En un año, varios miles de personas víctimas de violaciones a los derechos humanos. El “paraguas de impunidad”. El país en un estándar deficitario. El gobierno desmiente esa realidad.

Equipo El Siglo. 10/12/2020. En los primeros meses de la revuelta social de 2019, se registraron más de 30 muertos. Organismos de derechos humanos y de la sociedad civil cifraron en más de 2 mil los heridos durante los meses que siguieron. Hubo más de 400 personas con amputación o daño ocular. Solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó 2 mil 520 querellas contra agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos (DDHH). Los casos se registraron en las 16 regiones del país, en una dramática extensión de la violencia del Estado en contra de manifestantes y ciudadanos. Las agresiones de agentes del Estado continuaron los primeros meses de 2020, se reprodujeron durante tiempos de la pandemia del nuevo coronavirus cuando hubo protestas por el hambre y la falta de apoyos del gobierno, y volvieron con notoriedad cuando a partir de octubre se reactivó la movilización social. Esto incluyó el estreno de nuevos carros lanza agua, lanza gases y vehículos represivos de Carabineros, lo que no cambió en nada en cuanto a denuncias de incumplimiento de protocolos y actitudes criminales de los uniformados. A esta altura, de acuerdo a registros de diversos organismos del Estado, universitarios e independientes, se cuentan más de 5 mil las personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos. El gobierno dice que la situación no es tan grave, se desentiende de una responsabilidad política e institucional y cuando mucho acusa a errores de Carabineros.

Informes e impactos

Es así, que el gobierno de Sebastián Piñera no llega nada bien a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. A nivel internacional y nacional, en medios de prensa del mundo y del país, en el ámbito legislativo y de derechos humanos, en el seno de universidades y espacios académicos, nadie discute un escenario negativo, sensible y complicado en esta materia en Chile.

Se registraron en el último año casos terribles y de gran impacto en la población y la comunidad internacional, como los de la trabajadora y el estudiante que quedaron ciegos por disparos efectuados por oficiales de Carabineros; el trabajador muerto en Maipú después de la golpiza que le propinó un grupo de funcionarios de la policía uniformada; el joven ecuatoriano ejecutado por disparos de un oficial del Ejército; el joven arrojado por un carabinero desde un puente al cauce del río Mapocho; los dos muchachos heridos a bala por un sargento de Carabineros, en un recinto del Servicio Nacional de Menores.

Casos definidos como “emblemáticos” y que sintetizan lo que ocurrió con miles de mujeres y hombres, jóvenes, adultos mayores, en las 16 regiones del país, en un accionar policial justificado y apoyado por Piñera y sus sucesivos Ministros del Interior.

Instancias como el INDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Amnistía Internacional (AI), Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, Human Rights Watch (HRW), entregaron informes al gobierno sobre miles de violaciones a los derechos humanos y responsabilizando en el 90% de los casos a Carabineros. Gran parte de los antecedentes y recomendaciones de todos esos organismos, hasta la fecha no son respondidos por el gobierno, específicamente por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.

Frente a esta situación, el presidente Sebastián Piñera, el canciller Andrés Allamand y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, sostienen que se trata de simples excesos, que no hay responsabilidades del gobierno, que esta situación no responde a una política de Estado sino a errores de procedimientos de Carabineros, que se tomaron las medidas del caso y que están procurando defender esos derechos.

El asunto es que sumados todos los casos de agresiones a la libertad, salud y vida de ciudadanos, son más de 5 mil las personas afectadas por actos de violencia de agentes del Estado.

Hay cuestionamientos porque pese a la masividad de episodios, apenas hay unos 70 imputados, una treintena de querellas formalizadas, unos cuantos condenados y varios policías con medidas cautelares de arresto domiciliario, en una prolongación de los procesos judiciales que apunta a un “nuevo paraguas de impunidad” en el país, como lo señaló la abogada de derechos humanos, Carmen Hertz. El capitán de Ejército que mató al joven ecuatoriano goza de absoluta impunidad y su madre, cuando se paró en una valla frente a La Moneda a exigir justicia, fue reprimida.

Un escenario complicado

En ese marco, los últimos dos jefe de Carabineros, hicieron afirmaciones como que no se cometió ningún error, no se puede pedir perdón por algo que no está resuelto por Tribunales de justicia, que las y los carabineros han defendido a las personas, además de dar el respaldo a procesados judicialmente por violaciones a los derechos humanos.

Como sea, abogados, legisladores, representantes de organismos de DDHH, víctimas y familiares, señalan que en Chile “se violan generalizada y sistemáticamente los derechos humanos” y apuntan a responsabilidades políticas del Presidente de la República, del Ministro del Interior, del general director de Carabineros y del alto mando de las Fuerzas Armadas. El ex jefe de la policía uniformada está envuelto en varios procesos judiciales, entre ellos por crímenes de lesa humanidad. Los generales de Carabineros están enfrentando el mismo tipo de imputaciones que durante la dictadura.

De tal manera que el país llega al 10 de diciembre de 2020, Día de los Derechos Humanos, en un estándar deficitario dadas las cifras, informes y reclamos del último año. Con la suma, por ejemplo, de que en Chile siguen desaparecidas más de mil personas por motivos políticos, todas víctimas de la dictadura cívico-militar. En eso no hay avance alguno.

En un informe de este año, Amnistía Internacional estableció que “agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019”. El organismo apuntó que los policías “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones”.

Sólo en el detalle del INDH en un informe de hace un par de meses, se anotó que en Chile en el último año, al menos hubo denuncias por 460 casos de torturas, 5 por homicidio, 35 por homicidio frustrado y uno por violencia innecesaria con resultado de muerte.

De acuerdo con el Ministerio Público, a enero de 2020, es decir, a tres meses de las manifestaciones sociales y ciudadanas en Chile, se investigaron 31 muertes y 5 mil 558 acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Se registraron 4 mil 525 agresiones a hombres y mil 31 a mujeres. 4 mil ciudadanos acusaron de los actos de violencia a personal de Carabineros. Las cifras del INDH, hablan de 3 mil 23 ciudadanos a quienes se les violaron los DDHH.

Muchas instituciones alertaron del uso de perdigones, balines, gas pimienta, agua contaminada, armas de fuego, bastones antidisturbios, golpizas, “tocaciones secxuales” e insultos de parte de funcionarias y funcionarios de Carabineros. Además de los casos comprobados de policías infiltrados en movimientos sociales y vecinales, alentando a realizar disturbios y actos de provocación y violentos.

Algo que llama la atención, es que en este contexto de grave situación de DDHH, con miles de heridos y de querellas, no existe vocería ni gestión alguna de la Subsecretaría de Derechos Humanos, salvo las que hizo la titular de esa dependencia, Lorena Recabarren, que salió a defender al gobierno y prometer que se respondería a los informes de organismos nacionales e internacionales, algo que hasta la fecha Recabarren no hace. 

No hay trámite, declaración o disposición conocida desde la Subsecretaría de DDHH del gobierno de Sebastián Piñera en relación a las terribles cifras por agresiones y crímenes de agentes del Estado y el tema lo asumen otros funcionarios, como ocurrió con el Canciller Allamand. La Subsecretaría de DDHH es una especie de fantasma y sería una sorpresa que saliera este 10 de diciembre con alguna postura o vocería.

Una realidad que golpea y que se expresará en movilizaciones y actos este jueves 10 de diciembre, es la cientos de jóvenes y menores de edad que siguen en varias cárceles, en calidad de prisión preventiva, detenidos durante disturbios de la protesta social y ciudadana iniciada en octubre de 2019.

 

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