo socorrieron; luego llegó personal médico en una ambulancia del Samu, y comenzaron maniobras para reanimarlo. Pero fueron atacados por el carro lanza agua y gases lanzados por carabineros, quienes impidieron las labores de primeros auxilios y retrasaron procedimientos vitales. Abel Acuña falleció. Se presentó una querella donde se indicó: “…las medidas de reanimación y salvamiento del equipo de salud fueron obstaculizadas por funcionarios de Carabineros de Chile, quienes procedieron a disparar perdigones, bombas lacrimógenas y chorros del carro lanza-agua de las Fuerzas Especiales no solo al personal del SAMU y Cruz Roja, sino también al propio Abel, quien en ese momento se encontraba en estado crítico en el lugar. Los actos de Carabineros de Chile impidieron de forma directa e inmediata que los funcionarios del SAMU realizaran de forma oportuna y expedita todas las maniobras de soporte vital necesarias para conservar la vida de Abel Acuña, quien finalmente falleció en el Hospital de Urgencias de Asistencia Pública”. En este caso tampoco se sabe siquiera de sanciones disciplinarias a los elementos de la policía uniformada que provocaron el deceso del joven.

Un cuadro dramático

Los episodios protagonizados por elementos de Carabineros de Chile con resultado de muerte se suman a un panorama nada sencillo respecto a la actuación de la policía uniformada que recibe cotidianamente el repudio ciudadano, el cuestionamiento y las críticas de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, las quejas desde el Parlamento y observaciones de parte de académicos y expertos. Y además los jefes policiales se enojan ante las críticas, hasta las que provienen de miembros del gobierno de derecha, como ocurrió con la ministra Karla Rubilar cuando planteó la necesidad de “refundar” la entidad policial. Ante la presión del mando policial, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), tuvo que llamar la atención a Rubilar.

De acuerdo con informes del INDH,  la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y organismos internacionales, entre 2019 y 2020, hubo más de 4 mil heridos en manifestaciones y de ellos, alrededor de 400 con trauma ocular, todo producto de disparos de bombas lacrimógenas y balines, golpizas, chorros de carros lanza agua, lanzamiento de gases desde carros policiales e implementos de gas pimienta, bastonazos, e inclusive atropellos ocasionados por vehículos de Carabineros.

En este cuadro de crímenes y ataques a civiles, el alto mando de la policía uniformada ha defendido y protegido a todos los funcionarios acusados e incluso desmintiendo los sucesos en los que después se detectó fueron montajes y mentiras ante los medios (esos oficiales nunca fueron sancionados ni requeridos por la autoridad civil). Sólo tuvieron que echar marchar atrás, ante las evidencias probatorias, en el caso de Camilo Catrillanca. En todos los demás el general director, generales y otros oficiales protegieron a los agresores e incluso solicitaron en el Parlamento que no les suspendieran el pago de sueldos y beneficios.

Los informes recabados y los reportajes en medios de prensa muestran varios casos en que los carabineros, una vez cometido el baleo o la golpiza, abandonan corriendo el lugar sin prestar auxilio a las víctimas, lo que está tipificado como delito. También es frecuente que en las golpizas actúan de manera grupal, en algunos casos de siete a quince funcionarios, para golpear a una persona. También las Fiscalías y otras instancias judiciales comprobaron la concertación y coordinación entre carabineros para alterar pruebas, mentir, fabricar testimonios, ocultar antecedentes, tergiversar los hechos.

En todos los episodios con causa de muerte a manos de funcionarios de Carabineros, en vocerías, titulares de prensa y declaraciones, se habló de que la institución estaba en tela de juicio, en el ojo del huracán, en medio de la polémica, que se llevarían a cabo todas las investigaciones y se pedirían antecedentes a Carabineros, que se debe reformar e incluso refundar a la organización policial, que hay que cambiar al alto mando, y se expresa “el dolor” por las muertes o los heridos. Pero hasta la fecha todo quedó en afirmaciones, sugerencias, denuncias, anuncios y, por desgracia, en la opinión pública no extrañaría que durante los próximos meses otro carabinero mate a otro trabajador o a otro joven.

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