Año convulso, estuvo definitivamente marcado por los efectos de la pandemia, la continuidad de la crisis social que afecta a millones de chilenas y chilenos, y la luz verde a la redacción de una nueva Constitución. La desigualdad, la incapacidad del Estado y el aumento de ingresos de los súper ricos marcó los doce meses que terminan. En lo político, destacó la instalación del alcalde de Recoleta como candidato presidencial y la continua caída del Presidente.

Equipo El Siglo. Santiago. 30/12/2020. 2020 fue sin dudas un año convulso, intenso, marcado por incertidumbres y algunas certezas como saber que más del 80% de las y los ciudadanos estuvieron de acuerdo en que el 2021 se empiece a redactar una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional integrada por personas electas en comicios de abril próximo.

Incertidumbre para millones de personas desempleadas, con disminución o ausencia de ingresos, debatiéndose entre protegerse ante el Covid-19 o salir a buscar el sustento, con una economía a la baja a pesar del aumento de ingresos en el sector privado y el ámbito de las familias multimillonarias, y un gobierno al cual se le critica “llegar tarde” y priorizar por los empresarios.

En lo político -con una agenda recargada- marcó pauta la irrupción del alcalde de Recoleta y dirigente del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, como candidato presidencial, quien en la mayoría de las encuestas marca en primer o segundo lugar de manera constante, convirtiéndose en la mejor opción para la oposición. Una instalación que va más allá de los sondeos, porque con la peculiaridad de no ser proclamado formalmente por su partido, aquello se materializó por un respaldo popular y ciudadano constatable.

En la otra vereda, más que candidaturas posicionadas o no, la derecha tuvo en el Presidente Sebastián Piñera al personaje del año, por el nivel de desgaste, de caída en los encuestas, de reproches desde distintos ámbitos de la vida nacional, la continuidad de errores no forzados y la consistencia en la crítica a la gestión gubernamental en áreas decisivas como salud, trabajo, seguridad pública y educación.

En todo caso, la disputa de proyectos-país, la confrontación entre fuerzas transformadoras y conservadoras, las dinámicas en torno de las elecciones de abril de 2021 (gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales) y discusiones legislativas como el retiro del 10% desde los fondos previsionales privados, fueron parte de un escenario político tenso, convulso, complejo y expresión de fuertes contradicciones en la sociedad chilena.

En lo social, sin dudas que la crisis sanitaria provocada por la terrible pandemia del Covid-19 tuvo un efecto demoledor en la mayoría de la población, llegando en un momento a significar la ausencia de ingresos y alimentos para decenas de miles de familias, lo que se expresó, entre otras cosas, en la expansión de Ollas Comunes y de protestas en comunas populares. Lo dramático de la situación se vio, por ejemplo, en que el gobierno, como gran cosa, se puso a repartir cajas de alimentos en una operación desordenada, signo de un país rayado por la pobreza.

El país, junto a un decrecimiento de la economía, marcó alrededor de tres millones de cesantes, a los que se suman los trabajadores arrojados al empleo informal o el auto-empleo; hubo suspensión y disminución salarial; se produjeron anomalías en derechos laborales con la extensión del teletrabajo; las mujeres trabajadoras volvieron a ser las más afectadas, marcando el mayor registro de disminución de ingresos, falencias en las licencias médicas, y despidos.

En cuanto a la pequeña o mediana empresa finalmente fue poco y enredado el apoyo que recibió de parte del gobierno y un gran número de ellas quebró o quedó al borde del abismo. Los profesionales supieron de la cesantía, el congelamiento y disminución de salarios.

Hubo datos de que la pobreza real en el país llegó al 20% en el 2020, aunque cifras más formales hablaron de un 12%.

Se puede comprender la serie de factores desconocidos o dinámicos en la llegada de una pandemia como la del Covid-19, pero al gobierno y en particular al Presidente y al Ministerio de Salud le llovieron continuos cuestionamientos por mala gestión, instalación de confusiones, medidas erráticas y contradictorias, tardanzas en decisiones como decretar cuarentenas, priorización por la actividad económica antes que el cuidado sanitario, desprolijidades e irregularidades que llegaron a los Tribunales de justicia y a acusaciones constitucionales en el Parlamento.

El movimiento social continúo activo y se evidenció apenas terminaron la extensas (y necesarias) cuarentenas con manifestaciones, protestas y marchas en distintas ciudades del país, en la Plaza de la Dignidad y con el factor nuevo de que se llevaron al corazón del poder político, el palacio presidencial de La Moneda, con la renovada exigencia de renuncia de Sebastián Piñera y de rechazo a la gestión del gobierno; miles se manifestaron en el entorno de la sede presidencial durante varias semanas.

En medio de todo, se supo del aumento considerable de la riqueza de los súper ricos del país, dado en utilidades de varios miles de millones de dólares, y de subida en ganancias de sectores como la banca, las AFP, las Isapres, y grupos financieros.

Si se tiene en cuenta aquello, junto con la subida en el nivel de pobreza y baja de ingresos de un alto porcentaje de la población, queda claro que en el año que concluye en Chile aumentó la desigualdad y no hubo variación en cuanto a que hay un pequeño sector de la población que percibe altos ingresos y un gran sector de la población que tiene bajos ingresos. En ello, gravitó el bajísimo porcentaje de aumento del salario mínimo y de los sueldos de los empleados públicos. En el sector privado, las remuneraciones fueron congeladas o disminuidas.

En líneas muy globales, la pandemia, la crisis social y las insuficiencias para atender necesidades básicas de la población, llevó a académicos, legisladores y dirigentes sociales a señalar que el 2020 se evidenció las notables fallas del modelo económico imperante en Chile y las incapacidades del Estado.

Otra realidad que dio cuenta de las condiciones de vida en el país, fue el de la vivienda. Con el hacinamiento de miles de familias y cercanos, imposibilitando el cumplimiento de cuarentenas y medidas de protección ante el Covid-19. Un aumento este año que concluye, de campamentos de los sin-casa, que se acercan a los mil en el territorio nacional.

Por cierto, durante el 2020 se agudizó el problema de violaciones a los derechos humanos, en una continuidad de lo ocurrido el 2019. Casi tres mil querellas por casos represivos, más de dos mil heridos, los 400 casos de daño ocular por acción de Carabineros, miles de denuncias de maltrato, golpizas y abuso sexual. Cientos de hechos de ese tipo fueron denunciados estos meses, con el agravante de que no avanzan los procesos judiciales en contra de agentes del Estado que cometen esos delitos. En cambio, siguen cientos de jóvenes en prisión preventiva, en cárceles y sin ser procesados, en una dramática realidad de existencia de numerosos presos políticos en Chile. Otro dato que impacta de este fin de año, es que carabineros que dejaron ciegas a personas, que efectuaron golpizas y disparos dejando heridos a menores de edad y trabajadores, están con arresto domiciliario, protegidos por el alto mando.

 

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